Foto: Leonardo Vincenti / La Capital.
Arena (ministra de Gobierno) será anfitriona, junto al fiscal Weder, de los diputados provinciales de distintos bloques.
Tras la renuncia de al menos nueve jurados, a la par de otros factores que potencian una fuerte turbulencia institucional en Santa Fe, oficialismo y oposición se reunirán el martes próximo en la Casa Gris para analizar la continuidad y transparencia del proceso de selección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP).
El martes, a las 17, la ministra de Gobierno santafesina, Celia Arena, y el fiscal de Estado provincial, Rubén Weder, recibirán a los jefes de bloque de la Cámara baja para evaluar los pasos a seguir con el controvertido procedimiento.
Si bien en los pasillos de Legislatura algunas voces opositoras aludieron días atrás a un freno al concurso, en el oficialismo ratificaron que el proceso no vería alterado su curso.
“Todas las acciones y pasos se desarrollan con normalidad. No existe ninguna situación no contemplada legalmente y, por lo tanto, cada una de ellas con la forma de proceder establecidas con anterioridad, principio básico del Estado de derecho”, aseveró Arena una semana atrás, al reafirmar el procedimiento,
“Esperamos que den certezas del proceso, que viene realmente muy mal”, deslizaron ayer a La Capital entre las filas de socialismo, mientras que algunos radicales plantearían volver a constituir el jurado por completo.
El llamado del Ejecutivo quedó definido el 8 de octubre, luego de la presencia del secretario de Gobierno provincial, Oscar Urruty, en la reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara baja santafesina.
Unas tratativas que, además de alumbrar el cónclave del martes, permitió desactivar una eventual citación a Diputados de la titular de Gobierno y del fiscal de Estado.
Desde ese día, y al menos hasta el martes, el concurso para elegir autoridades superiores del MPA no emitirá ningún acto administrativo nuevo.
En la previa del cónclave en la Cámara baja, Arsenio Domínguez, representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, había confirmado su dimisión al cuerpo de jurados del concurso. “Renuncié por motivos personales”, le dijo a este diario.
Domínguez integraba el jurado titular para designar al próximo fiscal general y los cinco fiscales regionales y quedó cuestionado cuando salió a la luz que utilizaba como domicilio legal en la ciudad de Santa Fe el estudio del secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia.
Previamente, vía decreto, el gobernador Omar Perotti había desplazado a Somaglia del concurso para los próximos cargos superiores del MPA.
Es que la voz del funcionario quedó registrada en unos audios que integrarían la evidencia de la causa que tiene bajo la lupa al ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal.
Mientras que en la Gobernación ratificaban la continuidad de Somaglia en el cargo, el secretario de Justicia fue denunciado ante la Fiscalía Regional Nº 1 (capital provincial) por “tráfico de influencias, espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La presentación corrió por cuenta del constitucionalista Domingo Rondina.
Por entonces, en la administración de Perotti reiteraron que la fase de estudio de postulantes al MPA y a la Defensa Penal seguía su curso porque estaban definidos los miembros suplentes del cuerpo evaluador del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
En el jurado titular para el MPA ya habían renunciado los jueces federales Alejandro Slokar y Ana María Figueroa y la magistrada penal Sandra Valenti.
En el jurado para defensores dimitieron como titulares las magistradas federales Angela Ledesma y Marta Feijoo y declinaron su participación como suplentes el abogado Danilo Kilibarda y la presidenta de la Cámara Federal de Rosario, Elida Vidal.
Asimismo, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sergio García Ramírez no había respondido hasta ese momento a la convocatoria.
Al respecto, Arena puntualizó: “Quienes debemos conducir el proceso, brindarle celeridad y transparencia, estamos resolviendo las excusaciones, recusaciones y renuncias a través de actos administrativos debidamente fundados luego de sustanciar cada situación”.
En ese contexto, reiteró que las entrevistas a los candidatos tendrán carácter público y serán difundidas en plataformas digitales y convencionales. Y concluyó: “Escuchamos, y seguiremos escuchando, a todos y todas en sus aportes constructivos”.
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