El juez federal Sebastián Casanello pidió conocer detalles de la investigación que en Uruguay se sigue contra el empresario Lázaro Báez y sus empresas, a la par que se quejó de la “reticencia internacional en colaborar” con su causa por presunto lavado de dinero.
El pedido a Uruguay es a raíz de que ese país solicitó vía exhorto información sobre Báez y sus empresas, pero antes de concederla el fiscal Guillermo Marijuan reclamó al juzgado oriental que aporte detalles acerca de qué investiga y cuál es el estado de la causa.
La jueza Adriana de los Santos tiene a su cargo la pesquisa de las presuntas maniobras de lavado de dinero a raíz de operaciones sospechosas por movimientos de dinero que detectó el Banco Central del Uruguay (BCU). En esa investigación tienen en la mira al empresario Báez, a Federico Elaskar, de la financiera SGI (más conocida como La Rosadita); a Fabián Rossi, pareja de la vedette Iliana Calabró, y a varias empresas.
Se trata de un giro que una sociedad anónima envió desde Uruguay por 16,5 millones de dólares a una cuenta bancaria radicada en el principado de Liechtenstein, y la cual está vinculada a Báez.
La investigación en Uruguay es a partir de la compra del campo El Entrevero por parte del contador de Báez, Daniel Pérez Gadín, y por 14 millones de dólares.
Ante el pedido de información que hizo la Justicia uruguaya, Casanello compartió el criterio del fiscal Marijuan y pidió conocer qué se investiga en ese país y cuál es el estado del expediente.
Por otra parte, Casanello advirtió que su investigación encontró obstáculos en Suiza y Panamá, donde se estudian aparentes movimientos de dinero del empresario, y denunció la “reticencia internacional en colaborar” en la causa, en el marco de la cual busca datos sobre sociedades y cuentas.
“La negativa tanto de la república panameña como anteriormente de la Confederación Suiza se concentró en exigir mayores requisitos de aquellos previstos en la normativa que corresponde a asistencia internacional. Corresponde insistir en la solicitud internacional”, advirtió el juez en una resolución.
En cuanto a la información requerida a Panamá y Suiza, el juez explicó que le respondieron con evasivas, argumentando que se trataba de “medidas de coerción”, por lo que replicó: “Medidas de coerción son los secuestros de bienes, los registros domiciliarios, la intervención de correspondencia o de las comunicaciones, pero no los pedidos de informes. La actitud de estos Estados frente a nuestros pedidos de cooperación dificulta el avance de la pesquisa”.
En paralelo, Casanello reiteró pedido de información a su par del juzgado de Bahía Blanca para profundizar en el presunto nexo entre Leonardo Fariña y Juan Suris, este último detenido por ser el presunto líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y por proveer facturas truchas.
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