El gobierno nacional eligió para dirigir la delegación local de la Unidad de Información Financiera (UIF) al abogado Juan Francisco Lafontana, especializado en derecho penal económico, que actuará en dos frentes contra el lavado de activos.
El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, eligió para el cargo al abogado Juan Francisco Lafontana, especializado en derecho penal económico
Por Mariano D'Arrigo
Foto: gentileza estudio Araya Maderna Ilharrescondo
Juan Francisco Lafontana, abogado especializado en derecho penal económico, tendrá a su cargo la UIF Rosario, dedicada a perseguir el lavado de activos.
El gobierno nacional eligió para dirigir la delegación local de la Unidad de Información Financiera (UIF) al abogado Juan Francisco Lafontana, especializado en derecho penal económico, que actuará en dos frentes contra el lavado de activos.
Desde la UIF señalan que Lafontana llegó a la UIF Rosario por la vía académica.
Graduado en la UNR, el nuevo responsable de investigar el lavado de activos en la ciudad realizó un posgrado en la Universidad Austral. Allí conoció al actual titular de la UIF, Ignacio Yacobucci, y a su vicepresidente, Manuel Tessio.
En el mundo judicial local surgieron ruidos porque Lafontana fue abogado asociado entre 2017 y 2022 al estudio Araya Maderna Ilharrescondo. El penalista Jorge Ilharrescondo representó junto al actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al empresario Sergio Taselli, imputado por contaminación ambiental causada por Petroquímica Capitán Bermúdez.
Desde el entorno de Lafontana aseguran que “es un profesional técnico y académico intachable”. “Conoce en profundidad sobre lavado de activos y no tiene compromisos de ningún tipo”, agregan cerca del profesional, que se desempeñó entre 2015 y 2016 como pasante en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y Complejos de Rosario.
Fuentes de la UIF, que está bajo la órbita de Justicia, destacan que las directivas parten desde Buenos Aires. Y que la sede local no tiene autonomía para decidir líneas de investigación.
La UIF tiene dos áreas de intervención en la lucha contra el lavado de activos. Una abarca las supervisiones. Por la ley de lavado, actores privados vinculados a operaciones sensibles —como bancos, aseguradoras, concesionarias, inmobiliarias— están obligados a controlar y dar aviso a la agencia a través de los llamados reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Ese es el caso, por ejemplo, si un corredor inmobiliario participa de una operación donde un monotributista categoría A pretende comprar un campo por 200 mil dólares.
En función de esto, la UIF elabora matrices de riesgo y pautas de control para comprobar que el dinero no provenga de actividades ilícitas. También establece planes anuales y objetivos mensuales, que le delegación local debe cumplir.
El otro frente es el judicial. La UIF tiene entre sus funciones presentarse como parte querellante en causas penales patrimoniales y que vuelvan al Estado bienes decomisados a quienes lavan activos.
Por la centralidad que adquirió la ciudad en la trama del delito la UIF Rosario es clave en el esquema de la gestión Milei. “La idea es ponerle mucha energía a Rosario y profundizar las supervisiones de operaciones sospechosas”, señalan desde el gobierno.
Desde la oficina local destacan que el Código Procesal Penal, que entrará en vigencia en la Justicia federal rosarina el 6 de mayo, busca dinamizar las investigaciones y acortar los tiempos procesales.
La agencia Centro, que incluye también a Córdoba, es la tercera dependencia regional de la UIF. La primera fue la Norte, que abarca Salta y Jujuy, y luego se creó la Litoral, que tiene en su radar a Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
Desde la administración Milei sostienen que no se necesitan nuevas herramientas legales. “La UIF está diseñada para funcionar bien. Esta gestión quiere que sea un organismo efectivo, que auxilie a la Justicia y trabaje mucho con la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”, aseguran.
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Otro elemento que levantó polvareda tras el nombramiento de Lafontana —que todavía no fue designado formalmente en el cargo— es que el futuro titular de la UIF Rosario defendió en la Justicia al exdiputado provincial Darío Scataglini, imputado por los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en la causa por juego clandestino que generó un terremoto político-institucional en la provincia.
La defensa integrada por Lafontana y el penalista Daniel Terani planteó en sucesivas instancias judiciales que los fiscales tuvieron desde el comienzo a Scataglini como sospechoso y utilizaron su testimonial como testigo para después imputarlo y avanzar el caso. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe mandó a revisar la imputación.
“En el ámbito judicial nadie planteó objeciones a Lafontana. Habrá algún sector que no querrá que tome el cargo, ya sea para que no se investigue o para que se investigue a otra gente”, deslizan allegados al funcionario.
El propio Colegio de Abogados de Rosario salió a posicionarse. Un día después que Cúneo Libarona nombró a Lafontana y aparecieron los primeros cuestionamientos, la entidad manifestó a través de un comunicado “su apoyo a todos los profesionales de la matrícula que asumen el desafío y responsabilidad de gestionar en cargos públicos. Siempre es grato constatar que el ejercicio probo y digno de la profesión, es una auténtica calificación de idoneidad ciudadana para acceder a los cargos públicos”.
“Nunca puede ser un motivo de censura para tan noble aspiración la actuación de los abogados/as quienes, como auxiliares principales de la administración de justicia, guardan celosamente su independencia hacia los clientes, hacia los poderes públicos y, especialmente, hacia los magistrados”, expresó el Colegio de Abogados.
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