El Senado y la Cámara baja santafesina sesionarán en forma conjunta el jueves próximo para tratar el dictamen que promueve la destitución del detenido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco.

Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
Habrá sesión conjunta para debatir el caso del fiscal de Venado Tuerto.
El Senado y la Cámara baja santafesina sesionarán en forma conjunta el jueves próximo para tratar el dictamen que promueve la destitución del detenido fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco.
Por unanimidad, la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe emitió el miércoles pasado un dictamen por la remoción de Blanco, quien acaba de purgar una suspensión de seis meses en sus funciones.
Como la suspensión impuesta a Blanco el 22 de octubre de 2020 (por aparecer ligado a un comercializador de drogas venadense) caducó, y a raíz de su complicado frente judicial, la bicameral de Acuerdos volvió a expedirse para promover la remoción, la pena más dura.
Blanco fue acusado el lunes de nueve delitos por el fiscal Leandro Mai (Reconquista) luego de haber sido detenido días atrás por una causa por cohecho. Y el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Adrián Godoy ordenó prisión preventiva domiciliaria sin plazo.
Aunque, de los nueve delitos imputados, el magistrado encontró elementos suficientes sólo en cuatro: enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo agravado en un caso de estafas, incumplimiento de deberes de funcionario público y revelación de información secreta.
Una vez firmado el decreto de la convocatoria por parte de la titular del Senado, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, ambas Cámaras deliberarán (en formato mixto: presencial y virtual) el jueves al mediodía para tratar el dictamen emitido por la comisión que preside el diputado provincial frentista Fabián Bastía.
Para la sesión se necesita el quórum de ambas Cámaras por separado. Es decir: al menos once senadores y 27 diputados.
En ese contexto, la bicameral de Acuerdos nombró como legislador acusador al senador provincial del PJ Joaquín Gramajo.
El caso también coincide con una puja por el mecanismo de control legislativo a los fiscales, que está a la espera de una resolución de la Corte Suprema.


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