Pullaro acelera y enfrenta la resistencia de sindicatos y jueces. Coincidencias y diferencias con Milei y la apuesta por un ajuste con respaldo popular. Ruidos y acuerdos con el PS. El PJ juega a un error no forzado del gobernador
Por Mariano D'Arrigo
Foto: gobierno de Santa Fe
La reforma previsional, una batalla clave para el gobernador Maximiliano Pullaro.
La política no escapa a las reglas de la física: a una acción le sigue una reacción. Con el avance de la reforma previsional que impulsa Maximiliano Pullaro, y que entra en su tramo final, se aceleran los movimientos defensivos de un heterogéneo grupo de adversarios, que incluye sindicatos, opositores y jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Tras un comienzo de mandato monopolizado por la seguridad, el gobernador lanzó una serie de iniciativas que, en sus términos, apuntan a la austeridad, a reconstruir el orden dentro y fuera del Estado y a romper un statu quo disfuncional, protegido por corporaciones atrincheradas en el sector público.
En ese sentido, la reforma previsional tiene el objetivo económico claro de rellenar el agujero creciente en la caja de jubilaciones pero también una dimensión política. Implica confrontar con actores a los que el gobierno suele presentar como símbolos de un régimen decadente y construir una nueva arquitectura estatal, sobre nuevos pilares.
“Entramos en una etapa distinta, en la fase de ejecución. Pero no empezamos de cero. Para llegar a este punto hubo mucho desarrollo, diseño y búsqueda de acuerdos para que las reformas se puedan concretar. En algunas cosas cedimos y en otras no, es un proceso natural”, dice uno de los hombres más cercanos al gobernador, que habla seguido con dos exgobernadores y actualmente diputados provinciales: Omar Perotti y Antonio Bonfatti.
En mayor o menor medida, los sistemas previsionales están detonados en todo el mundo, por el aumento de la expectativa de vida y el cambio tecnológico. En la Argentina se suma el avance de la informalidad laboral en un mundo del trabajo cada vez más latinoamericanizado y en el caso de Santa Fe se agrega un factor de estrés a las cuentas públicas: la decisión de Javier Milei de suspender los pagos a cuenta del déficit de la caja provincial.
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Sin embargo, una cosa es el diagnóstico y otra entrar al quirófano, aunque no sea para aplicar cirugía mayor. En diciembre de 2017 el cambio de la fórmula previsional fue el comienzo del fin del gobierno de Mauricio Macri, que parecía sentar las bases de una hegemonía amarilla. Ahora, el proyecto votado por toda la oposición para recomponer las jubilaciones y vetado este viernes por Milei expone al presidente a pagar un costo político alto. Tarea extra para el debilitado estratega Santiago Caputo.
En la sala de situación de la Casa Gris interpretan que el gobierno está bien plantado en la disputa comunicacional. “El gobierno pegó bien el eje de entrada, estamos imponiendo el sentido común”, consideran.
En este trabajo de unificación de la línea puertas adentro de la coalición y ante la opinión pública tiene un rol clave el secretario de Comunicación de la provincia, Luis Persello. Amigo y compañero de Pullaro desde sus tiempos de estudiantes de ciencia política en la UNR, el jefe de campaña en las elecciones del año pasado se reunió al menos cinco veces con los bloques legislativos de Unidos para que todos estuvieran en la misma frecuencia.
En el gobierno ven desconcertados a quienes se oponen a la reforma, como sectores opositores y sindicatos, y para criticar a Pullaro lo presentan como una versión santafesina de Milei. “Se equivocan dos veces. El primer error es que la gente tiene una mirada positiva de los ajustes, reducir el déficit fiscal garpa. El segundo es que si Milei hubiera estado en nuestro lugar hubiera transferido la caja a la Anses. Estamos muy lejos de eso y planteamos una reforma progresiva. Si creés que enfrente tenés a la derecha ajustadora esta es una reforma soñada”, retrucan desde la Gobernación.
El dispositivo comunicacional del gobierno mostró ruidos en el pulido final del proyecto. El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, publicó el martes una serie de tuits fuertes que apuntaban al socialismo. Sin mencionar explícitamente al PS, el exconcejal rosarino planteaba que era contradictorio levantar la bandera de la igualdad de género y negarse a equiparar la edad de jubilación de varones y mujeres.
El experto le ganó la pulseada interior al funcionario político y tensionó la negociación con la bancada que controla 14 de los 28 votos de Unidos en Diputados. Después de una serie de llamados, Boasso borró sus posteos. “Jorge es un especialista, sabe que para achicar el déficit además del aumento de los aportes es clave la cuestión de la edad”, dicen desde la mesa chica del gobierno.
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En Unidos creen que si las relaciones de fuerza al interior de la coalición hubieran sido diferentes, el proyecto de reforma habría sido más motosierra que bisturí. “En gran parte de la reforma está la lapicera del socialismo. Si el pullarismo hubiera tenido veinte votos propios hubiera impulsado otra ley, más enfocada en las arcas provinciales. Se priorizó lo político sobre el impacto económico”, analiza un armador de la alianza, donde radicales y socialistas imponen la dirección y la velocidad del espacio.
Por lo pronto, entre el miércoles y el jueves Pullaro y los principales referentes del socialismo apagaron los incipientes focos de conflicto y acordaron una hoja de ruta común. La reforma previsional es una parada de un recorrido de negociaciones que tiene como última estación a la reforma constitucional. “Hay una forma de funcionamiento Legislatura-Ejecutivo a la que le vamos encontrando la vuelta”, aseguran desde el PS.
En la cúpula socialista estaban incómodos con el trámite para designar a los jueces de la Cámara de Ejecución penal. Un tribunal estratégico para la política de seguridad del gobierno, que tiene como uno de sus pilares manejar las cárceles con puño de hierro. “Es nuestro bebé”, dice un pullarista paladar negro.
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Sin los votos en la comisión de Acuerdos para aprobar los pliegos de Valeria Haurigot y Horacio Pueyrredón, que habían sido reprobados en la primera parte del concurso, Pullaro y la primera plana socialista acordaron postergar para el próximo jueves la Asamblea Legislativa. Allí el oficialismo irá por la designación como jueces de dos fiscales y un defensor, una movida que genera malestar entre los magistrados.
En realidad, se trata de sólo un punto de una larga lista de reclamos de jueces y funcionarios contra la Casa Gris -entre los que se incluye la reforma previsional, pero también las vacantes en la Justicia y el presupuesto- y que los llevó a protagonizar este viernes una inédita protesta en la puerta de los tribunales provinciales en Rosario.
El pullarismo condimentó la previa. "Cruje la casta. Dejan el palo de golf por primera vez para venir a Rosario a protestar", fue el mensaje que hicieron circular por WhatsApp.
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Con sueldos millonarios en los peldaños superiores de la Justicia en un contexto de salarios deprimidos, en el gobierno están convencidos de que jueces y fiscales están desarmados en el frente comunicacional.
De manera curiosa, el cambio de funcionamiento de la caja jubilatoria podría alentar una alianza táctica, e incluso implícita, entre la familia judicial con los gremios más duros que quieren resguardar sus intereses. De todos modos, no está claro cómo reaccionaría el gobierno si la reforma previsional encuentra un freno ya no en la Legislatura sino en la Justicia.
Una vez que se apruebe la reforma, se abre un plazo de seis meses para que las personas que iniciaron el trámite firmen el cese de servicios y se jubilen con el sistema actual. Vencido ese lapso, deben empezar de cero el expediente y se retirarán con el nuevo sistema.
Es un factor clave para la Corte Suprema, donde el Ejecutivo pretende renovar a cinco de sus seis integrantes, que ya superaron la edad máxima. “Hay que ver si eligen la plata o el poder”, atiza un ministro.
En medio del vértigo, pasó casi desapercibida la semana pasada la renuncia de María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario. Tras ocupar el cargo de manera interina, fue ratificada por los senadores y los diputados pero no pudo gobernar una estructura que nunca pudo recomponerse del escándalo de la causa del juego clandestino y atravesada por disputas entre fiscales. Ahora el interventor Matías Merlo deberá conducir a toda la regional más pesada del Ministerio Público de la Acusación, con las directivas que baje la fiscal general, María Cecilia Vranicich. “Pensar que algunos nos cuestionaban la decisión de empoderar a la Fiscalía General, el MPA necesita verticalidad”, plantea una espada legislativa de Unidos.
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El repaso de la escena política muestra a Pullaro y a sus ministros con varios frentes abiertos, donde se enfrentan a actores resilientes. Los gobiernos pasan, sus intereses permanecen.
En el gobierno están seguros de que pueden dar las peleas en simultáneo y la variable crítica es el tiempo. “Lo dijo Maxi en la Bolsa de Comercio: tiene poco más de 1.400 días para ser gobernador. Si te dan las dos Cámaras la sociedad te está diciendo que avances con las reformas. Transformar, con justicia y racionalidad”, argumentan desde la Casa Gris.
La cuestión previsional excede las fronteras de Santa Fe y tiene una escala nacional. Fue uno de los puntos que trató Pullaro con dos gobernadores ascendentes del PRO: el chubutense Ignacio Torres y el entrerriano Rogelio Frigerio.
A los tres les sirve el eje federal para criticar a Milei, que todavía no encuentra un esquema de gobernanza. Se negó a formar una nueva coalición con los restos de las viejas coaliciones, exploró la vía neoperonista e incluso coqueteó con una variante putinista, al decir del politólogo Pablo Touzon, con el empoderamiento del aparato de inteligencia.
En esa búsqueda de un dispositivo político más sólido mientras sus bloques legislativos se derriten, Milei se reunió con el PRO pero no avanzaron en el armado de un interbloque. Al salir, Milei vetó la ley con la fórmula jubilatoria que votó la oposición con amplias mayorías. Aunque no es lo mismo la fortaleza que la rigidez.
Cuando miran a Casa Rosada desde Santa Fe observan los mismos problemas que dirigentes de tribus tan diferentes como el PRO, el bloque de Miguel Pichetto y el entorno de Axel Kicillof.
“Es un gobierno con pocos funcionarios y con poco poder de decisión. En temas como medicamentos oncológicos, vivienda, desarrollo social, transporte e hidrovía se fueron. El día a día de la gestión es muy malo”, advierten desde el Ejecutivo provincial.
Sin números para torcer ninguna votación, el peronismo apuesta al error no forzado de Pullaro. Una falla de cálculo que resquebraje la hegemonía naciente de Unidos. “Se quieren llevar todo por delante, pero algo va a pasar, en algún momento va a chorrear. Es una cagada, porque Pullaro es un laburante, pero se quiere comer los chicos crudos, y en algún momento se va a atragantar”, pronostica un legislador del PJ.
En un peronismo disperso, los intendentes y los jefes comunales buscan armar un polo de poder interno, al que se arrimaron senadores y los Camioneros de Sergio Aladio. Este viernes el ministro de Infraestructura de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó en Rosario de un encuentro del espacio Vamos. Allí trazaron una lectura cruda del peronismo. Según reconocieron, el justicialismo “está trabado”, atraviesa un período de fin de ciclo y de descalce entre representantes y representados. “Es tiempo de que empiecen a tomar la palabra los que ganaron y sin pedirle permiso a nadie”, plantearon.
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