¿Fue la muerte del coronel Argentino Del Valle Larrabure, ocurrida en Rosario tras ser secuestrado por un grupo guerrillero de la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María, un delito de lesa humanidad? ¿Es posible llamar a indagatoria a Juan Arnold Kremer, ex número dos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), como autor mediato de ese ilícito, a casi 44 años del hecho? Sobre esas dos preguntas giró ayer una primera audiencia celebrada en la Cámara Federal de Rosario, que deberá en definitiva responder en uno u otro sentido. En una atmósfera política y emocional de espesor notorio la querella que representa a la familia del militar argumentó sobre por qué el caso cerrado por un juez federal debe ser reabierto. La defensa del implicado, por el contrario, señaló que los actos de violencia terrorista, sin dejar en ocasiones de ser hechos criminales, no son casos de lesa humanidad, que es lo único que convierte a un delito en imprescriptible.
A nadie se le escapó ayer que la definición de este debate, que el tribunal pronunciará en algo más de un mes, tiene una trascendencia política e histórica que impacta en todo el país. Una resolución en favor del reclamo de los querellantes implicaría abrir una puerta para que los actos de violencia de organizaciones insurgentes queden en condiciones de ser juzgados. Algo que hoy es imposible porque la doctrina jurídica imperante señala que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser cometidos por el aparato del Estado o con la anuencia del Estado. Lo que está formalizado para este mismo caso en una instrucción vigente del ex procurador Esteban Righi.
Desde las 8.30 en las puertas del edificio de Entre Ríos 435 se fueron concentrando adherentes al planteo acusatorio con carteles que decían "Todos somos Larrabure" por un lado y militantes de organismos de derechos humanos por otro, separados por un cordón policial, con momentos de tensión que no escalaron de algunos insultos. A las 9.15 se inició la audiencia frente a los seis camaristas que debieron reunirse en pleno por exigencia de la gravedad del tema en debate: Edgardo Bello, Elena Vidal, Aníbal Pineda, José Toledo, Fernando Barbará y Jorge Gallino.
La historia del caso Larrabure volvió a repasarse en la audiencia. Este militar fue secuestrado durante el copamiento de una brigada del ERP de la Fábrica Militar de Villa María y retenido en una vivienda de Gálvez al 3200 en Rosario, donde fue encontrado muerto a 372 días de su cautiverio. ¿Fue un asesinato? Desde el ERP siempre alegaron que Larrabure se quitó la vida por ahorcamiento. Ayer la querella señaló que tres miembros del cuerpo forense de la Corte Suprema indicaron que tenía 3,45 gramos de alcohol en sangre según la autopsia, lo que implica incapacidad de llevar a cabo un suicidio, y que fue estrangulado. No hay pronunciamiento concluyente, a nivel judicial, que salde la discusión.
Al trámite de ayer se llegó luego de que el juez federal Marcelo Bailaque rechazara la instrucción del secuestro seguido de muerte de Larrabure por considerarlo prescripto. Frente a un planteo de la querella, el fiscal general de Rosario Claudio Palacín apeló la medida de Bailaque y logró en 2008 que la Cámara debatiera si se trata de un delito de lesa humanidad. A raíz de esto el procurador Righi dictaminó que no lo era, lo que implicó que sus fiscales inferiores no pudieran contradecir el criterio. Por esa razón Palacín, pese a seguir en su cargo, no estuvo presente para refrendar su planteo de hace diez años.
La posición de la familia Larrabure fue sostenida por el abogado santafesino Javier Vigo Leguizamón durante más de una hora. El corazón de su alegato pasó por decir que el hecho en cuestión fue un delito de lesa humanidad porque el Estado no fue ajeno a su preparación. Recordó que el 11 de agosto de 1974, cuando se produjo el secuestro, gobernaba María Estela Martínez de Perón. Adujo que el ERP fue apoyado en su entrenamiento por el Estado cubano y por el Estado chileno durante el gobierno de Salvador Allende. Afirmó que en Argentina dirigentes políticos que ocupaban posiciones tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo respondían a distintas facciones de la guerrilla. Mencionó entre estos a los gobernadores Bidegain (Buenos Aires), Obregón Cano (Córdoba), Ragone (Salta) y Vaca Narvaja (Mendoza). "La impunidad del terrorismo guerrillero fue de Estado", dijo Vigo.
También afirmó que Bailaque, al cerrar el caso, desconoció la Convención de Ginebra de 1949, que establece que en ninguna circunstancia puede atentarse contra personas detenidas, asesinarlas o someterlas a tortura. Y que Larrabure estuvo cautivo en condiciones infrahumanas, lo que se equipara a tortura. Este tratado, afirmó el querellante, está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que Bailaque desestimó el Derecho Internacional Humanitario.
Hacia el final de su exposición pidió que se llame a indagatoria a Kremer, hoy de 76 años, a quien vinculó con el secuestro de Larrabure refiriendo a pasajes de libros o entrevistas en las que admite haber participado del hecho. Estaba acompañado en la sala por familiares de víctimas del accionar de la guerrilla de los 70 a los que fue mencionando. "Estos grupos cometieron ataques masivos y sistemáticos contra la población civil: mataron empresarios, sindicalistas y policías. Pido la revisión de este caso para que la decisión de juzgar se reconcilie a la patria, juzgando a todos. Consideremos sagrado el valor de todas las vidas".
Kremer no estuvo presente en la audiencia porque no hubo hasta ahora decisión de imputarle un delito que hoy se considera prescripto. Gabriel Ganón, defensor de Kremer, apuntó a eso al iniciar su alegato. Lo primero que marcó fue la silla vacía del fiscal general Palacín, que no estaba allí en virtud de la directiva 158 del procurador Righi. "Esta notoria ausencia de la acusación pública demuestra que está vigente el criterio jurídico que descarta lo que propone la querella".
Ganón desplegó en varios ejes los motivos por los cuales este es un hecho de imposible juzgamiento en el orden jurídico vigente. Adujo en principio que el copamiento de la Fábrica Militar de Villa María es un hecho que ya fue juzgado en Bell Ville en 1994 con personas que resultaron condenadas. En el marco de este trámite quedó subsumido, dijo Ganón, el incidente del secuestro de Larrabure. Fiscal y juez tenían todas las herramientas legales para investigar a los responsables de los hechos
