La Legislatura santafesina suspendió este jueves al fiscal Matías Edery por cuatro meses y sin goce de sueldo, señalado por mantener una relación impropia con una mujer vinculada a la banda de Los Monos.
Diputados y senadores provinciales señalan al funcionario judicial por mantener una relación impropia con una informante ligada a Los Monos
Foto: LA CAPITAL/Celina Mutti Lovera
El fiscal Matías Edery, suspendido por la Legislatura y con una investigación penal en su contra en la Justicia.
La Legislatura santafesina suspendió este jueves al fiscal Matías Edery por cuatro meses y sin goce de sueldo, señalado por mantener una relación impropia con una mujer vinculada a la banda de Los Monos.
De esta forma, los senadores y diputados reunidos en sesión conjunta avalaron el dictamen que emitió a fines de marzo la comisión bicameral de Acuerdos.
Dado el consenso al que habían llegado los legisladores en Acuerdos, la votación se realizó por signos. Es decir a mano alzada.
El órgano legislativo había solicitado que Edery sea suspendido durante cuatro meses por un vínculo irregular con Mariana Ortigala, una informante del fiscal inicialmente vinculada a la banda de Esteban Alvarado y que luego pasó a la órbita del grupo ligado a la familia Cantero.
Antes, la Asamblea Legislativa había suspendido al integrante de la Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras durara el proceso disciplinario en su contra.
Los diputados y senadores también le habían reducido el sueldo a la mitad y le habían prohibido ingresar a cualquier dependencia del MPA.
La suspensión por 120 días empieza a correr desde este jueves, la fecha en que la Legislatura confirmó la sanción. Es decir, que Edery recién podrá reincorporarse al MPA a mediados de agosto.
El trámite disciplinario se desarrolló en la Legislatura porque el auditor del MPA, Leandro Mai, consideró que las conductas de Edery podían configurar una “falta grave”.
El titular de Acuerdos, el senador Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), defendió la actuación de la comisión: "A pesar de los embates qeu hemos tenido por las leyes 13.013 y 13.014 (que establecen la organización y el régimen disciplinario del MPA y el servicio de la la defensa penal) y que la Corte declaró constitucionales, la comisión estuvo a la altura de las circunstancias".
"Hemos tratado de preservar la insticionalidad", indicó Gramajo, que elogió a su antecesora en la presidencia de Acuerdos, la diputada socialista Lionella Cattalini.
Convocado por la comisión de Acuerdos, Edery negó que haya canjeado información por protección con su informante.“No hubo en absoluto un pacto de impunidad con Ortigala”, aseguró el fiscal, denunciado en septiembre de 2023 por sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno.
“Todos saben de mi trabajo. Hemos detenido a todos los cabecillas de las organizaciones criminales. Lo único que hice es intentar investigar, construir una provincia mejor”, sostuvo Edery, protagonista junto al fiscal Luis Schiappa Pietra de los procesos judiciales por los que detuvieron a los líderes de las principales bandas que actúan en la ciudad.
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En paralelo al proceso disciplinario que se inició sobre Edery, y sobre el que se expidió la Legislatura, la Justicia provincial avanzó en una causa por encubrimiento agravado, omisión de investigar, violación de medios de prueba y prevaricato. La pesquisa la llevan adelante los fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, de Santa Fe.
Las denuncias que pusieron a Edery en el ojo de la tormenta profundizaron la crisis en la regional Rosario del MPA, que nunca terminó de recomponerse tras el escándalo que desató la causa por juego clandestino y que terminó con la salida del exfiscal regional Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad.
Dotada de mayores herramientas institucionales tras la reforma del MPA que votó la Legislatura, el 19 de marzo la fiscal general María Cecilia Vranicich intervino la fiscalía rosarina.
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Vranicich desplazó a la titular del MPA Rosario, María Eugenia Iribarren, señalada de favorecer a Edery y fragmentar las unidades de trabajo, y puso al frente al fiscal regional de Venado Tuerto, Matías Merlo, al que le dio la tarea la tarea de reordenar la regional.
Por Florencia O’Keeffe
Por Facundo Borrego