La Corte Suprema desmintió al gobierno provincial en la discusión de los retroactivos

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe salió a desmentir al gobierno provincial, que había responsabilizado a la cúpula del Poder Judicial por el no pago de los retroactivos salariales de los empleados de la Justicia. “La afirmación allí contenida es falaz”, expresó en un comunicado.

A través de una breve nota, el Máximo Tribunal respondió a las afirmaciones de los ministros de Gobierno, Fabián Bastia y de Economía, Pablo Olivares, realizadas luego de la reunión con la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, donde anunciaron el pago de la deuda y apuntaron a la Corte por un supuesto "manejo discrecional".

“Es un hecho público y notorio que no puede ser desconocido por los funcionarios del Poder Ejecutivo, que el pago de los retroactivos de los empleados del Poder Judicial dependen de los ajustes presupuestarios que el Poder Ejecutivo debe materializar y que no son resorte de este Máximo Tribunal Provincial”, sostiene la cúpula judicial.

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El gobierno provincial junto al MPA tras destrabar el pago de retroactivos

Tensión con la Corte Suprema

El martes, el ministro Bastia anunció que se sumará un refuerzo extra a la ampliación presupuestaria del Poder Judicial para pagar los retroactivos que reclamaban los empleados judiciales. En ese marco dijo que el atraso se debía a “un manejo discrecional, desajustado y de una manera ligera del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, lo que hizo que se quedara sin fondos”.

Incluso en el comunicado hacen referencia no solo a esas declaraciones públicas, sino a la gacetilla oficial del gobierno que se tituló: “Ante el desmanejo financiero de la Corte, el Ejecutivo saldrá en auxilio para que pueda pagar retroactivo a sus trabajadores”.

Por último, la Corte sostiene: “Por lo demás y finalmente la Corte Suprema de Justicia como inveteradamente lo ha hecho reivindica el derecho de todos los trabajadores a percibir en tiempo y forma las sumas salariales previstas en el actual ordenamiento legal”.