La fiscal general Vranicich se reunió con los ministros Olivares, Bastia y Mascheroni. El Ejecutivo responsabilizó a la Corte por las deudas y tensiona la disputa. El rol del MPA
Por Facundo Borrego
Foto: La Capital / Archivo.
Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Economía, Pablo Olivares, los encargados de transmitir la oferta salarial a los gremios.
El gobierno provincial accedió a pagar los retroactivos y concretar ascensos e ingresos pendientes del Poder Judicial, como forma de saldar el reclamo de los trabajadores judiciales que había generado un conflicto dentro de la disputa de fondo que mantiene con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA), puntualmente la fiscal general María Cecilia Vranicich que mantuvo una reunión con los ministros de Economía, Pablo Olivares y de Gobierno, Fabián Bastia, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, terminó siendo la llave para destrabar el tema.
“Vamos a pagar esos retroactivos, a transferir los fondos que correspondan, y de ingresos del MPA y de todo el Poder Judicial”, resaltó el ministro de Gobierno en ronda de prensa.
Además, la reunión con la fiscal general le sirvió al gobierno para tener una base de justificación para pagar lo exigido y posicionarse frente a lo que viene en el conflicto con la cúpula del Poder Judicial. Vale recordar que la disputa del gobierno con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe comenzó por la renovación del máximo tribunal, pero terminó anexando un problema con los empleados judiciales que exigen retroactivos adeudados y la normalización de ingresos, promociones y ascensos del personal.
Luego de que el Sindicato de Trabajadores Judiciales realizara algunas medidas de fuerza, primero de baja intensidad y luego con un paro inédito en 30 años, el gobierno de Santa Fe comenzó a retocar la estrategia y dejar de lado a los empleados judiciales como forma de desacoplarlos de lo que cree que es el verdadero objetivo: la Corte.
Ahora, el gobierno directamente responsabilizó al máximo tribunal por “un manejo discrecional y desajustado de manera ligera de la ejecución presupuestaria de la Corte que hizo que se quedaran sin fondos”. El ministro de Economía profundizó: “Los recibos ya están liquidados pero no se habían podido pagarse por el Poder Judicial por insuficiencia de partidas presupuestarias".
Olivares recordó que, como todos los meses, decretaron la ampliación presupuestaria para pagar aumentos, la cual tendrá un refuerzo del orden 5.200 millones de pesos para que el Poder Judicial pueda abonar las diferencias retroactivas. Entre esta semana y la otra se asignará el refuerzo y se ejecutará el pago para los primeros 10 días de noviembre.
El MPA, con Vranicich a la cabeza, sirvió como paraguas para desactivar el reclamo de trabajadores y direccionar el conflicto con el Poder Judicial hacia su cúpula. "La conversación con la fiscal general se enmarca en su área pero el conjunto de los trabajadores judiciales tienen el mismo tratamiento", dijo Bastia.
De hecho, el ministro hizo un contraste tácito con otros sectores judiciales. "Si hay alguien que ha realizado los cambios que tanto sostenemos de eficiencia, de control de gastos, de los recursos de manera austera. Valoramos mucho el trabajo del MPA desde el inicio de la gestión, su compromiso, los resultados están a la vista, la eficiencia en el manejo de los recursos económicos y humanos, la persecución contra el crimen que derramó en la seguridad de los rosarinos”, sostuvo Bastia.
Respecto a los ascensos e ingresos pendientes, Bastia sostuvo: “Vamos a tratar de revisar y estudiar caso por caso y la particularidad de cada uno. No es lo mismo ascenso o ingresos automáticos que concursos”. Luego aclaró: “Los trabajadores son una prioridad para nosotros y nos preocupan y por eso tomamos estas decisiones. Pero eso no quita que evaluemos caso por caso para jerarquizar cada situación”.
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