Después de una etapa corta sin beligerancia, el gobernador y el máximo tribunal se trenzaron fuerte. Lo que viene en la disputa
Por Facundo Borrego
Maximiliano Pullaro defendió las políticas de seguridad.
Como un chispazo en el pasto seco prendió nuevamente la disputa del gobierno provincial y la Corte Suprema de Santa Fe, una novela que había bajado varios cambios pero se volvió a meter en un escenario pantanoso y hasta personal. El veloz paso de la distensión al choque directo -y casi físico- demuestra el tenor de los intereses en juego.
La Corte estaba cómoda con el freno a la beligerancia y con que el conflicto se desarrolle desde el reclamo gremial, por eso reaccionó fuerte contra el gobernador Maximiliano Pullaro al entender que con su conferencia del martes pasado rompió la paz transitoria. El punto de inflexión estuvo allí.
“Si alguno se rebela porque quiere mantener privilegios, me va a tener enfrente”, advirtió el gobernador. De este modo volvió a circunscribir la disputa a la cúpula del Poder Judicial, y dan por hecho que seguirá ese enfoque en la siguiente etapa para "profundizar el proceso de discusión pública". Un detalle es que el gobierno decidió, cuidadosamente, excluir de la pelea a los trabajadores judiciales, quienes habían avanzado en una serie de reclamos con medidas de fuerza incluida.
Si la Casa Gris limitó la discusión en quienes administran la Justicia, el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez directamente lo llevó al terreno personal. “Que el gobernador me haga juicio político”, desafió en varias entrevistas y completó: “No entiende la división de poderes, salvo que quiera algunos amigos en la Corte”.
Esto va en tono con lo que empezaron a profesar en los pasillos de la Casa de Justicia en Santa Fe: el gobierno no solo busca una renovación de la Corte sino una “domesticación política”. Algo se quebró en agosto con el concurso de la Cámara de Ejecución Penal y Control Carcelario cuando se cambiaron sobre la marcha los criterios para elegir a candidatos. Desde entonces, en el palacio judicial sostienen que el gobierno busca darle un perfil político a los cambios en la Justicia.
En esta segunda etapa de personalización del conflicto -la primera fue al inicio de la renovación de los cortesanos-, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, quedó en la línea de fuego al tomar el rol de choque discursivo. En la semana estuvo presente en la jura justamente de los jueces de la Cámara de Ejecución Penal junto a su par de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni en los tribunales de Santa Fe, donde había una asamblea. Nada es casual en estas instancias.
Bastia no esquivó a los gremialistas y hasta buscó y estrechó la mano a los dirigentes en medio de un clima tenso con abucheos. A la salida se puso más caliente, lo increparon y por poco no pasó a lo físico. Unidos firmó un comunicado de apoyo a los ministros al entender que "unos pocos empleados judiciales recurrieron a la violencia y amedrentamiento".
En el gobierno caracterizan a quienes tomaron esa actitud como un grupo de gremialistas que "no defienden a los trabajadores, sino al poder anquilosado". "El malestar lo motivó la patronal porque no quiere aceptar que hay que hacer cambios impostergables", comentaron a minutos del episodio.
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Por lo visto, el vínculo entre los distintos actores va cambiando. Sobre todo el caso de los empleados judiciales que se mueven de manera más líquida en el conflicto. Sus reclamos son de índole salarial (retroactivos) y administrativa (ascensos, formalizaciones), mientras que hay un compromiso menor en las discusiones que lleva la cúpula del Poder Judicial (renovación, división de Poderes, infraestructura).
Si el gobierno atendiera parte de los retroactivos y ascensos que le reclaman, desactivaría el conflicto y, probablemente, el apoyo de los trabajadores a la Corte y a los jueces perdería intensidad. También se apagaría el protagonismo del Sindicato porque no quedaría otra causa por la que luchar más que la de los cortesanos y vacantes de jueces, pero, por definición, los gremios no defienden a la patronal, al contrario.
También hay otra lectura sobre el abordaje de los reclamos de los trabajadores y es que más grande el conflicto en general, más ruido habrá enfrente. Lo cierto es que, por lo pronto, no habría novedades con los retroactivos.
El gobierno se empieza a mover para aislar más a la Corte y volver semanas atrás al inicio del conflicto cuando llevaba la delantera y hasta podía fijar la cumbre con el máximo tribunal un domingo a las 7.
Al margen del tire y afloje por la renovación, hay dos frases de Pullaro en la conferencia mencionada que alentaron a la Corte Suprema, puntualmente en la secretaría de Gobierno conducida por Eduardo Bordas, a desmentir al gobierno, lo que demuestra que la estrategia ya no es soportar y dejarla pasar.
La primera: "Si no están en condiciones de decirme cuál es la carga de trabajo para reordenar los cargos más altos y ser más efectiva, imagínense lo lejos que estamos de una reforma judicial".
La segunda: “A veces el debate público no se da en términos de honestidad intelectual porque nosotros lo que le pedimos a la Corte es que nos dé los datos de cómo funciona cada uno de los juzgados para cubrir vacantes y esa información no nos llegó”.
El primer pedido de informes del ministro de Justicia, Pablo Cococcioni, allá a principios de enero, se contestó un mes después y no conformó al gobierno. En septiembre, cuando resurge el tema de la renovación de la Corte y días después de la recordada cumbre entre las partes, Cococcioni pidió un segundo informe porque consideró que el primero “dista abismalmente de lo que se solicitó”.
Entre los pedidos agrega: “No es lo mismo indicar prioridades de cobertura que meramente señalar la totalidad de las vacantes. Se pidió priorización y se nos devolvió una lista completa”. El 27 de septiembre, desde la secretaría de Gobierno se contestó el segundo pedido en 28 fojas más un anexo extensísimo donde se detalla la cantidad de resoluciones y audiencias por juzgado y también cuestiones genéricas como protocolos y circulares de procedimientos.
Según consideran en la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo en su tarea de cubrir vacantes no tiene facultades para pedir lo que pide. “Sólo le corresponde el mecanismo de designar jueces con acuerdo de la Asamblea Legislativa”, simplifica una fuente judicial que entiende que con esos pedidos la Casa Gris "se mete en la gestión del Poder Judicial".
La vuelta al agite hace vidrioso el futuro de la discusión. Lo que sí avanza es el proyecto de ley para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, que busca ampliar la cantidad de integrantes de la Corte Suprema y establece la edad límite para sus mandatos. "La idea es avanzar en la primera sesión noviembre de Diputados en el proyecto", afirman en el socialismo desde donde presentaron la iniciativa. Ese sería un primer paso clave en la coyuntura contra el tribunal. Lo determinante de la discusión será la eventual aprobación del Senado. Todo está por verse.
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