Recién el jueves próximo comenzará a correrse el velo que viene cubriendo a los reemplazantes de los doce funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial que presentaron su renuncia en coincidencia con el escándalo por el espionaje ilegal que habría ordenado Marcelo Sain durante su gestión en esa cartera, a la par de la investigación de un llamado a licitación para la adquisición de armas de fuego. Es que, antes del anuncio oficial, la Casa Gris testeará a todo el arco político santafesino y a representantes de la sociedad civil.
En plena tarea de reconstrucción de Seguridad, el gobernador Omar Perotti y el ministro del área, Jorge Lagna, se reunieron este lunes en Rosario con toda la cúpula policial e impartieron la orden de “ratificar y profundizar el rumbo” trazado por la gestión: fijar un límite “entre el delito y el Estado”.
Señales
No obstante, un indicio del futuro equipo de Lagna lo constituyó la presencia en el encuentro de la subsecretaria de Políticas de Seguridad Pública, Jassi Capitanelli, y su par de Formación y Capacitación, Andrés Rolandelli (quien días atrás fue blanco del robo de un maletín con una computadora en una estación de servicio rosarina).
“Ratificamos el apoyo total al policía que cumple sus funciones con mucho compromiso y atento al orden legal establecido”, dijo Lagna tras la reunión —realizada en la sede Rosario de la Gobernación— con la jefa de la fuerza de seguridad, Emilce Chimenti, y los titulares de las unidades departamentales y secciones especiales.
Lagna advirtió que se viven “raras situaciones” de intimidación pública, que “aparentemente no tienen un móvil definido”, y reafirmó “el compromiso concreto, que está en marcha, de una inversión millonaria en equipamiento, comunicaciones, patrullajes, refuerzos y mayores remuneraciones”.
“Por eso pedimos la ley de emergencia económica, una herramienta que necesitamos para acortar los plazos de compra de equipamientos y poder otorgar suplementos a los policías”, añadió el funcionario. La frase estuvo dirigida a los espacios políticos con representación parlamentaria en la provincia.
Tras confirmar los objetivos de potenciar la presencia de uniformados en las calles y profundizar “el trabajo conjunto con el municipio y las fuerzas federales”, Lagna concluyó: “Ingresarán 857 nuevos policías en pocos días. En su mayoría irán a las grandes urbes como Rosario”.
A su turno, Perotti, durante una actividad oficial realizada al caer la tarde, respaldó a Lagna y aseguró que Rosario “vive un marco de disputas territoriales”.
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En modo silencio desde el viernes pasado, el Ejecutivo barajó la posibilidad de oficializar al mediodía la nueva conformación de Seguridad. Sobre los flamantes funcionarios, sólo trascendió que algunos provendrán de otras áreas ligadas a la cartera, como también de diferentes ciudades santafesinas. Y no se desestimó una reformulación estructural del ministerio.
Lagna —ratificado en el cargo— se metió de lleno en la búsqueda de los reemplazos a los doce renunciantes poco después de los procedimientos dispuestos ese día por Ezequiel Hernández y Mariela Giménez (Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1) en las sedes de Seguridad en Rosario y Santa Fe.
Paralelamente, la Gobernación procuró bajarle los decibeles al escándalo detonado por los procedimientos en las oficinas de Seguridad, en el marco de una investigación para determinar si Sain y sus principales colaboradores (que continuaron en la cartera hasta el viernes) formaron una estructura dedicada al espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas, junto a la pesquisa centrada en un llamado a licitación para la compra de armas de fuego.
Perotti se reunirá, entre el miércoles y el jueves, con todo el arco político y representantes de la sociedad civil Perotti se reunirá, entre el miércoles y el jueves, con todo el arco político y representantes de la sociedad civil
Finalmente, según deslizaron a La Capital en los pasillos de la sede gubernamental, los nombres de los restantes miembros del nuevo equipo de Seguridad serán oficializados a partir del jueves.
Es que, por un lado, Perotti dialogará el miércoles con los jefes de bloques de la Cámara baja; el titular del cuerpo, Pablo Farías; la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alejandra Rodenas, y su par provisional, Rubén Pirola.
Lo propio ocurrirá con los titulares de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras y los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Santa Fe, Emilio Jatón. El encuentro había sido programado para evaluar —y buscarle un freno— a la creciente ola de violencia en Rosario, pero los procedimientos en la cartera y las renuncias de funcionarios ligados al recientemente destituido director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provocaron un tembladeral político.
Asimismo, el jefe de la Casa Gris tiene previsto reunirse el jueves con representantes de la sociedad civil, otra pieza fundamental para abordar la problemática de la inseguridad.
Más medidas
En tanto, integrantes del OI realizaron al mediodía un nuevo procedimiento en una oficina de Seguridad ubicada en la capital provincial, que hasta el viernes estuvo cargo de Maximiliano Novas (renunciante secretario de Coordinación Técnica y Administrativa).
Novas volvió a la dependencia y fue interceptado por el personal del Organismo de Investigaciones, que secuestró su celular junto a teléfonos utilizados por otros funcionarios del área, además de documentación adicional.
Documentos destruidos
Paralelamente, el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, confirmó que el procedimiento del viernes en las oficinas de Seguridad obedeció a que Hernández y Giménez (Unidad de Delitos Complejos) fueron alertados acerca de que “se estaba destruyendo documentación” supuestamente clave.
Al respecto, Baclini también indicó que en el operativo se encontró “documentación destruida”. Y añadió: “Los fiscales ya van a mostrar toda la evidencia. El riesgo estaba claro”.
Baclini realizó declaraciones tras un encuentro con diputados provinciales de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
En ese sentido, dijo que los diputados se comprometieron a “reanalizar” el régimen disciplinario de fiscales por presunto mal desempeño, en manos de la Legislatura.
