Hasta el 18 de octubre próximo, el proceso de selección de autoridades superiores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) no deparará ningún acto administrativo nuevo. Es que, tras la renuncia de al menos nueve jurados, a la par de otros factores que potencian una fuerte turbulencia institucional en Santa Fe, la Casa Gris recibirá ese día a los partidos políticos con representación legislativa para estudiar y, eventualmente, enriquecer un procedimiento esencial para el correcto funcionamiento de la investigación judicial en la provincia.
El llamado del Ejecutivo quedó definido luego de la presencia del secretario de Gobierno provincial, Oscar Urruty, en la reunión de Labor Parlamentaria de la Cámara baja santafesina, realizada poco antes de la sesión de hoy.
El temario del cónclave parlamentario incluía el tratamiento de un pedido del bloque del Partido Socialista (PS) para citar a la ministra de Gobierno provincial, Celia Arena, y al fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder.
Conclusiones
El 18 de octubre, a las 17, Arena y Weder se reunirán en la Casa Gris con los jefes de bloque de la Cámara baja para evaluar los pasos a seguir con el controvertido procedimiento. Si bien en los pasillos de Legislatura algunas voces opositoras aludieron a un freno al concurso, en el oficialismo señalaron a La Capital que el proceso no vería alterado su curso.
Al mismo tiempo, las tratativas con el funcionario santafesino permitieron desactivar una eventual citación a Diputados de la titular de Gobierno y del fiscal de Estado.
En el oficialismo también comentaron en voz baja: “La idea es recabar opiniones y contribuciones de los distintos espacios políticos. Por eso, no avanzaremos con ningún acto administrativo nuevo”.
En la previa del cónclave en la Cámara baja, Arsenio Domínguez, representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, había confirmado su dimisión al cuerpo de jurados del concurso. “Renuncié por motivos personales”, le dijo a este diario.
Domínguez integraba el jurado titular para designar al próximo fiscal general y los cinco fiscales regionales y quedó cuestionado cuando salió a la luz que utilizaba como domicilio legal en la ciudad de Santa Fe el estudio del secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia.
La idea es recabar opiniones y contribuciones de los distintos espacios políticos. No avanzaremos con ningún acto administrativo nuevo” La idea es recabar opiniones y contribuciones de los distintos espacios políticos. No avanzaremos con ningún acto administrativo nuevo”
Días atrás, y vía decreto, el gobernador Omar Perotti había desplazado a Somaglia del concurso para los próximos cargos superiores del MPA. Es que la voz del funcionario quedó registrada en unos audios que integrarían la evidencia de la causa que tiene bajo la lupa al ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal.
Mientras que en la Gobernación ratificaban la continuidad de Somaglia en el cargo, el lunes pasado el secretario de Justicia fue denunciado ante la Fiscalía Regional Nº1 (capital provincial) por “tráfico de influencias, espionaje ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La presentación corrió por cuenta del constitucionalista Domingo Rondina.
Por entonces, en la administración de Perotti reiteraron que la fase de estudio de postulantes al MPA y a la Defensa Penal seguía su curso porque estaban definidos los miembros suplentes del cuerpo evaluador del concurso que lleva adelante el Consejo de la Magistratura.
También continuaron apuntando a los bloques legislativos mayoritarios de la oposición como detonante de la crisis, ya que previamente habían lanzado una fuerte advertencia sobre los concursos.
Es que la Asamblea Legislativa -también con predominio opositor- será la encargada de avalar los nombres que deberán cubrir los cargos clave en el MPA, a partir de abril de 2023.
Escenario
Pero ahora, con la renuncia de Domínguez, las bajas entre los jurados del concurso totalizan nueve.
En el jurado titular para el MPA ya habían obrado en ese sentido los jueces federales Alejandro Slokar y Ana María Figueroa y la magistrada penal Sandra Valenti.
En el jurado para defensores dimitieron como titulares las magistradas federales Angela Ledesma y Marta Feijoo y declinaron su participación como suplentes el abogado Danilo Kilibarda y la presidenta de la Cámara Federal de Rosario, Elida Vidal.
Asimismo, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Sergio García Ramírez no respondió hasta el momento a la convocatoria.
