Juicio político en Diputados: D'Alessandro se negó a declarar si tuvo o no trato irregular con la Corte

El ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro se negó a confirmar si conoce a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y dijo que las conversaciones que se difundieron entre ambos “no fueron una filtración sino una operación de inteligencia”, en el marco de la citación de la comisión de Juicio Político de Diputados por proceso al alto tribunal.

D’Alessandro, que en marzo pasado renunció como ministro de Seguridad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) luego de que se revelaran mediáticamente unos chats telefónicos que podrían (de ser verdaderos) involucrarlo en el tráfico de influencias con miembros relevantes de la Corte, finalmente declaró como testigo ante la comisión de Juicio Político en la Cámara baja.

Fue en el tercer intento que la comisión presidida por Carolina Gaillard (Frente de Todos, FdT) consiguió que D’Alessandro se presentara a declarar.

La declaración del ex funcionario, involucrado en el gobierno de Mauricio Macri desde el inicio mismo de la carrera política del ex presidente como jefe de Gobierno porteño, produjo un fuerte contrapunto entre los miembros del FdT y Juntos por el Cambio (JxC), los primeros interesados en acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles (mano derecha del cortesano Rosatti) y los segundos tratando por todos los medios de desvincular a ambos funcionarios.

El punto más sensible del plenario que se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo A del Congreso estuvo en la expectativa sobre si D’Alessandro aceptaba conocer, tener trato, o haber tenido trato, con el hombre fuerte de la Corte, Robles.

Si bien reconoció al funcionario judicial por unas fotos ampliadas e impresas que el diputado Germán Martínez le acercó al testigo, luego se negó a ofrecer cualquier detalle sobre si tuvo o tiene vínculo con Robles amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que garantiza el debido proceso y permite a un imputado no declarar en el caso de que se vea obligado a declarar contra sí mismo.

Los chats que fueron revelados a fines de 2022, incriminan a D’Alessandro en el sentido de que habría tenido conversaciones con funcionarios de la Corte presionando por el conflicto de la coparticipación (fallo que benefició a la Caba), incidiendo en el Consejo de la Magistratura y por el viaje a Lago Escondido, Chubut, con jueces, fiscales, empresarios de medios de comunicación y un agente de inteligencia.

La razón por la cual el ex ministro de la Caba (luego sustituido por Eugenio Burzaco) para no hablar sobre los chats de Lago Escondido y su presunto vínculo con la Corte se basó en un argumento atendible de que es querellante en algunas de las causas que se tramitan a consecuencia del hackeo de la línea telefónica (móvil) personal de D’Alessandro, y desde donde luego se difundieron las conversaciones privadas.

D’Alessandro explicó ante las reiteradas preguntas de los miembros del bloque oficialista que la investigación judicial sobre el ataque a su teléfono ya determinó, de manera preliminar, que se trató de un delito, que hay personas detenidas por esos hechos y que se busca establecer quiénes fueron los instigadores. Según el ex funcionario macrista, fue una “operación de inteligencia del kirchnerismo”.

Para la prensa que lo publicó en su momento, se trató de una filtración, para el ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta, de un hackeo que está siendo investigado por la Justicia y “hay dictámenes” en relación a lo sucedido no sólo con él sino también con “jueces, fiscales y políticos” que determinaron “que al tomar posesión del teléfono lo que se podía hacer era crear, modificar, alterar o editar diferentes conversaciones".

“Para no afectar mi derecho a defensa, en base a estas causas abiertas, me voy a amparar en el artículo 18”, contestó, a lo que la presidenta de la comisión, le recordó que “el falso testimonio no es solo mentir sino omitir decir la verdad”.

“Presidenta, usted está presionando al testigo y eso no es correcto”, se quejó el diputado del PRO Pablo Tonelli. Y Gaillard replicó: “Vamos a tratar de evitar, como en la reunión donde compareció el testigo Robles, cuando no contestó ninguna pregunta y en algunos casos excediéndose en el uso del artículo 18”.

La diputada Vanesa Siley, interrogadora principal de D’Alessandro, a su vez, lo consultó por una nota del diario Página/12 titulada “Un cumpleaños judicial”, en la que se relata que a una fiesta organizada por Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Caba, él habría llegado junto a Robles, el 15 de agosto de 2022, cuando todavía era ministro en funciones.

“Más allá de interpretar que son hechos privados y no hacen al trabajo de esta comisión, me amparo en el artículo 18”, reiteró el exfuncionario porteño. Y se negó a confirmar o rechazar si fue o no esa fiesta, en este caso confirmada por numerosos testigos y que publicó el diario porteño.

Tanto el testigo como los diputados de JxC reiteraron el pedido a Siley de “que no base sus preguntas en algo (los chats) que la Justicia determinó que son un delito”. La legisladora reiteró: "El contenido de esa información pública puede ser de interés para esta comisión, de hecho, lo es. Acá se está investigando el tráfico de influencias”.

Finalmente, el diputado Leopoldo Moreau (FdT) reconoció que un hackeo es un hecho de “ilegal”, pero replicó que “no es menos cierto que eso no establece por sí mismo la falsedad del diálogo” y “no está definitivamente comprobado que el contenido de ese hackeo sea verdadero o falso, porque hay otros testimonios de periodistas que dicen que fueron parte de esas conversaciones, periodistas de Página/12 y La Nación".