Los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner volvieron a reclamar este jueves ante la Cámara Federal porteña que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada de la investigación por el atentado contra su vida y resaltaron que la magistrada “recibe un estipendio” de un organismo que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación al Instituto Superior de la Seguridad Pública (ISSP).
“No tendremos justicia con esta mujer”, aseguró el abogado José Manuel Ubeira —uno de los dos que representan a la querella— tras sostener que la magistrada no mostró voluntad de investigar una eventual responsabilidad de la policía porteña en el ataque sufrido por la vicepresidenta por su vínculo con el ISSP, donde tiene un contrato como investigadora.
Los abogados Ubeira y Marcos Aldazabal plantearon la nueva recusación ante el juez de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, en lo que fue la segunda audiencia del día en el marco de esa causa.
“Ser investigador no es lo mismo que ser docente”, afirmó Ubeira para insistir en que la jueza llevó a cabo una actividad remunerada que no le estaría permitida.
Al respecto, profundizó: “La jueza no era investigadora, no era docente, tienen un curro que la habilita a recibir 75 mil pesos por mes. Recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo”.
Antes de que interviniera Ubeira expuso Aldazabal, quien desarrolló la explicación vinculada a que el ISSP “no es una universidad” sino un “lugar de elaboración de políticas públicas”, por lo que sostuvo que no es una actividad habilitada para magistrados.
“Cuando se conoció esa circunstancia, el propio instituto sacó un comunicado en el que específicamente dice que Capuchetti se desempeña como docente hace nueve años y elaboró un trabajo de investigación. Sigue trabajando allí, la última designación es del 2 de enero, cuando la causa ya estaba tramitando. No es una universidad, es lo que se conoce como una academia de policías, un centro de formación. Hay una violación inédita a la independencia de poderes”, sostuvo Aldazabal.
En la primera audiencia de la jornada ante la Sala I del tribunal de apelaciones (con el cuerpo integrado a pleno) se debatieron los alcances de una medida de prueba dispuesta en el marco de la denominada Pista Milman, que es aquella que investiga si efectivamente el diputado nacional de Juntos por el Cambio (Gerardo Milman) se refirió al atentado fallido antes que ocurriera.