Amalia Granata y Milei celebraron la decisión que tomó la Corte Suprema de Estados Unidos y reinvindicaron el derecho a la vida.
La diputada rosarina Amalia Granata, una de las legisladoras que más veces ha expresado su voluntad contraria a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina, y el legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Milei, también militante en contra del aborto, celebraron este viernes la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar este derecho en el país norteamericano.
A través de su cuenta de Twitter, Granata manifestó: "En el mundo hay otra vez justicia. En Argentina lo vamos a lograr también".
Tanto Granata como Milei siempre militaron a favor de los pañuelos celestes y estuvieron en contra de la sanción de la ley. Ahora, con este fallo de la Justicia norteamericana la legisladora rosarina redobló la apuesta y volvió a instalar el tema. "En Argentina lo vamos a lograr también", señaló.
En esa misma línea se expresó el legislador porteño de La Libertad Avanza, quien exclamó su apoyo a la medida: "Sin vida, no hay libertad ni propiedad. Viva la vida, carajo".
Este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos tomó una decisión trascendental y extremadamente controvertida. En una posición conservadora, el organismo judicial derogó el histórico fallo Roe vs Wade, que consagra el derecho constitucional al aborto en el país desde 1973. Tal como se esperaba, los manifestantes contra el aborto celebraron fuera de la Corte Suprema de los Estados.
La votación de la Corte fue de 6 a 3 y el fallo confirmó un borrador escrito por el juez conservador Samuel Alito que había trascendido semanas atrás y que indicaba que la Corte se inclinaba por esta polémica decisión que puso fin a un derecho que benefició por décadas la libre elección de las mujeres a interrumpir su embarazo.
Es importante explicar que el fallo de la Corte no transforma el aborto en ilegal, sino que lo corre de la categoría de derecho constitucional. Esto significa que a partir de esta decisión, los estados ahora pueden tomar medidas para prohibir el acceso a este procedimiento. De hecho, cerca de la mitad de ellos ya indicaron su voluntad de hacerlo.
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