Se sentaron en sus bancas 128 diputados, uno menos que el mínimo. Buscan tratar la semana próxima el proyecto que impide competir en elecciones a condenados en segunda instancia
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Diputados. No hubo quorum para voltear el DNU 846.
La sesión convocada este miércoles en la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de ley Ficha Limpia se cayó por falta de quórum. La reunión, impulsada por el PRO, La Libertad Avanza (LLA), la UCR y otros bloques, sumó 128 legisladores y quedó a uno de alcanzar el piso para habilitar el debate.
El proyecto de Ficha Limpia impide a dirigentes condenados en segunda instancia presentarse para cargos electivos.
Después de una primera prórroga de media hora, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, levantó la sesión al verificar que no se habían reunido los 129 diputados necesarios para abrir el recinto.
Luego del intento fallido de tratar el tema, el oficialismo y los bloques aliados pretenden convocar a una sesión para la semana que viene. Así lo adelantaron la diputada Silvia Lospennato (PRO) y el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA).
Se sentaron en sus bancas legisladores de LLA, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre (los radicales referenciados en Facundo Manes y Martín Lousteau) y un representante de Santa Cruz.
De todos modos, estos bloques registraron ausencias al momento de juntar el quórum: Aníbal Tortoriello, José Núñez y Alejandro Finocchiaro, del PRO; Alejandra Torres, Florencio Randazzo, Jorge Avila, Natalia de la Sota y Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Manuel Aguirre, de Democracia para Siempre, y Marcela Pagano, de La Libertad Avanza.
En cambio, no asistieron los diputados de Unión por la Patria (UP) y el Frente de izquierda, que entienden que la norma es un instrumento para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner y sacarla de la competencia electoral.
Además, no asistieron los diputados de dos bloques amigables con la Casa Rosada. Son Innovación Federal, que agrupa a los legisladores que tienen como jefes a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro, e Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.
En este caso, el faltazo está vinculado al áspero debate del presupuesto 2025. El gobierno se niega a incluir las demandas de los gobernadores, como obras públicas y fondos para las cajas jubilatorias provinciales, y amaga como prorrogar de vuelta el presupuesto 2023.
Para convertirse en ley, la Ficha Limpia debe ser aprobada por una mayoría agravada. Quienes impulsan la norma deben sumar 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
De aprobarse la ley antes de las elecciones de medio término, Cristina no podría ser candidata en 2025.
Es que la Cámara Federal de Casación confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad. En ese expediente, la expresidenta fue hallada culpable de haber direccionado licitaciones de obra pública en beneficio del empresario Lázaro Báez.
Actualmente, sólo se puede impedir la postulación a un cargo cuando hay un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia. Un hecho que, en el caso de Cristina, no ocurrirá en el corto plazo.
La iniciativa del oficialismo y sus aliados establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
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El pedido de una limitación para ser candidatos a aquellas personas con sentencia de segunda instancia empezó a discutirse en 2017. En ese momento, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del entonces legislador y exministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.
A partir de ese momento hubo varios intentos para avanzar en el proyecto de Ficha Limpia, aunque no se habían construido los consensos necesarios para tratarlo.
Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.
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