La Corte Suprema de Justicia santafesina se pronunció ayer, de modo dividido (cuatro votos contra dos), a favor de la constitucionalidad de la norma que otorga a los legisladores el control disciplinario de fiscales y defensores del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una acordada del máximo tribunal que suma oleaje a las agitadas aguas institucionales de la provincia.
Tras dos horas y media de reunión, los ministros de la Corte Roberto Falistocco (presidente), María Angélica Gastaldi, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler votaron a favor de la constitucionalidad de la controvertida ley. En contra lo hicieron Mario Netri y Daniel Erbetta.
Si bien el contenido de la acordada del alto tribunal saldrá a la luz una vez notificadas las partes en pugna, una fuente judicial resumió a La Capital acerca del aval a la norma: “Las leyes se presumen legítimas y no es posible analizarlas en base a la oportunidad o a conveniencias si pretendemos libertad de Poderes”.
Posiciones
En 2017, a través de varias iniciativas, la Legislatura apuntó al control disciplinario de los fiscales y defensores. La normativa entonces vigente estipulaba que las faltas graves de los representantes del MPA debían ser analizadas por un tribunal colegiado.
Finalmente, la Legislatura sancionó en 2017 la norma que le abrió la puerta al control de fiscales y defensores. Y fue declarada inconstitucional por la Cámara Laboral de Rosario.
Luego, la Legislatura avanzó con una iniciativa que significaba retornar al régimen disciplinario previo, aunque dejando a salvo el artículo 62 bis, que les permitía a senadores y diputados tratar casos de faltas de fiscales cuando lo consideraran necesario.
Sin embargo, hubo una nueva denuncia de inconstitucionalidad a manos del fiscal rosarino Adrián Spelta, quien tiene abierto un proceso disciplinario en la Legislatura por haber acordado una excarcelación a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo.
Posteriormente, Sandoval, también condenado por balear la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, fue asesinado cuando cumplía prisión domiciliaria en Rosario.
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La Legislatura reactiva el proceso disciplinario contra el fiscal Adrián Spelta.
Foto: Archivo / La Capital
Cuando la Legislatura trató el caso, Spelta objetó la ley reformulada por inconstitucional y, en septiembre de 2020, la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario le dio la razón. ¿El fundamento? Que la norma suponía la invasión de jurisdicción de un Poder del Estado por sobre otro.
No obstante, la Fiscalía de Estado presentó un recurso de queja ante la Corte (que ayer respondió). Por entonces, el procurador del alto tribunal, Jorge Barraguirre, se había pronunciado a favor de la inconstitucionalidad de la ley objeto de discordia. La defensa de Spelta podría ir ahora por un planteo federal, al tiempo que la comisión bicameral de Acuerdos reactivará hoy el proceso sancionatorio.
Escenario
La resolución de la Corte también podría tallar en el amparo presentado el viernes pasado por Marcelo Sain para evitar su suspensión al frente del Organismo de Investigaciones (dependiente del MPA), por presuntas faltas graves, que el Senado y la Cámara baja provincial tienen previsto tratar mañana en sesión conjunta.
En su planteo, que detonó debate en la Casa Gris por posiciones encontradas, Sain solicitó a la magistrada Laboral Paula Calace Vigo que declare “ilegítima e inconstitucional” la aplicación retroactiva de la ley que establece incompatibilidades para que ex funcionarios del Ejecutivo provincial (fue ministro de Seguridad hasta marzo) puedan acceder a cargos en el Poder Judicial.
Por lo pronto, los senadores y diputados se preparan para resolver el pedido de suspensión por 180 días de Sain formalizado por el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez, en su rol de auditor ad hoc del MPA.