Desde la Casa Rosada indican que no nombrarán al juez por decreto. En medio del criptogate, el Senado trata la suspensión de las Paso y proyectos penales
LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante
El pleigo de Ariel Lijo, uno de los nombres propuestos por el gobierno de Milei para la Corte Suprema, entró en un terreno incierto.
En un escenario más cuesta arriba en el Congreso tras el estallido del criptogate, el gobierno de Javier Milei baraja distintas opciones en caso de que el Senado rechace el pliego del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El gobierno pretende que este viernes, al filo del período de sesiones extraordinarias, la Cámara alta apruebe el pliego del magistrado, uno de los hombres fuertes de los tribunales federales de Comodoro Py.
Sin embargo, el trámite luce por demás de complejo: la Constitución requiere que voten a favor dos tercios de los legisladores presentes. El gobierno sólo puede llegar a ese número con un acuerdo con el bloque de Unión por la Patria.
Tras la polémica que se desató el caso de la criptomoneda $Libra, publicitada por Milei en sus redes sociales, el bloque de Unión por la Patria anunció que presentará un pedido de juicio político contra el primer mandatario.
No obstante, desde la bancada peronista —que sumó tres firmas al dictamen de Lijo— avisan que quieren abrir la discusión a una ampliación de la Corte Suprema y otros pliegos judiciales.
“Si rechazan a Lijo, estamos pensando en mandar por decreto a las dos personas más libertarias que haya”, deslizaron este miércoles desde la Casa Rosada.
En ese caso, en el oficialismo evalúan nombrar por decreto a Manuel García-Mansilla —el otro nombre propuesto por el Poder Ejecutivo, pero que no juntó los apoyos suficientes en el Senado— y a otra persona.
En noviembre, José Mayans, jefe de de bloque de Unión por la Patra, avisó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que si el gobierno nombra dos magistrados en comisión el Senado voltearía el decreto. Eso derivaría en un conflicto judicial.
El encargado de diseñar la estrategia es Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia y que responde a Santiago Caputo. El asesor era uno de los promotores de Lijo y quedó golpeado tras cortar una entrevista en la que Milei hablaba sobre las implicancias judiciales de la criptoestafa.
Entre los nombres que tiene en carpeta la adminitración libertaria figuran el juez Ricardo Rojas: Ricardo Ramírez Calvo, hombre muy cercano a García Mansilla; Carlos Laplacette, del estudio Cassagne, y Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista, socio de Santiago Castro Videla, el segundo Procurador General del Tesoro de la era libertaria.
Cerca de Milei también evalúan postular a una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer “para no quemarla”, según fuentes oficiales.
De esta forma, todavía está abierta la definición de quiénes cubrirán los cargos que dejaron vacantes Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
En tanto, este jueves el Senado tratará los proyectos para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) y las iniciativas en materia de seguridad y judiciales.
Así lo decidieron los jefes de bloque en una reunion que mantuvieron en el despacho con la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel. La vicepresidenta no conducirá la sesión, ya que asumirá de manera provisoria el Poder Ejecutivo debido al viaje de Milei a Estados Unidos.
demás de discutir la reforma electoral, el Senado tratará lo proyectos de reiterancia y reincidencia, juicio en ausencia y ley antimafia. En todos los casos, las iniciativas ya tienen media sanción de Diputados. Si obtienen luz verde en el Senado se convertirán en ley.
Por su lado, este jueves el oficialismo y sus aliados lograron dictaminar en el Senado el proyecto de Ficha Limpia.
La norma impide a los dirigentes condenados por corrupción en segunda instancia ser candidatos en las elecciones de octubre, aunque no está claro cuándo será discutida en el recinto.
La reunión en la comisión de Asuntos Constitucionales fue tensa, ya que de converitrse en ley la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no podrá ser candidata en los próximos comicios.
Para el kirchnerismo se trata de una maniobra para proscribir a la exjefa de Estado y actual titular nacional del Partido Justicialista.
Además, el debate estuvo atravesado por el escándalo del criptogate.
El senador Mariano Recalde (UxP) tildó a Milei de estafador y delincuente: “Este proyecto no busca limpiar la política, busca proscribir a determinados actores políticos de la Argentina. Que venga el presidente estafador, delincuente; que tiene en su gabinete gente que pide plata a trocha y moche para habilitar reuniones”.
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En defensa del proyecto salieron los radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Carolina Losada (Santa Fe), además del senador Luis Juez (Córdoba), que dijo en referencia a Cristina Kirchner: “Cuando se planteó este proyecto ni siquiera estaba imputada”.
Aseguran que dejaron de recibir los pagos sin previo aviso y que les deben prestaciones de octubre y noviembre pasados. "Nos dicen que no hay plata", afirman
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