El gobierno le sacó la jubilación de privilegio a Amado Boudou: cuánto cobraba

El gobierno nacional oficializó este viernes la baja de los beneficios de privilegios en la jubilación que percibe el exvicepresidente Amado Boudou. Fue horas después de que hiciera lo mismo con la ex presidenta Cristina Kirchner, que además percibía la pensión por el fallecimiento del ex mandatario Néstor Kirchner.

La acción fue motorizada por el Ministerio de Capital Humano, que lidera Sandra Pettovello, luego de investigar la jubilación que tenía Boudou, quien se desempeñó como vice entre 2011 y 2015, cuando Cristina era presidenta.

Según el texto difundido por la cartera de Pettovello, se encontró sustento "en la confirmación de una condena penal que, mediante sentencia definitiva que agota la instancia judicial ordinaria, se afecta el presupuesto legal que requiere este privilegio".

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"El hecho de haber sido encontrado culpable de un delito contra la administración pública en el ejercicio de su función pública tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo asignaciones de privilegio de las que resultaba beneficiario", resalta la resolución.

Cuánto cobraba de jubilación Amado Boudou

En diciembre de 2020, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena a 5 años y 10 meses para Boudou por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Actualmente cumple su pena con prisión domiciliaria.

Por su desempeño como vicepresidente, el excompañero de fórmula de Cristina percibía $ 6.309.622 en concepto de pensión vitalicia.

La decisión de avanzar sobre la jubilación de Boudou se dio horas después de que el Ejecutivo hiciera efectiva la baja de la jubilación de privilegio de Cristina, con el argumento de que tanto la jubilación como la pensión "devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública".

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El gobierno utilizó este argumento luego de que el miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena contra la exmandataria a una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, decisión que fue apelada por la presidenta del PJ y sobre la que deberá expedirse la Corte Suprema nacional.