Legisladores invitaron a los cortesanos y funcionarios de la Acusación y Defensa para darle una puntada final al proyecto que es prioridad para el oficialismo
Por Facundo Borrego
Diputados recibe a funcionarios de la Justicia para darle una última revisión al proyecto de ley de seguridad
En el marco de la agenda de trabajo del nuevo proyecto que propone una reforma integral para fortalecer la seguridad pública, la Cámara de Diputados invitaron a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa para que aporten sus consideraciones al respecto.
Será en la sesión conjunta de la Comisión Asuntos Constitucionales y Legislación General donde se abordarán dos expedientes puntuales. Por un lado, el 58.987 por el que se establecen las normas para implementar las denominadas Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública; y también el 59.996 que ya tiene media sanción del Senado y por el cual se establece el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, comúnmente denominado, robo de celulares.
La invitación está agendada para las 13:30 para la Corte Suprema de Justicia aunque el máximo tribunal por la mañana tiene acordada y la presencia no está confirmada. De igual modo las observaciones que puedan acercar son limitadas ya que tiene entre sus facultades el eventual control de constitucionalidad.
A las 14:30 será el turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que tendrá la representación de la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones (OI), Víctor Moloeznick. La fiscal general María Cecilia Vranicich no asistirá.
Luego, a las 15, será el turno del Ministerio Público de la Defensa, con la defensora general Estrella Robinson. Vale recordar que se sumará un proyecto que le quiere otorgar funciones a la Defensora General de la provincia para crear unidades especializadas en la defensa, entre ellas, de miembros de fuerzas de seguridad.
Por otro lado, recibieron solicitudes de audiencia del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción (Rosario), de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y del Foro Contra la Impunidad y la Justicia.
En mayo se presentó un paquete con una docena de puntos que levantaron rápidamente acusaciones sobre vulneraciones de garantías y derechos. En teoría, los puntos más polémicos se habrían resuelto en Unidos donde había cierta resistencia interna por lo que no habría una discusión en la grilla de temas este miércoles.
Luego de recoger observaciones y terminar de dar el debate interno, la idea es que se vote en la Cámara baja en la sesión del 29 de octubre, ya que a la del 15 no creen llegar ni tampoco tiene preferencia.
En principio, se quitaría la llamada validación probatoria por la cual se pensaba establecer reglas claras para validar pruebas que normalmente quedarían excluidas bajo la teoría del fruto del árbol envenenado (prueba ilícita contamina a las derivadas).
Se quitarían las medidas coercitivas por decreto fiscal, por el cual la fiscalía podría imponer medidas no privativas de la libertad (como vigilancia electrónica, restricciones de circulación, supervisión o cauciones) mediante un decreto fundado.
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El control judicial se desplaza a una etapa posterior, permitiendo que el imputado se oponga después de la medida, pero igual se interpretaba como falta de proceso.
También la zona de intervención policial especial, que se calificó por las críticas como "miniestado de sitio". Se pensaba permitir al Ejecutivo intervenir policialmente sectores con altos índices de criminalidad, violencia o conflictividad, otorgando facultades excepcionales para regular la circulación de personas y el uso del espacio público en esas áreas.
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