El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), derribó un nuevo búnker en Formosa al 600, en la ciudad de Pérez.
Se trata del búnker número 113 desarticulado en todo el territorio provincial desde la puesta en marcha de la Ley de Microtráfico, promulgada a fines de 2023
El búnker estaba ubicado en Formosa al 600, en la vecina localidad de Pérez.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad y en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), derribó un nuevo búnker en Formosa al 600, en la ciudad de Pérez.
El procedimiento se realizó este jueves en Formosa al 600, en el marco de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Pullaro.
La intervención incluyó la inactivación de varios puntos de venta en un mismo pasillo, y forma parte de una estrategia coordinada desde el Gobierno Provincial con el MPA, la Justicia y fuerzas de seguridad.
El operativo no implicó el derribo de una única estructura, sino la clausura de varios espacios dentro de un mismo pasillo que funcionaban como puntos de expendio.
Estas intervenciones se desarrollan desde principios de 2024 como parte de una política sostenida que busca desarticular economías delictivas asociadas al narcomenudeo y reducir los niveles de violencia en los barrios.
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, precisó: “En este caso no se trata de un derribo, sino de la inactivación de un conjunto de locales. Es un pasillo donde funcionaban varios puntos de venta. Continuamos trabajando con la Ley de Microtráfico mediante intervenciones que permiten anular estos espacios que terminan siendo focos de conflicto y generadores de violencia en la comunidad”.
Por su parte, el fiscal Diego Giro detalló que la investigación llevaba más de un año de trabajo articulado con fuerzas federales. “Ya hay personas condenadas en esta causa. En los últimos allanamientos pudimos confirmar que el lugar funcionaba como un punto constante de venta de estupefacientes y también como refugio para personas vinculadas a actividades delictivas”, señaló.
El funcionario judicial agregó que la actividad en el lugar generaba un fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos. “Se registraba un flujo permanente de personas, lo que provocaba situaciones de inseguridad y malestar. Los propios habitantes de la zona manifestaron reiteradamente el perjuicio que esto les ocasionaba”, indicó.
Desde la provincia remarcaron que este tipo de acciones forman parte de un abordaje integral que involucra al Gobierno santafesino, el MPA, la Justicia provincial, la policía y, en muchos casos, fuerzas federales y gobiernos locales. El objetivo es avanzar en la desarticulación de redes de microtráfico y recuperar entornos urbanos afectados por la violencia vinculada al narcomenudeo.
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