El Senado debatirá el 6 de agosto el proyecto de ley de tierras, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina.
El proyecto impulsado por el gobierno modifica el régimen vigente de la ley 26.737, que será tratado el próximo jueves 6 de agosto
El oficialismo realizó varias modiificaciones al texto con el fin de obtener los votos necesarios en el Congreso.
El Senado debatirá el 6 de agosto el proyecto de ley de tierras, una iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que propone modificar el régimen de propiedad de tierras rurales en la Argentina.
Uno de los puntos centrales del proyecto cambia las reglas para la compra de campos por parte de extranjeros. El oficialismo acordó distintas cambios con los bloques aliados para avanzar con la iniciativa.
El oficialismo sostiene que el proyecto busca reforzar la protección de la propiedad privada, otorgar mayor seguridad jurídica a las inversiones y mantener controles sobre la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros y empresas públicas, especialmente en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.
El proyecto introduce una serie de modificaciones respecto de la legislación vigente.
La iniciativa eleva del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podrán estar en manos de personas o empresas extranjeras. Se trata de un cambio respecto del esquema actual y también de una marcha atrás frente al borrador original del gobierno, que directamente eliminaba ese límite.
Estas operaciones deberán inscribirse en los registros inmobiliarios provinciales. En este sentido, cada una de ellas deberá tener la nacionalidad del adquirente y, cuando intervengan empresas con participación estatal extranjera, deberán incorporarse las autorizaciones exigidas por la ley.
La propuesta ratifica que las provincias conservan el dominio originario de sus recursos naturales, de acuerdo con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional.
En ese marco, cada jurisdicción podrá autorizar, regular o rechazar operaciones de compraventa de tierras rurales dentro de su territorio, además de establecer la normativa aplicable.
La iniciativa establece que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en la Argentina. La prohibición también alcanza a empresas con participación estatal extranjera, salvo que cuenten con autorización expresa de la provincia donde se ubique el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
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El proyecto mantiene un régimen especial para los inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera.
En esos casos, cualquier adquisición por parte de extranjeros deberá contar con la aprobación de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional, que evaluará aspectos vinculados con la seguridad nacional, la defensa y los objetivos estratégicos del país.
El proyecto incorpora precisiones sobre el régimen de expropiaciones y establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva.
El texto exige que cada expropiación identifique de forma específica el objetivo perseguido y que la medida resulte idónea, necesaria y proporcional.
En materia de indemnizaciones, dispone que el resarcimiento comprenderá el valor objetivo del bien (tomando como referencia el valor de mercado cuando pueda determinarse) y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación.
Además, contempla el pago por lucro cesante cuando exista una afectación comprobable, aunque fija como regla general un tope del 30% sobre el daño emergente, salvo que el expropiado demuestre un perjuicio superior.
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