Ley de tierras: Bases Federadas convocó a movilizarse

Bases Federadas renovó autoridades, debatió los ejes de un programa agrario nacional y convocó a movilizar el próximo 6 de agosto al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto oficialista que modifica la ley de tierras para flexibilizar la compra por parte de capitales extranjeros. “Si sale, desaparece la Argentina”, advirtieron los representantes de los pequeños y medianos productores.

La entidad celebró el viernes pasado su asamblea anual en la sede rosarina de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Delegados de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, La Pampa y Entre Ríos, deliberaron sobre las demandas sector pero también renovaron autoridades. La entidad será presidida por Omar Príncipe, mientras que Carlos Baraballe ejercerá la vicepresidencia.

El movimiento que integran referentes que en su momento se alejaron de la Federación Agraria, se presenta como la referencia del agrarismo nacional, “con la más genuina tradición federada”. Durante la asamblea realizada en Rosario se abordó la heterogeneidad del sector y se discutieron los ejes estratégicos de un Programa Agrario Nacional.

Desarrollo y arraigo

“Se trató de plantar bandera sobre ejes cardinales para un desarrollo sustentable, con arraigo, equidad impositiva, equilibrio territorial, justicia distributiva, agregado de valor en origen, inclusión social y trabajo para todos”, señaló Bases Federadas en un comunicado. Se hizo hincapié en la unidad y la organización para sostener ese programa.

Un tema candente e inexorable fue el posicionamiento sobre la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, que en realidad es un proyecto “para privar a los argentinos de la tierra, el agua y la riqueza del suelo”. Por unanimidad y en consonancia con la reciente asamblea multisectorial en Santa Isabel, se rechazó todo intento de extranjerización de la tierra y los recursos naturales, con el mandato explícito de movilizarse el próximo 6 de agosto en cada punto de la República, exhortando a productores, trabajadores, legisladores y comunidad en general, a “manifestarse sin condicionamientos ante semejante ultraje a la soberanía”.

En este punto realizaron importantes aportes al debate profesionales, técnicos, intelectuales y los jefes comunales de Máximo Paz, Santa Isabel y María Teresa, comprometidos con el desarrollo local de los pueblos del interior productivo. Todos coincidieron en señalar que “la gravedad de la situación productiva, económica y social del país, más que nunca necesita del compromiso y articulación de todos los actores de los territorios, donde se profundiza la expulsión de productores y el éxodo poblacional”.

“Este modelo está en las antípodas de lo que nosotros queremos porque acelera la exclusión, la concentración y la extranjerización”, expresó Príncipe, al tiempo que denunció el desguace de los principales organismos públicos del sector; y agregó: “Está claro que es un modelo impuesto desde el tesoro de Estados Unidos, las políticas no las definen ni Milei ni Caputo sino los intereses de EE. UU. Este modelo cierra para un grupo muy pequeño, los demás quedan afuera”, enfatizó.

Resistir la entrega

Y fue directo a la cuestión que desvela a todos estos días: “La ley que impacta sobre la soberanía de la tierra es una muestra de todo esto, por eso el 6 de agosto estaremos en el Congreso defendiendo la ley actual y resistiendo la entrega”-

Señaló que “esta voz del sector agropecuario es imprescindible” ya que “no tememos los mismos problemas que un productor de 10 ó 50 mil hectáreas”. Por eso, llamó a luchar para cambiar este proceso de concentración. “Para hablar de tierra no solo hay que frenar esta ley sino plantear y pelear porque la tierra la dispongamos nosotros”, dijo.

“Tenemos que hablar de comercio exterior, de la promoción de las cooperativas que tengan incidencia verdadera en las exportaciones porque son las que garantizan el desarrollo local, el agregado de valor y el empleo. No alcanza con parches, hay que tener un gobierno nacional que se oriente hacia esas políticas”, detalló.

Por eso, invitó a más actores a sumarse a esta organización, “más dirigentes para vencer las trabas financieras, tecnológicas y productivas”.

Las banderas del Grito de Alcorta

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Carlos Baraballe, declaró: “Siempre sepan que en esta entidad vamos a defender las políticas diferenciadas, vemos todos los días como la concentración productiva es mayor a la que teníamos en 1912, en tiempos del Grito de Alcorta. Tenemos que exigir que nos digan con cuántos productores vamos a producir, ésta será la última trinchera si fuera necesario”.

Las deliberaciones incluyeron una ley de arrendamientos, un marco tributario segmentado por escala, y el rechazo de la ley que condena al despojo de los recursos naturales y la pérdida de soberanía.

Así emergieron las problemáticas de las economías regionales, como por ejemplo en la provincia de Mendoza, en la que “están sobrando decenas de miles de hectáreas de viñedos y por ende miles de productores”. Y casos similares como el del tomate y el ajo. “O cambia la política o desaparecemos”, exclamaron.

El capitalismo financiero, que a través de los pool de siembra se monta sobre la actividad agropecuaria, no quedó afuera del análisis. “La tierra la tienen ellos, alquilada, hasta que la puedan comprar”, denunció Bases Federadas. Y pusieron el ejemplo de un pueblo de 35 mil hectáreas, en el que la producción de 25 mil la realizan solo 7 productores”.

La clase política no se salvó de la crítica: “Una gran mayoría no tiene ni idea de lo que es el campo y hasta les cuesta definir qué es un productor”, señalaron. Se instó a convencer a los políticos que el campo no es uno solo, que urge la necesidad de políticas públicas diferenciadas para pequeños y medianos productores, tener una posición sobre el Paraná y defender la ley de tierras, madre de todas las batallas. “Si sale la ley desaparece la Argentina”, advirtieron.

Además de Príncipe y Baraballe, como presidente y vice, respectivamente, resultaron electos Sebastián Campo (secretario), Pablo Paillole (prosecretario), Silvio Antinori (tesorero), Daniel Pizzolato (protesorero) y Ana María Riveiro, secretaria de Género.