¿Qué es el lawfare, esa palabra tan de moda que se escucha desde hace algún tiempo en discusiones políticas en diferentes partes del mundo? El concepto hace referencia al uso de procesos legales como forma de llevar a cabo operaciones de erosión, proscripción o destitución de figuras relevantes o movimientos de peso en un país o región. Combina los términos "law" (ley o derecho) y "warfare" (guerra o conflicto), y se traduce del inglés como “‘guerra jurídica”. Configura un esqueje de lo que el analista militar norteamericano William S. Lind denomina “guerra de cuarta generación''.
Este modo de llevar el conflicto por caminos no formales de enfrentamiento tiene la particularidad de ser dirigido a objetivos civiles, con la intención de licuar la base sobre la cual se forma conciencia. Es decir, se busca confundir al receptor de estos ataques mediante el uso del ciberespacio, la información, la violencia callejera o la desestabilización económica. La embestida hacia la sociedad civil puede provenir desde la diplomacia extranjera, desde los medios de comunicación, desde los sectores corporativos transnacionales y, en el mecanismo que tratamos de describir, desde la administración de justicia.
Las guerras de cuarta generación son el modo actual que tienen los conflictos de desenvolverse, las sanciones económicas que Occidente impuso al gobierno ruso por su invasión a Ucrania son un ejemplo más que contundente.
Por otro lado, las guerras jurídicas han sido habituales en nuestro continente pero también en diversos lugares del mundo durante la última década.
En 2016, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue condenada en un impeachment o juicio político por manipular los presupuestos del Estado.
En Colombia, en 2018, se emitieron órdenes de captura internacional contra el ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, por narcotráfico, pero un año después quedó en libertad por falta de pruebas.
Por su parte, el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado por un delito de corrupción también en 2018 y después sería inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Ya en 2021, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ingresó en la cárcel acusada de corrupción, conspiración y sedición por haber participado en el golpe de Estado que derrocó en 2019 al entonces presidente Evo Morales.
Como nos recuerda Patricia Moreno, fuera de la región latinoamericana, otro caso llamativo de lawfare ha sido el del opositor ruso Alexéi Navalni, quien lleva años acusando de corrupción al gobierno de Vladímir Putin. Navalni sobrevivió a un envenenamiento en agosto de 2020, que le provocó un coma y por el que pasó cinco meses en un hospital de Alemania. El intento de asesinato se atribuyó al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, y tan pronto Navalni regresó a Rusia en enero de 2021 fue detenido en el aeropuerto y puesto a disposición judicial. Se le arrestó por haberse saltado su sentencia condicional por supuesta malversación de fondos, al no presentarse ante el servicio penitenciario ruso en diciembre, mientras se recuperaba del coma en Alemania, y hasta la fecha sigue encarcelado.
Ahora bien, la modalidad de desgaste tiene una correlación directa con el ascenso político de aquellos que lo llevan a cabo, resulta muy cercano y palpable el ascenso del fiscal brasileño Sergio Moro, encargado de llevar adelante el caso que quizá es el más popular en lo referido a estas guerras jurídicas, el del ex presidente de Brasil Lula da Silva. En 2018 fue acusado y condenado por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras estaba en el poder, pero un juez de la Corte Suprema anuló las sentencias en 2021 por considerar que tanto la fiscalía como el juez no habían actuado de manera imparcial. El ex presidente, de regreso a la política, no ha dejado de ser una figura querida en el país. De hecho, las encuestas de intención de voto lo dan como ganador en 2022 frente al actual presidente Jair Bolsonaro, ejercicio efectivo del cual Moro se configuró como ministro de Justicia como premio por haber llevado adelante la persecución y detención del líder del Partido de los Trabajadores
El proceso llevado adelante contra Cristina Kirchner se encuentra plagado de condimentos citados en párrafos anteriores. Será cuestión del trabajo judicial, del tiempo y de las pruebas saber si el caso está destinado o no a engrosar el largo catalogo de estos golpes blandos.
