Las autoridades del bloque Cambiemos buscarán realizar desde los primeros días de febrero negociaciones con fuerzas políticas opositoras para consolidar acuerdos que le permitan conformar una mayoría necesaria para sancionar iniciativas claves para la Casa Rosada.
El presidente Mauricio Macri anunciará el 1º de marzo, cuando inaugure el 134º período de sesiones ordinarias del Congreso, el envío de un conjunto de proyectos, entre los que figuran, según informaron fuentes parlamentarias, la reforma de ley cerrojo para habilitar las negociaciones con los fondos buitre y la modificaciones a la ley de impuesto a las Ganancias, la ley del arrepentido y la de acceso a la información pública.
Para poder sancionar estas iniciativas, en Diputados el oficialismo deberá enhebrar acuerdos con otras bancadas dado que el interbloque Cambiemos tiene alrededor de noventa legisladores, por lo que precisará el aval de unos cuarenta diputados más para alcanzar el quórum y poder votar.
El oficialismo buscará repetir un esquema que armó con otras bancadas para conformar el consenso parlamentario, como la que logró para impulsar la postulación del macrista Pablo Tonelli como miembro del Consejo de la Magistratura.
El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el jefe de la bancada, Nicolás Massot, confían en que podrán realizar estos acuerdos con el interbloque UNA (cuya columna vertebral es el massismo), que tiene unos 35 legisladores, y con los puntanos de Compromiso Federal.
Además prevén encarar conversaciones con el bloque Progresistas, que tiene seis miembros, y con el Juntos por la Argentina (del ex renovador Darío Guistozzi), que cuenta con cinco diputados. Para algunas iniciativas también apuntarán a tener el respaldo del Frente Cívico de Santiago del Estero, del ex radical Gerardo Zamora.
A modo de ensayo, el documento denominado Acuerdo Parlamentario para respaldar la postulación de Tonelli fue firmado por los interbloques de Cambiemos, el Frente Amplio Progresista (socialistas, Gen y Libres del Sur), Juntos por Una argentina, Movimiento Popular Neuquino, Partido Justicialista Pampeano, Compromiso Federal y Libertad y Democracia.
Los macristas sostienen que para algunas leyes tendrán el respaldo de los massistas, en otras de los progresistas y en muchas de ocasiones esperan contar con el respaldo de los diputados peronistas que responden a los gobernadores del PJ.
Desde la bancada del Frente para la Victoria, que tiene la primera minoría con 95 legisladores, su presidente Héctor Recalde reconoció que “hay matices dentro del bloque”, y se vio obligado a desmentir las versiones de ruptura que sobrevuelan en el Congreso.
Lo concreto es que el FpV-PJ está virtualmente dividido entre los kirchneristas y peronistas que responden a los gobernadores. Algunas fisuras pudieron traslucirse en las conferencias convocadas por el bloque durante este mes en las que Recalde estuvo acompañado habitualmente por los diputados camporistas (son 26 los miembros de esa organización en el Congreso), los cristinistas más duros como Carlos Kunkel y Diana Conti, y otros como la sciolista Cristina Alvarez Rodríguez.
Así sucedió cuando cuestionaron los DNU que modificó la ley de medios, el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte y la decisión de la Justicia de encarcelar a Milagros Solas, una dirigente que está fuertemente enfrentada con el gobernador Gerardo Morales.
Por lo pronto, la primera negociación que tiene que encarar Monzó es la distribución de las comisiones y allí se producirá una fuerte discusión entre el oficialismo y el FpV porque el macrismo quiere conducir los principales organismos, que son clave para emitir los dictámenes que se debaten en el recinto.
Monzó adelantó que Cambiemos conducirá y tendrá mayoría en Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía, y encabezar otra comisión estratégica: Juicio Político.
No será una discusión sencilla y la primera muestra de la difícil relación que tendrá el oficialismo y la conducción del FpV se planteó por la distribución de las oficinas en el histórico palacio del Congreso, cuando Monzó clausuró el amplio despacho otorgado a Máximo Kirchner y provocó la airada queja de La Cámpora.
Por Facundo Borrego