Apelaron el sobreseimiento al ex senador Luis Rubeo por el crimen de Constantino Razzetti

El fiscal Adolfo Villate rechazó el dictamen del juez Marcelo Bailaque por el homicidio ocurrido en 1973. La querella adhirió a la apelación y cargó contra el magistrado
18 de marzo 2021 · 11:30hs

La investigación judicial por el asesinato del militante justicialista Constantino Razzetti, el ex vicepresidente del Banco Municipal de Rosario ejecutado a balazos frente a su domicilio del macrocentro de la ciudad la madrugada del 14 de octubre de 1973, tuvo en estos días un nuevo capítulo en los Tribunales Federales. El fiscal general a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, Adolfo Villate, apeló el sobreseimiento que en los últimos días de febrero pasado dictó el juez Marcelo Bailaque en favor del ex senador Luis Rubeo y el militante Eduardo Aguilera al considerar “extinguida la acción penal” no solo por el paso del tiempo sino también por la falta de mérito que encontró oportunamente para indagar a los involucrados, un criterio que fue avalado oportunamente por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y por la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos jueces entendieron que el caso bajo análisis “no puede ser entendido como un delito de lesa humanidad”, tal como desde un principio lo reclamaron la Fiscalía y los descendientes de Razzetti al constituirse como querellantes en el expediente.

En ese mismo marco Carlos Jorge Razzetti, hijo del funcionario asesinado, adhirió a través de su representante legal al recurso de apelación del fiscal en su carácter de querellante, remarcó con énfasis su disgusto por la disposición del juez Bailaque y anticipó que no solo denunciará al magistrado “por inacción y descalificar el carácter del crimen como un hecho de lesa humanidad” sino que también pidió una audiencia al flamante ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, para “presentarle todas las pruebas que obran en el expediente de 14 cuerpos que confirman que Luis Rubeo fue jefe logístico y operativo de la organización paraestatal Triple A (ideada y comandada por quien fuera ministro de Bienestar Social del último gobierno de Juan Domingo Perón) que llevó adelante entre otros crímenes, el de mi propio padre”.

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El crimen

La madrugada del 14 de octubre de 1973 Constantino Razzetti llegaba a su casa de San Lorenzo al 2600 en su viejo Valiant tras asistir a una cena en una unidad básica justicialista de la zona norte en la que se festejaba la asunción de Perón a su tercera presidencia. Estaba en compañía de su esposa, Nélida Gitrón, y uno de sus hijos, Luis. Entonces, en la oscuridad de la madrugada, a quien pocos días antes había sido nombrado vicepresidente del Banco Municipal de Rosario se le acercó un hombre y le disparó por la espalda. Cuando la víctima se desplomó bajo el auto, herida de muerte, le hizo otros tres disparos. Razzetti murió en el acto, su esposa resultó herida y nadie dudó en ese momento de que se trataba de un homicidio con claros signos políticos en un país sumido en turbios tiempos y enfrentamientos internos en el peronismo además del surgimiento de organizaciones armadas y paraestatales que empezaban a sembrar el terror en la Argentina.

El asesinato no fue reivindicado por ninguna organización, pero según Razzetti hijo el nombre de su padre figuraba en una lista de condenados a muerte bajo la metodología que tenía el sello de la Triple A, la organización paraestatal que no firmó sus atentados hasta después de la muerte de Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974. Y en ese sentido, Carlos Razzetti no escatimó palabras y pruebas en todo el tiempo transcurrido para sostener que "detrás del homicidio estuvo el ex senador Rubeo como jefe logístico de la Triple A en el sur santafesino".

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En su defensa, el ex legislador nacional por la provincia de Santa Fe siempre sostuvo que él mismo había sido uno de los perseguidos por la Triple A y que su rostro había aparecido en la tapa de la revista El Caudillo, “dirigida por uno de los sicarios de López Rega, Felipe Romeo, que promovió la siniestra práctica de publicar las fotos de quienes luego serían «ajusticiados» y «asesinados»”. Ese descargo del ex senador fue publicado por este diario en su versión on line el jueves 6 de marzo.

La causa por la muerte de Razzetti quedó a cargo del juez Raúl Iturraspe, quien intentó avanzar en la hipótesis de una interna del peronismo que nunca pudo corroborar mientras el expediente sumaba nombres, acusaciones y hasta la mención del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Incluso, el hijo de Razzetti sostuvo tiempo después que en agosto de 1973 su padre había detectado maniobras dolosas en el sector de créditos pignoraticios del Banco, sección que controlaba el dinero obtenido por las prendas de empeños de la entidad. Y el 11 de octubre, tres días antes de su muerte, se habría opuesto a un pedido de descubierto del Ejecutivo Municipal. Finalmente las actuaciones fueron archivadas el 3 de septiembre de 1975 y el 5 de mayo de 1981 se ordenó el cese de “toda orden de captura o pedido de colaboración” en torno a la causa.

Periplo judicial

Con el retorno de la democracia en 1983 y en el marco de la persecución al terrorismo de Estado desatado por la última dictadura cívico-militar, el entonces juez federal Norberto Oyarbide se hizo cargo de reabrir las investigaciones de los delitos atribuidos a la Triple A producidos antes del 24 de marzo de 1976. La causa por el crimen de Razzetti siguió ese camino pero siempre fue desestimada como un hecho de lesa humanidad a pesar de los constantes reclamos y presentaciones judiciales hechas por sus herederos.

En ese marco, el juez federal Marcelo Bailaque remite en su fallo de febrero pasado a una resolución de diciembre de 2006 dentro de la causa 1075/2006 caratulada “Triple A”, confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal el 14 de mayo de 2008, que indica que “el acervo probatorio reunido a lo largo de quince años de investigación no hace otra cosa que confirmar la versión analizada en la resolución referida y en la cual se expuso que la génesis de la organización Triple A fue posterior a la fecha en la cual se produjo la muerte de Constantino Razzetti”.

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Además, el magistrado menciona que “con posterioridad al dictado de la resolución del 27 de diciembre de 2018 no se incorporaron nuevos elementos de prueba que señalen la participación de la Triple A en los hechos investigados, ni tampoco se advierten medidas pendientes de producción. Incluso, a las numerosas pruebas analizadas a lo largo de todo el expediente en las diferentes resoluciones dictadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario agregó en su fallo del 28 de noviembre de 2019 que «a su vez, la sentencia dictada en la causa seguida a las Juntas Militares, conocida como Causa Nº 13, dedicó un capítulo a las actividades de la Triple A, a la que le atribuyó como objetivo aparente el de combatir a organizaciones subversivas; una nómina de ochenta víctimas; y un ámbito de actuación que al menos comprendía la Capital Federal, el conurbano bonaerense, Tucumán, Mendoza y las ciudades de La Plata, Brandsen, Mar del Plata y Bahía Blanca». Es decir, que no se observó en aquel momento actividad por parte de la organización paraestatal en esta ciudad de Rosario”.

La apelación

Conocido el dictamen de Bailaque, el fiscal federal Adolfo Villate apeló la medida remarcando “lo afirmado en dictámenes anteriores en relación a que los hechos son verosímiles en su existencia, guardan apariencia delictiva y encuadramiento jurídico penal en los delitos de homicidio calificado por la doble circunstancia de la alevosía con que fue cometido y por el estado de indefensión de la víctima (Constantino Razzetti), tentativa de homicidio (para el caso de Nélida Gitrón de Razzetti) y asociación ilícita. También en relación a que existen elementos de sospecha bastante como para entender que los imputados han participado en la comisión de dichos delitos y que éstos son delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo de estado”.

En su escrito, Villate sostien en que su apelación “es al solo efecto de garantizar los derechos constitucionales de las demás partes interesadas en este proceso, por lo que formulo protesta para recurrir en Casación y hacer reserva del caso federal para concurrir en última instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario”.

Así las cosas, el fiscal apeló el sobreseimiento al entender que “no se realizó un detalle de las pruebas incorporadas y menos aún de toda la prueba tras la resolución de la Cámara del 27 de diciembre de 2018 (...) y que de haberlo hecho, la conclusión a la que se hubiera arribado sería diametralmente opuesta a la que derivó” en el sobreseimiento de Rubero y Aguilera; y que “para establecer si un delito es delito de lesa humanidad hay que determinar la existencia del mismo, análisis que (el juez) se ha omitido por completo”.

“Es muy extraño lo que sucede en este proceso”, dice Villate. “Es que no se llega a comprender cómo puede decirse que un delito no es de lesa humanidad _ello como para imputar a los señalados sin que quepa la extinción de la acción penal por prescripción_ sin que antes se haya analizado si el hecho es verosímil en su existencia, si éste tiene apariencia delictiva y su encuadre presuntivo, como también si obran contra los encartados sospechas suficientes acerca de su comisión. Sólo puede decirse de un hecho con apariencia de delito no es de lesa humanidad, si no se concluyó primero _es claro, en forma provisoria_, que parece ser un delito”, explica el fiscal.

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También critica el fiscal que el juez Bailaque “sigue insistiendo en basarse en una fecha estanca, mencionada por una resolución de la Justicia Federal de Capital Federal, para no analizar tan siquiera la probabilidad de que la Triple A haya actuado sin ese nombre antes de determinada fecha. Como si lo importante fuera el nombre o la firma con esa sigla de un comunicado en lugar de la existencia de la misma. Es decir, amparándose en la decisión de otro tribunal que no analizó en profundidad las circunstancias fácticas de éste hecho, se refugia a pie juntillas y en forma dogmática a su jurisprudencia y, en base a ello, ni siquiera admite la posibilidad de que una organización prohijada, amparada y propiciada al menos por alguna parte del gobierno nacional del momento, que se dedicó a la persecución sistemática de determinados grupos políticos en nuestro país, cometiendo diversos ataques como el que se investiga en esta causa, hubiera actuado en nuestra ciudad en este suceso en concreto”, es decir en el crimen de Razzetti.

También el fiscal remarca que “los hechos deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias independientemente de que en la investigación deba o no acreditarse la comandancia de Juan Domingo Perón sobre una estructura estatal que tenga como objeto la persecución ilegal de la población civil o grupos de población civil, sencillamente porque esa no es una condición necesaria para establecer la existencia de la estructura estatal en trato”. Y aclara que “Perón pudo conocer o no su existencia y eso no la hace menos real, ni disminuye los atributos que la hacen pasible de ser considerada como esa estructura paramilitar que tenía esas finalidades”.

Finalmente, aclara el fiscal que desde fines de 2018 “se incorporaron nuevos elementos de prueba que, analizados integralmente con el resto de los medios de convicción, dan como resultado la probabilidad cierta de que los hechos fueron cometidos por la organización que luego se diera en llamar Triple A”; que “en innumerables causas en trámite en ésta jurisdicción, más allá de lo afirmado por la Cámara Federal, se ha acreditado la actuación de la organización Triple A y crímenes de la misma en esta ciudad antes del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976”.

Adhesión y enojo

Tras la apelación presentada por el fiscal Villate, Carlos Jorge Razzetti presentó su adhesión a ese recurso en su carácter de querellante bajo los mismos términos. Pero más allá de eso, el hijo del reconocido militante que fuera asesinado aquella madrugada de octubre de 1973 recordó todo el proceso judicial que se viene desarrollando y denostó enérgicamente la actuación del juez Marcelo Bailaque.

Todo lo hecho hasta el momento por este magistrado está mal. Para declarar extinguida la acción penal tiene que haber certeza de inocencia en el delito que se investiga y no existe ni una sola prueba presentada por el ex senador Rubeo para sostener la inocencia que dice tener. Nosotros provocamos desde el mismo inicio de la causa un «tsunami» probatorio, se incorporaron declaraciones de gente que militó y tiene actividad política desde la década del 70, personas que conocieron la activa militancia de mi padre y su posición ante lo que se vivía en el país en aquel momento, pero el juez también se opuso a tomarle declaración a muchas personas que nosotros ofrecimos como testigos de la misma forma que se opuso en su momento a indagar a Rubeo y a los otros implicados en el crimen de mi papá, lo que nosotros apelamos oportunamente y nos fue denegado”.

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Desde su casa en el sur del país, Razzetti hijo dijo que “desde hace varios años la Justicia argentina opera para que el crimen de mi padre no sea investigado como se debe, como un delito de lesa humanidad, y por eso estoy enojado. Como también estoy enojado poque en mi situación personal, porque yo fui perseguido, detenido y torturado durante la dictadura civico militar, ningún juez se puso el sayo para buscar la conexión entre el caso de mi papá y el mío. Y lo hecho por el juez Bailaque al descalificar el carácter de lesa humanidad del crimen de mi padre va en ese sentido”.

“Los jueces que actuaron en la causa Razzetti se han llevado por delante toda la legislación. Hace 40 años que está catalogado como un homicidio y jamás avanzaron en su investigación como tampoco en el intento de homicidio que sufrió mi mamá, baleada en el mismo episodio que sufrió mi familia, por reconocer a quienes cometieron el crimen”, agregó Carlos Razzetti, ex empleado de la Municipalidad de Rosario echado por el último gobierno de facto y nunca indemnizado por ello.

Razzetti hijo también recordó que el caso de Constantino fue presentado oportunamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “con todas las pruebas objetivas reunidas en el expediente y si esa presentación avanza y mi demanda llega a la Corte Interamericana es posible que el país sufra una derrota jurídica que le costará millones de pesos a todos los habitantes del país”.

Finalmente, el hijo de Constantino Razzetti dijo que “Bailaque insiste en que el crimen de mi papá no fue de lesa humanidad y se basa en ello para decir que la Triple A no tenía acción en Rosario u otras ciudades para esa época, pero está debidamente demostrado que Rubeo era el jefe logístico y operativo de esa organización militar paraestatal, hay libros que así lo afirman, y ese grupo cometió homicidios como el de José Ignacio Rucci (quien era titular de la CGT y fue asesinado el 25 de septiembre de 1973 en Capital Federal) o como el del periodista José Domingo Colombo (baleado en la redacción del diario El Norte de San Nicolás el 3 de septiembre del mismo año), es decir semanas antes de que mataran a mi padre por lo que no puede establecerse una fecha para el inicio de sus actividades clandestinas como lo plantea el juez. Y que casualidad -agrega Razzetti hijo- ninguno de los crímenes de la Triple A tuvo condenados, salvo en el caso de Colombo, aunque cuando los homicidas cumplieron sus condenas terminaron siendo asesinados”.

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