Allanan terreno que Báez compartiría con Cristina

El fiscal federal Guillermo Marijuan encabezó ayer varios allanamientos simultáneos en unas 40 propiedades del empresario Lázaro Báez en El Calafate (Santa Cruz), una de las cuales compartiría con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre las propiedades allanadas se encuentra un terreno de 87 mil metros cuadrados ubicado en Punta Soberana, a unos 10 kilómetros del casco urbano de El Calafate, y un hotel del empresario que aún no fue inaugurado, emplazado en el centro de la ciudad, conocido como el "shopping Báez".

Los procedimientos se realizaron en el marco de la causa por lavado de activos (conocida como ruta del dinero K) que investiga el fiscal y por la que está detenido el dueño de Austral Construcciones desde hace dos meses.

Los allanamientos "dan una idea del patrimonio de Báez, ya que sólo se contaba con información catastral", precisó Marijuan luego de participar de uno de los operativos.

En ese sentido, el fiscal explicó que esas actuaciones judiciales "sirven para evaluar el tiempo de construcción y el uso de los bienes". Y enfatizó que luego se hará una "valuación de los mismos".

Sorpresa. Asimismo, Marijuan se mostró sorprendido por el "valor de la estancia Alquinta", perteneciente a Báez, cuyo allanamiento se llevó a cabo el miércoles pasado. Respecto de lo actuado ese día, ratificó que en el operativo realizado en la casa de Río Gallegos de Luciana Báez, hija mayor del empresario, tanto la mujer como su hermano Leandro lo consultaron "sobre aspectos vinculados a la causa", cuestión sobre la que evitó dar detalles.

De todos modos, Marijuan admitió que es probable que "pueda haber una nueva reunión" en Buenos Aires con la familia Báez.

Querellante. El gobierno nacional, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), fue aceptado como parte querellante en la causa conocida por lavado de activos.

Aunque el juez federal Sebastián Casanello está en Roma, de visita oficial en el Vaticano junto a otros magistrados y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, la OA, que conduce Laura Alonso, fue notificada ayer de la decisión del juez.

Casanello entendió que "corresponde admitir el ejercicio de la acusación privada por parte de la OA en todos los casos de naturaleza criminal en que se persiga el esclarecimiento de hechos en que se vea perjudicado el patrimonio del Estado y respecto de las conductas concordantes abarcadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción".

Cuando pidió ser querellante, la OA destacó la importancia de la declaración de Leonardo Fariña y recuerda "la relación directa que a menudo se verifica entre hechos de corrupción en perjuicio del Estado y el encubrimiento por lavado".

"Sistema corrupto"

Al pedir su participación como querellante, la Oficina Anticorrupción (OA) había resaltado que "la declaración de Leonardo Fariña reveló que el movimiento de fondos que se investiga obedeció a un sistema corrupto iniciado por la adjudicación digitada de obras públicas" a través del Ministerio de Planificación, entre otros ilícitos.