Al pedido de desafuero de Traferri ya lo esperan las comisiones del Senado

Con el pedido de los fiscales rosarinos formalizado ayer para que los legisladores suspendan la inmunidad parlamentaria y, de ese modo, poder avanzar en la investigación penal contra el senador provincial Armando Traferri (causa por el juego ilegal), y la ruptura en tres bancadas del bloque oficialista como agitado telón de fondo, el Senado santafesino tiene agendado sesionar mañana en un convulsionado arranque del período extraordinario de la Legislatura.

El escrito de nueve carillas presentado el mediodía por los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicita la suspensión de la inmunidad constitucional del jefe del bloque de senadores y referente del Nuevo Espacio Santafesino (NES).

En la nota dirigida a la vicegobernadora y presidenta de la Cámara alta, Alejandra Rodenas, “solicitan el desafuero de Traferri en los términos previstos en la Constitución Nacional, el artículo N° 51 de la Constitución Provincial y el artículo N° 27 del Código Procesal Penal de Santa Fe”.

Además, en el texto se solicita al Senado que convoque a los fiscales “a los fines de poner en conocimiento la causa, exhibir las evidencias y dar las explicaciones y fundamentos” que sustentan el pedido de desafuero. En rigor, el escrito tuvo que ser presentado dos veces por defectos en su formalidad, ya que el primero que llegó a la Cámara alta fue devuelto por tratarse de una copia sin firmas ni certificaciones.

Las imputaciones contra Traferri implosionaron el mayoritario bloque del justicialismo en el Senado que, desde el lunes pasado, quedó partido en tres bancadas. Por un lado, los seis integrantes que permanecen fieles al sanlorencino dentro de la bancada Juan Domingo Perón y, por otro, los cuatro senadores perottistas, entre ellos el rosarino Marcelo Lewandowski y el capitalino Marcos Castelló, quienes dieron el portazo y conformaron el bloqueLealtad. Al margen de esos dos espacios antagónicos quedaron Eduardo Rosconi y Cristina Berra, quienes decidieron constituir su propia bancada.

“Con semejante panorama será difícil que podamos sesionar (hoy), porque hay que formalizar previamente la nueva constitución de los bloques”, comentó a La Capital un legislador, en un atardecer lleno de indefiniciones.

No por esperada, la presentación realizada por los dos representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) no dejó de alterar los ánimos entre los legisladores que componen el cuerpo que preside Rodenas. Incluso, entre los siete senadores radicales de la opositora bancada del Frente Progresista (FPCyS), que encabeza Felipe Michlig.

Uno de ellos consignó: “Las de esta semana iban a ser las últimas sesiones del año y, si bien no descartamos que pueda haber alguna otra sesión especial para tratar algún tema, los tiempos del tratamiento del desafuero serán los que demande el funcionamiento parlamentario luego de que se le dé ingreso”.

Traferri adelantó la semana pasada, cuando se presentó ante los fiscales en el Centro de Justicia Penal de Rosario, que no está en sus planes renunciar a las inmunidades constitucionales porque ese tipo de desafuero, o suspensión de inmunidad, depende de una decisión de la Cámara alta, por mayoría especial de dos tercios, y no de su propia voluntad.

El texto constitucional santafesino establece que “ningún miembro de ambas Cámaras, sin autorización de la Cámara a que pertenece, acordada por dos tercios de los votos de los presentes, puede ser sometido a proceso penal”.

“Sin la misma autorización —agrega el artículo 51 invocado en su escrito por los fiscales—, tampoco puede ser detenido, o de alguna manera restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido en el acto de cometer un delito que no fuere excarcelable”

 Asimismo, prescribe que “la decisión de las Cámaras que disponga la suspensión de la inmunidad puede comprender también la suspensión en el ejercicio de las funciones del cargo” de legislador.

Intimado

Mediante carta documento, el ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, le dio 72 horas a Traferri para que “respalde” ante la Justicia, con elementos de prueba, sus acusaciones.

El senador había señalado a Sain como el responsable de operaciones y “carpetazos” en la provincia.