En el marco de la megacausa Esma, la Fiscalía acusó hoy al grupo de tareas que actuó allí, encabezado por el excapitán Jorge “El Tigre” Acosta, por el secuestro, tortura y asesinato de tres abogados emblemáticos, que presentaban “habeas corpus” en defensa de presos políticos durante la última dictadura militar.
En su alegato acusatorio durante el tercer tramo del juicio, la fiscal Mercedes Soiza Reilly dio por probada la participación del Grupo de Tareas GT.3.2 en el secuestro del abogado Guillermo Díaz Lestrem, junto con sus colegas Carlos Pessi y Mario Hernández, en distintos operativos, entre el 19 y el 20 de octubre de 1978.
Díaz Lestrem, cuyo nombre lleva el salón principal de la Defensoría Oficial, era militante peronista y fue secuestrado el 19 de octubre de aquel año en la intersección de Lavalle y Montevideo, por una patota de la Esma y trasladado al centro de tortura y exterminio más grande de la dictadura.
En ese lugar, Díaz Lestrem fue visto por varios de los sobrevivientes, entre los que se cuenta Hilda Noemí Actis Goretta, quien declaró ante la Justicia haberlo visto en uno de los baños con signos de tortura, y un mes después supo que había sido trasladado.
La fiscal dio por probado que Díaz Lestrem fue trasladado y torturado en un sótano de la Esma y que permaneció alojado en Capuchita hasta su traslado.
Los otros dos abogados también fueron vistos en la Esma, pero sus cuerpos nunca fueron hallados.
Actis Goretta, quien realizaba trabajo esclavo en el lugar conocido como “la Pecera”, recordó haber leído un mes después en los diarios sobre el hallazgo del cadáver de Díaz Lestrem, en la Plaza Falucho, ubicada en la calle Freyle, en el barrio de Belgrano.
Díaz Lestrem estaba casado, con la abogada y militante de Montoneros Nelly Ortiz, quien también fue secuestrada y continúa desaparecida.
Su nombre también se impuso al hall central de la Procuración General.
Por la desaparición de Díaz Lestrem fueron acusados, además de Acosta, Alfredo Astiz, Juan Carlos Rolón, Ricardo Miguel Cavallo, Jorge Rádice, Pablo García Velazco y Ricardo Pernía, entre otros.
Todos ellos, sobre quienes pesa la pena de prisión perpetua, fueron acusados por los delitos de privación ilegitima de la libertad, torturas y tormentos, homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de funcionarios públicos.
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