Un año después del procesamiento de Luis “Pollo” Bassi y dos supuestos laderos suyos por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero —señalado como jefe de la banda de Los Monos— el fiscal que interviene en el caso pidió atenuar la calificación que pesa sobre los acusados, justo cuando la causa está por entrar en la etapa de juicio. Los tres están presos como coautores de un homicidio calificado por la premeditación, con pena de prisión perpetua. Pero ahora tanto la acusación como las defensas pidieron cambiar esa figura por la de homicidio agravado por uso de arma de fuego, con un mínimo de 10 años y ocho meses. Lo que está en juego no es sólo la pena sino, sobre todo, el tipo de juicio: en el primer caso la muerte del Pájaro se trataría en forma oral, en el segundo bajo la vieja modalidad escrita.
El pedido fue formulado por el fiscal que interviene en la causa desde el inicio, Enrique Hernán Paz, quien alega problemas formales en la atribución del delito a los implicados y sostiene que la calificación actual puede ser blanco de nulidades. El pedido fue presentado en simultáneo con reclamos idénticos del abogado de Bassi, Enrique Sirio, y del defensor oficial Oscar Loberse, quien representa al acusado Facundo “Macaco” Muñoz.
Rechazo. El juez de Instrucción Juan Andrés Donnola, que en julio de 2014 procesó a Bassi, Muñoz y Milton Damario como integrantes de una misma banda, ya se opuso dos veces al pedido de atenuación del fiscal y los defensores. Incluso la semana pasada dictaminó, mediante un decreto, que el cambio no es viable porque Paz ya formuló la requisitoria de elevación a juicio por el delito anterior y respondió que si el fiscal pretende inclinarse por otra figura debe hacerlo en el juicio y no en la instrucción, donde la investigación está prácticamente agotada.
Además de rechazar los planteos, Donnola no hizo lugar a apelaciones de las partes. Por eso Sirio y el fiscal Paz acudieron “en queja” a la Cámara Penal para que revise la decisión del juez. Para darle curso a esa medida un camarista evaluará si la queja tiene procedencia formal. En ese caso, se analizaría la cuestión de fondo para definir si la medida causa un gravamen irreparable o afecta el derecho de defensa.
Tres a juicio. Claudio Ariel Cantero fue asesinado cerca de las 6 del domingo 26 de mayo de 2013, cuando estaba por entrar al boliche Infinity Night de Villa Gobernador Gálvez. Acompañado por dos amigos, estaba orinando frente a un galpón cuando fue atacado por un tirador que huyó en una Ford Ecosport gris oscura donde lo esperaban otras personas. De los casi 15 tiros, tres le dieron a Cantero, uno en el corazón. Otro hirió a su ladero Lisandro Mena, quien siete meses más tarde fue asesinado a balazos frente al casino.
La investigación que primero encabezó el juez Hernán Postma y finalmente resolvió Donnola arrojó en base a escuchas que en el entorno del Pájaro se inició una cacería de los autores. De hecho, en dos días hubo cuatro muertes en represalia.
De esas conversaciones, otros testimonios y el hecho de que los sospechosos intentaran ocultarse tras el crimen surgió la prueba contra los procesados. Uno de ellos, Bassi, está preso como instigador y ya perdió a dos hermanos y a su padre asesinados en actos de venganza. Como ejecutor fue procesado Milton Damario. El tercer acusado es Facundo Muñoz. Los padres de éstos también fueron asesinados en represalias aún no aclaradas.
A los tres el juez Donnola les atribuyó “una clara participación en conjunto en un hecho que los convoca y que los hace ocultarse luego de consumado”, de lo que existen “pruebas de importancia, además de las indiciarias”. El delito que les adjudicó es el de homicidio calificado por el acuerdo premeditado de dos o más personas, pautado en el artículo 80 inciso 6 del Código Penal, que prevé perpetua. El procesamiento no fue apelado.
Un año después el expediente sigue en el mismo juzgado, con los acusados presos, porque hubo recursos de las partes que resolver, trámites de hábeas corpus y nuevas pruebas que demoraron el camino al juicio. Si bien la causa es del viejo sistema escrito, está regida por un código procesal de transición que para ese delito prevé juicio oral.
Cambio de rumbo. De esa figura que sostuvo a lo largo de dos años tomó distancia ahora Paz, quien ya dos veces le pidió al juez reencuadrar el hecho como homicidio agravado por el uso de arma. Un delito con una pena mínima que ronda los once años y que, en el viejo sistema, prevé trámite escrito. Argumentos. El fiscal solicitó el nuevo enfoque en base a dos motivos. Primero porque “no está probada la premeditación”. Según dijo este diario, se necesitan al menos tres personas activas e identificadas participando en el ataque. Y en este caso Bassi no entraría en la enumeración porque lo acusan como instigador, es decir, fuera de la escena de la balacera.
Por otro lado, el fiscal advirtió en una relectura de la causa que estaría “violentado el principio de congruencia” porque en el momento de la indagatoria a los acusados no les reprocharon la premeditación sino sólo el acto material del homicidio. Esto, alega el fiscal, no les permitió responder por el agravante y habría violentado el derecho de defensa.
“Si lo advierto, debo hacerlo saber”, consideró Paz, para quien el debate por la calificación debe darse ahora, antes de la remisión del expediente a sentencia. Remarca que la causa no está inactiva porque después de la requisitoria se siguió incorporando prueba. Una pericia practicada en Santa Fe a armas secuestradas al grupo para cotejarlas con vainas halladas frente a Infinity, con resultado negativo. Y la incorporación de otras escuchas que estaban en la ex Side y que actualmente se desgraban en la Brigada Operacional de Tribunales.
Vieja modalidad. El caso se tramita bajo la vieja modalidad procesal. En ese régimen el fiscal tiene menos facultades que en el actual sistema adversarial, donde dirige la pesquisa y basta un acuerdo entre las partes para imponer cambios. Por eso la última palabra la tuvo el juez, que ya se negó dos veces a aliviar la situación de los acusados, por lo que se mantiene la calificación más grave.
Pero el juez dictaminó que al encuadre del hecho lo determina la requisitoria de elevación a juicio, un acto procesal que no está a su alcance retocar. Planteó que nada le impide al fiscal desplegar su estrategia en la instancia de juicio. Y evaluó que poner o quitar el agravante no modifica lo sustancial, porque a los acusados se les realizó una intimación completa del hecho. El pedido está ahora en la Cámara Penal. Lo que ocurra allí definirá si al crimen del Pájaro le espera la publicidad del juicio oral o la reserva del trámite escrito.
Analizarán en conjunto pruebas de varios casos
El viejo sistema penal registra 41 expedientes que tienen o tuvieron como implicados a alguno de los acusados de matar a Claudio “Pájaro” Cantero. Muchas de esas causas están archivadas o con un sobreseimiento que favoreció a los implicados, pero en 17 de ellas quedaron elementos secuestrados como material balístico o celulares.
Sobre esas evidencias posó la mirada un grupo de fiscales que requirió en distintos juzgados hacer un análisis conjunto de ese material y no en cada causa por separado. Una medida que tiene a evitar la disolución de actos atribuidos al crimen organizado en distintos juzgados que investigan de manera aislada.
La fiscal Nora Marull interviene en la causa por el crimen de Juan Pablo Colasso, en noviembre de 2012 en Villa Gobernador Gálvez, por cuya muerte están en juicio Luis Bassi, Milton Damario y Facundo Muñoz. En ese marco pidió al juez de Sentencia Gustavo Salvador analizar en forma conjunta la prueba de varias causas y el magistrado dio el visto bueno. Lo mismo pidió el fiscal Enrique Paz al juez Juan Andrés Donnola (investiga el crimen de Claudio Cantero) que también accedió.
Como primera medida, una selección de armas y vainas serán sometidas a una megapericia balística en el Sistema Nacional Automatizado de Investigación Balística de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, una veintena de celulares y chips se remitirán al Sistema Federal de Identificación Biométrica (Sibios) para peritar cruces de llamadas, localización de antenas, mensajes de texto borrados y números de Imei de los aparatos.
La remisión del material está en preparación ya que en las fiscalías a cargo de la “banda Bassi” se ocupan de recopilar las evidencias una por una, pidiéndolas a los juzgados de origen. El material fue escogido tras un relevamiento de causas en el sistema informático del fuero penal. Allí surge Bassi como imputado en once causas, Damario en 16 (seis por homicidio) y Muñoz en nueve, si bien en muchos casos fueron desvinculados o las pesquisas no prosperaron.
