Una investigación por venta ilícita de fusiles de caza en la provincia de Entre Ríos derivó en el hallazgo de una comercializadora informal de armas de guerra en Rosario, a cargo de tres policías en actividad de la Unidad Regional II, quienes fueron atrapados en distintos allanamientos este lunes, donde además se decomisaron pistolas, revólveres, fusiles y cajas de balas en una casa de Bermúdez al 6600, en barrio Saladillo.
La pesquisa descubrió una asociación ilícita integrada por policías que se dedicaban, según estiman los investigadores, a vender armas en una de las zonas más sometidas a los estragos de las reiteradas balaceras en Rosario. Solamente esta mañana en un depósito de Tablada se encontraron 10 pistolas, la mayoría de calibres 9 milímetros, un revólver 357 Magnum, nueve armas largas y 50 cajas de municiones.
El total de lo incautado desde marzo a la misma organización asciende a 20 armas largas entre fusiles, escopetas y carabinas; once pistolas de calibre 9 milímetros, 45, 38 y 32. También 800 municiones para los fusiles y 2500 para revólveres y pistolas, las normalmente utilizadas en balaceras. Al menos tres policías comparecerán el jueves en audiencia imputativa acusados de venta ilegal de armas y asociación ilícita. Una armería legal quedó implicada.
El caso se presenta como una de las explicaciones sobre la proliferación geométrica de armas ilegales y potentes en manos de civiles, en una ciudad donde los delitos de abuso de armas, homicidios y heridos de armas de fuego son un factor crítico endurecido y perdurable. Con la participación presunta de policías que son los que deben conjurar estos graves delitos.
La investigación comenzó en marzo pasado cuando la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomó conocimiento de que en la ciudad de Victoria particulares estaban vendiendo fusiles de boca en boca. A partir de eso personal policial dio cuenta a la Unidad de Balaceras de la Fiscalía de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, que introdujo un particular actor para profundizar la pesquisa: el agente revelador. Se trata de una persona que no provoca el delito sino que se acopla a un individuo que está decidido a delinquir generando, con conocimiento de un juez, una relación de confianza para establecer los detalles del ilícito y sus alcances, de modo de producir evidencia y detenciones.
El interlocutor que vendía los fusiles en Victoria, usuario de un teléfono celular, se llama César González. Este hombre puso en contacto con su hermano Sergio a los agentes encubiertos asignados por los fiscales. Con ellos el infiltrado de la fiscalía, que fingía ser un campesino, pactó la compra de un lote de siete fusiles a cambio de 350 mil pesos. El Ministerio de Seguridad, donde en ese momento estaba a cargo Marcelo Sain, habilitó a tal fin fondos reservados, según una disposición que lo habilita por la ley nacional 27.319, y se hizo una primera entrega en marzo. El agente revelador acudió a un domicilio indicado y se llevó a cabo el primer intercambio: dinero por fusiles.
Con eso se logró una relación de confianza con los vendedores propicia para afianzar la relación. Inicialmente los investigadores sabían que la venta de estos fusiles era para actividades de caza, pero en la Fiscalía Regional de Rosario actuaron con la sospecha de que esta puerta podría abrir otras hacia negocios con otro tipo de armas para uso civil ilícito. Se hizo entonces una segunda entrega controlada por cinco fusiles más. Luego se produce una tercera compra por un fusil que había quedado pendiente.
Los fusiles entregados habían sido denunciados como robados por un tenedor legal de Cruz Alta en Córdoba. La decisión de los fiscales Pablo Socca, Valeria Haurigot y Federico Rébola fue avanzar sin alertar a ninguna agencia para no generar filtraciones.
De una línea interceptada con uno de los que negociaba armas surge una primera evidencia de que había más armas en situación de ser negociadas. En intercambios de whatsapp se empiezan a ofrecer armas de diferentes calibres y municiones por precio, a partir de una armería del barrio Bella Vista que con carnés auténticos de legítimo usuario vendía balas y otros elementos por izquierda.
Sobre esa base se pactó una entrega de municiones de calibre 9 milímetros y una mira telescópica que fue la cuarta entrega controlada. Ese lote no fue retirado de la armería. La AIC comenzó un seguimiento por orden de los fiscales hacia los intermediarios, que sacaron esos artículos de un galpón que está ubicado en la calle Bermúdez al 6600 de Saladillo. De allí sacaron, para vender al agente revelador que actuaba para los investigadores, dos cajas de balas más algunas armas de guerra.
En la casa del sodero de Tablada se encontraron 14 carnés de legítimo usuario y otras tantas de consumo de municiones. Se descuenta que se usaban para comprar legalmente armas y balas de modo de insertarlas después en el mercado negro.
Por último se ofrecieron dos armas, una calibre 22 y una 45, que el enviado encubierto de la Fiscalía aceptó comprar entre el sábado y hoy. Finalmente esta mañana se produjeron los distintos allanamientos en la casa de un sodero de Saladillo. Allí en un galpón se encontraron nueve pistolas de distintos calibres, tres revólveres y 50 cajas de cartuchos de distintos calibres. También se decomisaron 95 mil pesos en efectivo.
De manera simultánea a esta quedaron detenidos un policía de la Sección Criminalística en disponibilidad, llamado Sergio González, como gestor del negocio ilícito, su esposa que es también empleada de la fuerza y un tercer policía Alan Juárez, del Comando Radioeléctrico.
Escuchas telefónicas al policía Sergio González revelan que éste tiene una armería de confianza en Presidente Perón al 4100 que vendía municiones con una tarjeta de consumo, que son las que se entregan a legítimos usuarios de armas, por debajo de la mesa. Según la pesquisa el dueño del comercio, la armería Carmona, descargaba las ventas truchas con tarjetas de consumo de terceras personas.
No se pudo probar hasta ahora ninguna venta ilícita de la armería pero sí se la pudo allanar y clausurarla.
La autorización para actuar con el agente revelador o infiltrado se utilizó por primera vez en el contexto de la Fiscalía Regional Rosario y fue autorizada por la jueza Paula Alvarez en marzo pasado. La investigación fue realizada por el departamento Investigaciones Complejas II de rosario, la sección Inteligencia de la AIC y los fiscales de la unidad de balaceras Pablo Socca, Valeria Haurigot y Federico Rébola.
Las acciones resultaran en una audiencia imputativa por asociación ilícita y comercialización ilegal de armas a realizarse el jueves en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
Por Pablo Mihal
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