Ante declaraciones del señor gobernador, el Colegio de Abogados de Rosario contempla consternado
el hecho inédito por el cual el máximo representante del Poder Ejecutivo provincial solicita la
renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, los cuales se
encuentran investidos de rango constitucional análogo al presidir otro de los poderes del Estado
provincial.
Es evidente, entonces, que asistimos a una confrontación que conculca la separación e
independencia de los poderes del Estado provincial y afecta tanto a los justiciables, a
los profesionales como al propio Poder Judicial de la provincia.
Atento las imputaciones formuladas por el señor gobernador, ha de suponerse que él mismo
tendrá las pruebas que avalen sus dichos.
Esto implica que respetuosamente se estime necesario que el señor gobernador proceda a
aclarar sus afirmaciones o actúe de modo acorde con su obligación de denunciar, como primer
magistrado de la provincia, activando el procedimiento del juicio político previsto en el artículo
91 de la Constitución provincial.
De así no hacerlo nos encontraríamos todos los ciudadanos ante un vacío ético, moral y
funcional de su parte y un descreimiento respecto a sus afirmaciones si las mismas, por la
investidura que ostenta, no surgieron de hechos concretos carentes de prueba.
