El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata condenó ayer a los hermanos Martín y Cristian Lanatta, y a Víctor Schillaci —autores del triple crimen de General Rodríguez— por la fuga del penal de General Alvear que protagonizaron en diciembre de 2015. Si bien la fiscal Silvia Longone había pedido 14 años de cárcel para cada uno el juez Juan José Ruiz, responsable del tribunal unipersonal, los sentenció a siete años y medio por los delitos de "robo simple, privación de la libertad, robo agravado por un arma de utilería y evasión".
El fallo de Ruiz también ordena investigar la posible complicidad de "las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario bonaerense y del poder político" en la evasión. Esa resolución alcanza, entre otros funcionarios, al ex jefe de Gabinete de la Nación Aníbal Fernández y al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli.
Los tres condenados continuarán detenidos en el penal de máxima seguridad de Ezeiza cumpliendo sus condenas a prisión perpetua por el triple homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina perpetrado en agosto de 2008, hecho conocido como el triple crimen de General Rodríguez y vinculado con el tráfico de efedrina.
Asimismo, aún deberán al menos tres juicios más por otros ilícitos cometidos con posterioridad a la fuga: uno en la ciudad de La Plata por el intento de homicidio de dos policías que intentaron detener a los prófugos en un puesto y vial y dos en la provincia de Santa Fe, por un tiroteo que mantuvieron con personal de Gendarmería —en el fuero federal— así como el robo de dos vehículos y la privación de la libertad de dos hombres, en el ámbito de la Justicia provincial (ver aparte).
Fuga
Martín Lanatta, de 44 años; su hermano Cristian, de 46, y Víctor Schillaci, de 36, se fugaron de la cárcel bonaerense de General Alvear el 27 de diciembre de 2015 y estuvieron prófugos dos semanas hasta que fueron recapturados en territorio santafesino. Los tres estaban en el sector de sanidad del penal cuando, minutos antes de las 2 de la mañana, golpearon a un guardia y le quitaron las llaves de la cárcel.
Luego de amenazar con un arma —resultó ser de utilería— a otro penitenciario que les abrió una reja llegaron hasta la oficina donde colocaron la presunta arma al jefe.
Una vez afuera del penal, si bien habían dicho a alguno de los guardias que un helicóptero los estaba esperando, finalmente terminaron huyendo en el Fiat 128 Europa verde de uno de los penitenciarios. También le robaron una ametralladora a un guardia al que llevaron como rehén unas cuadras hasta que cambiaron de vehículo y completaron la evasión en una camioneta negra, al parecer hacia el sur del conurbano.
Finalmente, y luego de una intensa búsqueda, fueron localizados en territorio santafesino donde fueron aprehendidos luego de cometer otra serie de delitos por los cuales también serán juzgados.
El juicio oral por la evasión comenzó el pasado 13 de agosto en los Tribunales platenses. "Nos usaron para las elecciones, para perjudicar a Aníbal Fernández. Era más peligroso estar en la cárcel que escaparse. Si no me retractaba de las acusaciones me iban a matar", señaló entonces Martín Lanatta, el primero en declarar ante el tribunal.
"Primero nos hicieron esa nota arreglada para el programa de Lanata, donde tenía que meter a Aníbal Fernández en la causa de General Rodríguez", dijo el acusado sin decir quién lo había obligado, para agregar que luego de esa entrevista fue a verlo "un abogado de parte de Fernández" a pedirle "que desmintiera todo".
Funcionarios bajo la lupa
En su sentencia el juez Ruiz sostuvo que "las versiones que dieron los imputados" sobre el escape "no resultaron creíbles casi en su totalidad".
Ruiz indicó que la fuga "no era la única forma de salvar sus vidas" y consideró que podrían haber buscado otras alternativas.
Sin embargo el juez requirió a una fiscalía de instrucción platense que investigue las posibles complicidades de funcionarios en la huida, sobre todo porque le resultó llamativo que los tres estuvieran alojados en un sector vulnerable del penal de General Alvear.
"La fuga jamás se hubiera producido, al menos no de esa forma, sin la colaboración de las más altas jerarquías del Servicio Penitenciario bonaerense y del poder político", señaló en el fallo.
En ese sentido, el magistrado ordenó investigar las posibles complicidades de altos ex funcionarios políticos y penitenciarios, entre ellos Aníbal Fernández, Daniel Scioli y el ex ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal.
