Horacio Boix aceptó su responsabilidad en graves delitos. Entre las sanciones figura la inhabilitación para ejercer función gremial.
El ex secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Boix, seguirá detenido en prisión domiciliaria tras el rechazo a un pedido de libertad del gremialista que dispuso la jueza Melania Carrara. La magistrada ordenó mantener la prisión preventiva del ex dirigente acusado de administración fraudulenta del gremio, extorsión y abuso de armas, a la vez que instó a fijar una fecha para la realización de una audiencia previa al juicio oral.
La situación cautelar de Boix se discutió este miércoles en una audiencia en el Centro de Justicia Penal. Los abogados defensores del gremialista solicitaron la libertad con restricciones ante la necesidad del acusado de someterse a ciertos tratamientos médicos. El fiscal David Carizza no se opuso a las intervenciones médicas pero, al igual que en audiencias anteriores, sostuvo el pedido de que Boix permanezca en prisión preventiva.
Tras escuchar a las partes la jueza dispuso “rechazar la solicitud de libertad con medidas alternativas” y mantener la prisión preventiva de Boix. A la vez instó a la Oficina de Gestión Judicial a que fije fecha de audiencia preliminar para discutir allí la acusación fiscal, una instancia previa al juicio.
El histórico gremialista lleva casi un año preso en el marco de la causa que lo investiga por los delitos de administración fraudulenta, extorsión y abuso de arma en carácter de instigador en seis hechos en los que la víctima resultó su sucesor al frente del gremio, Horacio Yannotti. Fue imputado el 20 de agosto del año pasado y cumple la medida de detención en su casa, con una tobillera electrónica.
Se le atribuye además haberse vinculado con la estructura criminal dirigida por el condenado como jefe de la banda de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero a los fines de recuperar la conducción del sindicato, lo que derivó en ataques a tiros contra dirigentes que lo habían removido del cargo en una asamblea del 30 de agosto de 2019.
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Fue acusado de haber encargado a dos personas que estaban encarceladas una secuencia de actos violentos para amedrentar a las autoridades del gremio, extorsiones que se registraron entre septiembre y diciembre de ese año cuando algunos choferes fueron chantajeados con exigencias de dinero a cambio de no atentar contra ellos o sus familiares.
En cuando a los delitos ligados a la administración del sindicato se le atribuyó haber perjudicado a los afiliados al generar entre agosto y diciembre de 2019 un lucro indebido superior a los 8 millones de pesos. El dinero, según la acusación, ingresaba por el pago de cuotas de los afiliados y era utilizado con fines personales.
La Cámara alta provincial había propuesto la prohibición total y Diputados aprobó el texto pero introdujo modificaciones
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