El 30 de agosto de 2019 una asamblea en el Sindicato de Peones de Taxis de Rosario reemplazó de la conducción al histórico secretario general Horacio Boix por administración fraudulenta. A partir de esa fecha Boix le encargó a dos personas que estaban encarceladas una secuencia de actos violentos para amedrentar a las autoridades del gremio que lo habían corrido. Las extorsiones se extendieron entre septiembre y diciembre. A los choferes chantajeados les exigían dinero para no atentar contra ellos o sus familiares. Hablaban en nombre de Los Monos.
Esta es la acusación que presentaron este viernes tres fiscales contra un grupo de cinco personas. Los que organizaron las extorsiones, dijeron, fueron Ariel Guille Cantero y Damián “Toro” Escobar. Ambos, que en ese momento estaban presos, fueron contactados por teléfono por Boix, a fin de que apretaran a los nuevos directivos del sindicato. Las extorsiones comenzaron el 2 de septiembre de 2019 y terminaron el 6 de enero de 2020. El histórico gremialista se había vinculado con la estructura criminal dirigida por Guille Cantero a los fines de recuperar la conducción del sindicato. Por estas acciones, que implicaron ataques a tiros contra dirigentes que lo habían removido, los fiscales pidieron esta tarde que Boix quede preso por el plazo máximo que prevé la ley. El juez Román Lanzón resolvió imponerle prisión domiciliaria. El exsindicalista permanecerá en una cárcel hasta que le coloquen un dispositivo de control electrónico.
En un cuarto intermedio de la audiencia, Boix dijo a Canal 3 no tener ninguna relación con los atentados sufridos por sus colegas, dijo conocer por su dimensión pública a Los Monos, pero no haber solicitado jamás a nadie represalias violentas hacia quienes lo desplazaron del sindicato.
El encargado de los chantajes fue Maximiliano “Cachete” Díaz. Este hombre se encargó de llamar a Horacio Yanotti, el nuevo líder del gremio, para exigirle dinero para no atentar contra él. El 17 de septiembre de 2019 Cachete se reunió Luciano Llobera, otro integrante de la comisión directiva, en un bar de Salta y Ricchieri. Le reiteró el extorque: una suma mensual a cambio de no dañar a la comisión directiva de los taxistas ni a sus familiares. Llobera se negó. Díaz le replicó con una frase que se hizo célebre cuando lo imputaron el año pasado: “Si no hay plata, hay balas”.
A partir de ese día se desencadenaron seis ataques contra viviendas de miembros de la comisión directiva. Todos fueron cometidos por personas que responden a Fernando ”Enano” Morel. Para los ataques se usaron vehículos y armas de fuego que les proveyó Morel. Desde su lugar de detención en la cárcel de Piñero Guille Cantero mantuvo comunicaciones con Morel en los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020. El propósito era gestionar el regreso de Boix al comando del gremio.
A los seis ataques se sumó una amenaza de Boix a Yanotti en un mensaje por whatsapp. “Qué hacés gordo trolo…Dile a la prensa que el auto que tenés lo compraste con plata del SPT (Sindicato Peones de Taxis) pedazo de hijo de puta, pero Dios se va a ocupar de vos forro traidor nunca vas a poder dormir tranquilo y yo sí”. Ese mismo día, 2 de septiembre, desconocidos dejaron carteles en la sede del gremio, Salta 2882, con inscripciones que enunciaban: “Gordo traidor” y “Sabemos los movimientos de tu hija, cuidala”.
De lo más significativo fue el hecho de que los fiscales pidieron prisión preventiva contra Horacio Boix por las extorsiones además de imputarlo como instigador de los chantajes que sufrieron sus rivales internos del sindicato. Le adjudicaron complicidad con los ataques a balazos a las casas del secretario general Yanotti en Grandoli al 3800, del secretario adjunto en Santiago al 3000, de otro ataque con 14 balazos contra esta misma vivienda, de un atentado con disparos a un comercio vecino a la vivienda de Yanotti, de la casa de otro directivo de taxistas en Rufino Ortega al 200 y contra la de otro integrante del gremio en Cochabamba al 4000.
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Lo que quedó expuesto en la acusación de los fiscales David Carizza, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra es el funcionamiento, a través de la violencia, de un negocio: el de la venta de protección, en la que los acusados ofrecían un servicio: defenderlos de las agresiones armadas no de terceros sino de ellos mismos. En este sentido este grupo desarrolló un tipo de actividad económica típica de una organización mafiosa: un grupo que produce, promueve y vende protección privada. Fernando Morel tuvo por misión planificar y ejecutar seis hechos de abusos de armas contra integrantes del sindicato de peones de taxis cumpliendo las órdenes impartidas por Guille Cantero y Toro Escobar.
Esta característica, la de la violencia como un recurso para conseguir un fin, también se advierte según los fiscales en otro atentado que tuvo impacto en toda la prensa nacional, también analizado en la audiencia: La balacera al casino de Rosario el 11 de febrero de 2020 en el que resultó asesinado el apostador Enrique José Ensino, un gerente bancario que recibió un balazo cuando había salido a fumar a un balcón del complejo City Center.
Los acusadores imputaron a Guille Cantero haberse comunicado con Cachete Díaz para acordar y planificar el atentado al casino, para luego negociar con personal de este emprendimiento comercial, a fin de evitar ataques sucesivos. Para ello Díaz le encargó la tarea a dos personas. Uno no fue hasta ahora identificado. El otro es el ciudadano dominicano Otniel De Leon Almonte, quien está preso hace un año por este episodio.
Al detallar la preparación del ataque al casino, los fiscales señalaron a partir de evidencia el modo en que Cachete Díaz le rinde cuentas a Guille Cantero, en llamados los días 7 y 11 de enero, sobre acciones tendientes a amenazar con ataques a directivos del City Center a fin de obtener dinero. Díaz le revela sus movimientos para concretar la extorsión. Le cuenta que él mismo iría al casino. Ante eso Guille replica: "Sí, fijate bien, la hacemos bien, a ver si nos dan algo bien piola”. Díaz le contesta: “Sí, boludo. Ahí ya les dije a los guachos qué es lo que tienen que hacer así que vamos a ver cómo sale”. El intento por obtener el beneficio de esa amenaza no prosperó. Pero con ese propósito se ejecutó la balacera en la que murió Encino.
La acusación es por haber disparado al menos seis veces contra la zona por calle Moreno al 6400 en frente del Casino con armas que proveyó Cachete Díaz. A Toro Escobar se le adjudicó participar de la planificación de este hecho. También se le endilgó que desde su lugar de detención en la cárcel federal de Ezeiza gestionó recursos humanos y materiales para concretar atentados con armas de fuego a las viviendas particulares de los integrantes de la nueva comisión directiva.
Los fiscales imputaron lo mismo a Guille Cantero y Escobar: ser instigadores de intento de extorsión y de homicidio consumado agravado por el uso de arma de fuego. A Morel y Díaz les imputaron ser autores de extorsión a los taxistas, de abuso de armas por los disparos a las viviendas de seis miembros del gremio de taxistas. A Morel también el incidente que terminó con el homicidio agravado del apostador del casino.
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Los mensajes telefónicos del ataque al City Center abrieron una pesquisa colateral que dejó al descubierto filtraciones de información desde una fiscalía a un grupo delictivo. Esto ocurrió porque Cachete Díaz le solicitó al empresario de juego Leonardo Peiti que le averiguara sobre dos personas a las que les habían encomendado atentar contra el casino pero que fueron detenidas cerca de allí en un control policial con un auto robado y un arma 9 milímetros.
Peiti tenía contactos en una fiscalía a los que llamó para averiguar sobre esos detenidos. Desde la fiscalía le respondió con los datos requeridos el empleado Nelson Ugolini. Ese hilo de pesquisa acabó por desnudar que Peiti pagaba sobornos al fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y al fiscal adjunto Gustavo Ponce, ambos destituidos y en prisión preventiva por ello. La continuación de esa investigación derivó en el pedido de desafuero del senador Armando Traferri (PJ/San Lorenzo) que el lunes está citado a audiencia imputativa.
