Al menos 16 hechos tienen asignadas partidas. El monto ronda los 8 millones de pesos pero pueden llegar a 15 millones
Por Claudio Berón
Familiares y organizaciones pidieron al Ejecutivo la gestión de recompensas.
El programa provincial de recompensas, presentado a mediados de febrero, implica la iniciativa provincial del ofrecimiento de un monto de dinero para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos desde el año 2014 a la fecha. La identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.
Desde esa fecha hasta hoy varios son los homicidios no aclarados; valga como ejemplo los resonantes, pero sin dejar de lado a los homicidios de personas anónimas de los barrios más castigados por la violencia. Incluso los más difíciles de resolver son los de personas que no tuvieron relación directa con el mundo narco y muchos de esos homicidios no aclarado de los últimos 11 años se dieron en ocasión de robo y es complejo confeccionar una lista.
En cuanto a los homicidios ligados a distintas situaciones y en los que se ofrecen distintas recompensas se encuentran el de: Damián Lucero, Joaquín Pérez, Mauro Villamil y Rocío Romano; Lautaro Aranda, Candelaria Enrique, Nicolás Agüero, Matías Isassa y Maximiliano Gómez; Marcos Iván Daloia, Héctor Raúl Figueroa, Diego Alejandro Celentano, Walter Eduardo Paglia y Andrea Verónica Portillo. También siguen vignetes recompensas por los paraderos de Paula Perassi y Mónica Soledad Aquino.
Sin embargo hubo otros homicidios resonantes que aún no tuvieron respuesta y se dieron en el amplio arco de las 11 años que abarca la obtención de las recompensas se encuentran también el del comisario mayor Guillermo Morgans ocurrido El 10 de junio de 2014, era jefe de la Agrupación de Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II, fue asesinado a tiros en el quiosco y Pago Fácil que su hijo y un socio tenían en Rodríguez al 200, la causa nunca tuvo avances. Morgans fue uno de los primeros en llegar el 29 de diciembre de 2013 a la escena del doble homicidio de Luis Medina y su pareja, ocurrido en diciembre de 2013 y tuvo activa participación en la causa. Este asesinato continúa impune.
Luis Angel Bassi, padre del apodado “Pollo”, fue asesinado frente a su remisería de 20 de Junio y Chile, en Villa Gobernador Gálvez. Fue el 22 de octubre de 2014.Tampoco hubo avances; El 20 de noviembre de 2014 fue asesinada Norma Bustos. Desde 2008 la mujer había denunciado la existencia de banda narcocriminales y cómo éstas querían captar a sus hijos, nunca hubo imputados; Julio César Navarro fue asesinado el 25 de mayo de 2016. Era reconocido como “Cara de goma” o “Tito” y era el lugarteniente de Andrés “Pillín” Bracamonte, líder de la barra brava de Rosario Central, varias hipótesis callejeras pero ningún imputado.
El martes 7 de noviembre de 2017 apareció flotando en el río Paraná a la altura Costanera al 2300a Wagner Amantino Maciel y respondía a los apodos de “Juninho” o “Junior”. Era brasilero e integrante del del Primer Comando Capital (PCC). No avanzó la investigación.
La madrugada del 25 de octubre de 2019 “Ema Pimpi” Sandoval, fue ejecutado en una casona que alquilaba en el corazón del barrio La Florida. Cursaba una prisión domiciliaria esperando a ser juzgado por un triple crimen en grado de tentativa y fue declarado culpable de balear la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti. Otros dos jóvenes que estaban en la vivienda murieron junto a él en un claro hecho con sello mafioso ya que a la casa ingresó un grupo de sicarios organizados. Nunca avanzaron las investigaciones.
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El 23 de diciembre de 2020 se identificaron los restos hallados un contenedor de basura ubicado en Lituania al 5600, en barrio Saladillo: dos cabezas y dos brazos pertenecientes a Jorge David Giménez de 29 años y Víctor Martín Baralis de 44 años. La investigación se agotó cuando ya no hubo más acciones que tomar y el caso quedó allí.
En cuanto a los últimos asesinatos aún en investigación pero de un alto impacto social y político se cuentan el del otrora líder barrabrava de Rosario Central: Andrés "Pillín" Bracamonte y su lugarteniente Daniel Raúl “Rana” Attardo. Pero todos estos casos deberían pasar antes por las instancias administrativas del MPA y que se solicita el trámite para que se destinen recompensas a quien sepa algo para aclararlos.
Quedarán fuera de esta opción, ya que se cometieron antes de 2014; los homicidios de Claudio "Pájaro" Cantero; Luis Medina y Justina Pérez Castelli y Martín "Fantasma" Paz. Hechos que alteraron la calma de los rosarinos al momento de conocerse.
Según datos estadísticos del Ministerio Público de la Acusación y tomando en cuenta los imputados en distintos hechos de crímenes dolosos desde el 2014 hasta el 2023, el promedio de hechos con imputados es en números redondos en la suma de los 9 años del 52%, con lo que se desprende que los casos sin imputados y por ende aún en el mejor de las situaciones en camino a resolver rondan el 48 por ciento. Los datos fueron extraídos del informe de gestión del MPA del 2013, que releva datos desde el 2014 al 2023.
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El profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font, sostuvo sobre la implementación de recompensas para el esclarecimiento de hechos que : "Según estudios realizados por la agencia inglesa Scotland Yard, los hechos se aclaran en su mayoría por testigos que informan a la policía lo que saben, lo que escucharon. Así es que luego la policía opera en consecuencia. En Santa Fe la institución policial está desprestigiada y la gente no confía en ella, por eso se rompió esa línea de información".
En lo que hace a la "herramienta" de recompensas el catedrático sostuvo que "al no haber datos de calle y una falencia en la investigación por parte de los fiscales se cae en la recompensa, que no es más que una herramienta y como tal debe usarse. No es ni buena ni mala la acción, el problema es qué lleva a usarla y es la falta de resolución de casos y las deficiencias en la investigación por parte de los fiscales".
En tanto los funcionarios provinciales destacaron que “Las recompensas se originan a partir de un pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) al gobierno de la provincia, mientras que los montos se establecen de acuerdo a la complejidad de cada causa”, explicó Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales. “Cada fiscal interviniente realiza el pedido de recompensa a la Fiscalía Regional y de ahí se eleva a la Fiscalía General antes de que llegue al Ministerio de Justicia y Seguridad”, amplió la funcionaria.
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Tras la resonante detención de Damián Reinfestuel, al que se llegó por medio de la oferta de $10 M por quien diera datos sobre su paradero, el gobernador Maximiliano Pullaro sostuvo que el programa “es el más ambicioso de la República Argentina por los recursos que implica y por el mensaje que le queremos enviar a todos los santafesinos y a los familiares de las víctimas de delitos violentos", y que "la audacia de esta iniciativa es mirar hacia atrás para reducir la impunidad y la violencia”.
Por su parte Lucía Masneri detalló que el monto básico de la recompensa es de 8 millones de pesos. "Sabemos que tenemos casos absolutamente particulares que pueden requerir una recompensa aún mayor. Un caso muy claro y absolutamente vigente es el de Paula Perassi (la joven sanlorencina desaparecida desde 2011), donde la recompensa es mayor por la complejidad que ha demostrado", apuntó.
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