El local del Estudio Contable Retamal-Fernández, ubicado en el local 7 de una gallería de San Martín al 2200 de Granadero Baigorria, era la fachada que un matrimonio utilizó para estafar al menos a diez personas que creyeron en ellos para entregarles sus ahorros con el fin de obtener buenos réditos económicos mediante la colocación del dinero en plazos fijos tanto en pesos como en dólares en una mutual y una reconocida empresa de seguros. Sin embargo, los titulares del negocio se quedaron con gran parte de los recursos obtenidos mediante un sistema de estafa piramidal y perjudicaron a las víctimas en una cifra que la fiscalía estimó, a partir de las denuncias presentadas, en unos 23 millones de pesos y 332 mil dólares. La acusación en la audiencia imputativa fue realizada por los fiscales Mariano Rios Artacho y Carlos Covani, quienes achacaron al ex agente de seguros Carlos Dante Retamal y a la falsa contadora Claudia Fernández el delito de estafa en calidad de coautores en diez hechos.
En su resolución, el juez de primera instancia Nicolás Foppiani dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley para el acusado, un ex empleado de una compañía de seguros de la cual se había desvinculado hace cuatro años y sobre quien pesaba una orden de captura, y la libertad bajo caución real de 300 mil pesos para su pareja.
La investigación surgió a partir de la denuncia presentada por la abogada Liza Feldman en representación de Oscar R., una de las víctimas de la maniobra. “Les entregué el fruto de 25 años de ahorro y ganancias que obtuve a partir de la venta de dos autos para que las invirtieran en operaciones comerciales acordadas y se concreten las ganancias en las tasas pactadas porque era mi afán acrecentar mis inversiones financieras con el único objetivo de que mis dos hijos tuvieran su casa propia en un futuro no tan lejano”, según lo relatado por el hombre damnificado en 3.209.750 pesos y 110.561 dólares.
Pero Oscar R. no fue el único perjudicado. Otras nueve personas, que llegaron a integrar un grupo de WhatsApp con los ahora imputados mediante el cual se comunicaban para realizar las inversiones y que tenía como nombre el de una vinoteca de Granadero Baigorria en la cual se reunían para hacer catas de vinos, fiambres y eventos que tenían como finalidad la de captar nuevos inversores que se terminaron convirtiendo en víctimas.
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De acuerdo a lo expuesto por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Mariano Ríos Artacho en la audiencia imputativa, tanto Retamal como su esposa “ofrecían a las víctimas realizar inversiones en San Cristóbal Seguros de Retiro y en la Asociación Mutual para el Desarrollo (AMDR) con tasas nominales anuales de entre un 55 y un 61% en relación a plazos fijos en pesos y del 13% en dólares emitiendo recibos de constitución, de ampliación de capital o de renovación que resultaron apócrifos” por lo que también resultaron víctimas de las maniobras las empresas para las cuales la pareja denunciada decía trabajar.
El primero de los casos atribuidos a Retamal y Fernández data de 2012, cuando una de las víctimas les entregó 100 mil pesos por el plazo de 180 días a una tasa anual del 33% anual, monto que fue renovando 12 veces hasta el 14 de diciembre de 2020 cuando la suma, con los intereses pautados ya ascendía a 6.246.945 pesos, momento en que la víctima decidió renovar una vez más el depósito por 360 días con una promesa de tasa del 62%. Sin embargo, al vencimiento del plazo y ante la falta de pago de los dividendos obtenidos, Retamal sólo le hizo entregas parciales hasta cubrir unos 3 mil dólares por lo que el depositante se vio perjudicado en 11.470.959 pesos. De la misma manera, y por importes diferentes, a lo largo de la última década fueron perjudicadas el resto de las personas que creyeron que el estudio contable era un negocio serio.
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Según la denuncia patrocinada por la abogada Feldman, "los denunciados usaban su local como un centro de captación para otorgar confianza y apariencia de solvencia frente a sus clientes/víctimas con el fin de brindar asesoramiento financiero y en materia de seguros y así obtener fondos que oportunamente invertirían en planes celebrados con diferentes compañías y aseguradoras en las que supuestamente operaba Retamal en calidad de asesor productor de seguros". Pero, según la presentación, ninguna de las inversiones prometidas se realizaron y tanto Retamal como Fernández retuvieron los fondos entregados sacando provecho de la confianza y la vulnerabilidad de las personas que creyeron en ellos por sobre el sistema bancario oficial.
Así las cosas, Retamal quedó preso por el plazo de ley (un máximo de dos años) acusado de cometer diez hechos de estafa; mientras que Fernández recuperó la libertad bajo fianza y a la coautoría de la estafa le sumó la imputación de haber defraudado a las víctimas en su carácter de contadora pública ya que les brindaba el asesoramiento que buscaban o los trámites y presentaciones que debían hacer ante la Afip para que sus aportes de dinero no les causaran problemas fiscales.
