Siete policías imputados por los crímenes de Emanuel Medina y David Campos, asesinados el 23 de junio tras una persecución, seguirán con prisión preventiva (dos en domiciliaria) tras la prórroga solicitada por la fiscalía. El pedido fue rechazado por las defensas pero el juez Hernán Postma entendió que se cumplen los requisitos para extender las cautelares. De esta manera, como corolario de la audiencia iniciada el martes, cuando se acordó la liberación bajo reglas de conducta de siete acusados, quedaron detenidos nueve de los 18 imputados originales (dos por homicidio y 16 por encubrimiento) de los cuales cinco siguen tras las rejas y cuatro bajo arresto domiciliario.
Campos y Medina fueron asesinados en un "gravísimo hecho de violencia institucional", según consideró Postma. Evitaron un control vehícular y eso desató una persecución que culminó cuando el auto en el que iban se estrelló contra un árbol en Callao al 5700, tras lo cual fueron acribillados por al menos 14 balas policiales en una escena que los efectivos intentaron presentar como un enfrentamiento.
El fiscal Adrián Spelta imputó a 18 efectivos con distinto grado de participación: el agente del Comando Alejandro Rubén B. fue acusado de homicidio y otros 17 por encubrimiento. De éstos últimos, y a partir de los dichos de dos acusadas, se imputó por los crímenes a Leonel M.
Todos los acusados, excepto dos mujeres que recuperaron la libertad días atrás, quedaron con distintas modalidades de preventiva con un plazo que vencía ayer y por lo cual se realizó una audiencia el martes. Pero como cuatro acusados pidieron declarar, el trámite terminó ayer.
El martes Postma dictaminó, "a partir de un acuerdo entre fiscalía y defensa", morigerar las cautelares para nueve imputados. Entre ellos, Walter O., Germán M., María R., Daniela A., Ricardo A., Alexis T. y Alejandro B. fueron liberados con el compromiso de firmar semanalmente en sede judicial con la garantía de un familiar. El fiscal explicó que éstos habían estado en "una segunda línea" de la escena al llegar luego de los disparos. Pero además esos policías aportaron información valiosa para la pesquisa, actitudes que para Spelta redujeron su peligrosidad procesal, por lo que propuso morigerar su situación.
Algo similar pidió para Aldo B. y Claudio C., que si bien llegaron primero a la escena aportaron información de importancia y se les otorgó la prisión domiciliaria.
Gravísimo
Así, quedaba pendiente resolver la situación de aquellos para quienes Spelta había pedido prorrogar la preventiva, por lo cual ayer prosiguió la audiencia. Primero, y ya que su defensa no había puesto objeciones al pedido, se confirmó la prórroga de prisión para Alejandro Rubén B.
Luego los defensores fundamentaron sus rechazos a la prórroga, advirtieron que la cautelar es una excepción y no una regla, cuestionaron la objetividad del fiscal, apuntaron que no tiene en cuenta la proporcionalidad de la pena que les puede caber a los imputados y el tiempo que pueden llevar presos (todos alegaron estar cumpliendo una pena anticipada) y afirmaron que no hay peligro de entorpecer la investigación.
En lo particular, los defensores de Fernando V., Paola C. y Marcelo E. adujeron que el fiscal "no trató a todos los imputados por igual" y que sus asistidos "fueron discriminados porque llegaron antes" al lugar de los hechos. La abogada de Leandro C. expuso que éste, detenido en casa de sus padres por cuestiones de salud, siempre estuvo a disposición de la Justicia. En ese sentido también se expresó el defensor de Hugo Daniel B., que pidió arresto domiciliario, y el abogado de Leonel M., que solicitó libertad bajo caución.
Pero el fiscal Spelta replicó esos argumentos y respaldó su pedido. Finalmente, la querella (cuya postura no es vinculante al tratarse la prisión preventiva) reclamó tener en cuenta que "hubo policías que amedrentaron a testigos".
Tras un cuarto intermedio el juez dijo que la prisión preventiva es la excepción pero no deja de ser legal si se dan los requerimientos del Código Procesal para su dictado, lo cual a su criterio se cumple en este caso.
Sostuvo que si bien hubo imputados que declararon, sus "descargos no modifican las imputaciones". Consideró que si un detenido cumple con los términos de un arresto domiciliario no implica otra cosa que "cumplir con una obligación" que no mejorará su situación procesal.
Y remarcó que el hecho investigado "es gravísimo", habida cuenta de que "hubo dos muertos en un marco de violencia institucional e indicios de encubrimiento" lo cual a su criterio profundiza la peligrosidad procesal. En tal sentido confirmó la prórroga para Alejandro B., Hugo Daniel B., Fernando V., Paola C., Leandro C., Leonel M. y Marcelo E., quienes seguirán detenidos en las mismas condiciones.
