Los integrantes de una red de 150 usinas de facturas apócrifas para la emisión de 40 mil comprobantes electrónicos desde enero del 2018 hasta mayo de este año, en la que habrían facturado un valor estimado de 10 mil millones de pesos y 2 mil millones en crédito fiscal, fueron procesados por el juez federal Marcelo Bailaque, del Juzgado Federal Nº4 de Rosario. Por el momento son cinco las personas comprometidas con esta asociación ilícita, dos de ellas con prisión preventiva. La medida judicial incluyó la traba de un embargo sobre los bienes de los imputados por 7 millones de pesos.
En la investigación y conformación de la causa intervinieron el titular de la Unidad Fiscal Rosario, Javier Arzubi Calvo, y la fiscal federal coadyuvante María Virginia Sosa, quienes el 4 de junio pasado requirieron los allanamientos de diez domicilios. Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal (Duof Rosario) y personal especializado de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que secuestró elementos de interés para el avance de la investigación como teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos externos, pendrives, vehículos y diversa documentación.
La denuncia original de los hechos fue presentada por parte del director interino de la Dirección Regional Rosario de la Afip en la sede de la Unidad Fiscal. Posteriormente, el organismo público presentó ampliaciones de denuncia, que dieron cuenta del acrecentamiento tanto de la facturación apócrifa como del crédito fiscal IVA.
La investigación fue delegada a la Unidad Fiscal a cargo de Arzubi Calvo y su impulso permitió identificar las direcciones IP asociadas a los comprobantes electrónicos, individualizar a los autores y determinar los roles que cada uno desempeñaba dentro de la organización criminal.
El Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado Federal Nº4 el allanamiento de los diez domicilios. El juzgado federal dictó el procesamiento de Marcelo F., Gabriel A., Guillermo P., Santiago R. y Martín S. —uno de ellos contador público— por formar parte de una asociación ilícita fiscal para llevar a cabo múltiples, sistemáticas y reiteradas tareas ilícitas mediante “empresas papel”, es decir, creadas para la maniobra fraudulenta.
