El juez Fernando Sosa también imputó al contador Martín Fernández. A la vez, dispuso la inhibición de bienes e inmovilización de fondos de los acusados.
Foto: Policía Federal Argentina.
El financista Pablo Arcamone fue detenido el jueves 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada en Córdoba 1365.
El financista Pablo Arcamone y el contador Martín Fernández quedaron en prisión preventiva imputados como autores de trece hechos de estafas. Así lo resolvió el juez de Primera Instancia Fernando Sosa, quien también dispuso la inhibición de bienes e inmovilización de fondos de ambos acusados y que queden detenidos al menos hasta el 27 de noviembre mientras sigue avanzando la investigación.
La resolución de Sosa llegó tras una extensa audiencia de imputación que tuvo su primera parte el 21 de agosto y que se retomó y concluyó ayer martes, en el Centro de Justicia Penal. La acción acusatoria estufo a cargo del fiscal Sebastián Narvaja.
Arcamone fue detenido por la Policía Federal el 15 de agosto pasado por del fiscal Narvaja. El financista fue apresado tras tres allanamientos realizados en oficinas y departamentos del centro de Rosario. Fernández quedó tras las rejas tras presentarse ante la Fiscalía luego de la suerte que corrió su "socio".
Según fuentes judiciales, Narvaja imputó a Arcamone y Fernández ser parte de un entramado como directivos del Grupo América desde el cual se pergeñaron al menos 13 estafas en las que se combinaron negocios legales, irregulares e ilegales, articulados de manera tal que, bajo una apariencia de actividad financiera lícita y regular, se llevaron adelante maniobras destinadas a captar ahorros e inversiones del público para luego apropiarse de esos fondos, canalizarlos por vías que impidieran su trazabilidad y, de ese modo, frustrar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.
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Narvaja señaló en su acusación que “se pueden observar dos planos diferenciados. Por un lado, el plano de la legalidad-ilicitud, donde coexisten operaciones que se enmarcan en la normativa vigente con otras que infringen la ley o se desarrollan en zonas grises regulatorias. Por otro lado, el plano de la realidad-apariencia, que distingue entre unidades de negocio que efectivamente operaban —aun cuando algunas lo hicieran con modalidades ilícitas o irregulares— y otras cuya existencia era puramente ficticia, creadas para proyectar la imagen de un grupo empresarial solvente y diversificado”.
A juicio del funcionario del MPA, “la estructura se organizó para proyectar la imagen de un conglomerado con actividad financiera sólida y regular. Para ello, se utilizaron oficinas físicas bien ubicadas, personal asignado a cada unidad de negocio, páginas web y un diseño digital profesional, así como publicidad de actividades que se presentaban como regulares y solventes”.
Narvaja expuso que “la evidencia societaria y financiera demuestra la construcción de múltiples vehículos jurídicos y societarios —sociedades, mutuales, mutuos, fideicomisos y plazos fijos— con doble finalidad. Por un lado, reforzar la imagen institucional del Grupo América como un conjunto de empresas formales, con trayectoria en distintos sectores. Por otro, habilitar canales que simularan formalidad para la circulación de flujos financieros provenientes de las víctimas”.
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“Además se pudo establecer que la Asociación Mutual Pedro de Mendoza (en la que los acusados eran sus principales directivos) fue utilizada como vehículo central de captación pública de ahorros y como medio de captación de fondos de víctimas individuales, presentándose ante ellas como una entidad regular y solvente. La imagen jurídica de la Mutual funcionó como una pantalla de legalidad, proyectando confianza y credibilidad, detrás de la cual se ocultaba un esquema de filtración y desvío de los fondos hacia operatorias ilícitas bajo el control de Arcamone y Fernández”.
Finalmente, Narvaja estableció en la investigación que “se verificó la falta de registro adecuado de las operaciones de caja y la existencia de niveles peligrosos de ahorro excedente en las cuentas de la Mutual, explicables por el desvío de los fondos receptados hacia otros circuitos paralelos. El destino principal de esos recursos fue la denominada ‘mesa de operaciones’, eufemismo con el que se designaba a una actividad clandestina de cambio de divisas y de mesa de dinero. De este modo, la Mutual quedaba en una situación concreta de quebranto, al mismo tiempo que hacia las víctimas se proyectaba la imagen de un negocio seguro y solvente”.
