Los nueve acusados de integrar una organización que cometía estaf as con la compraventa de autos en tres agencias de Rosario quedaron en prisión preventiva. Con el sindicado jefe del grupo aún prófugo y con pedido de captura internacional, vendedores, gestores y un abogado quedaron imputados como miembros de una asociación ilícita que damnificó en unos 150 millones de pesos a más de treinta personas, a quienes les resultará “muy difícil recuperar el dinero o sus vehículos”, según indicó el fiscal Fernando Dalmau tras la audiencia judicial.
“Generalmente, quienes forman parte de estas organizaciones son personas insolventes y es muy difícil la recuperación del dinero. Puede surgir algún bien de algún imputado que podrá ser ejecutados para satisfacer los reclamos patrimoniales de las víctimas”, consideró el fiscal en conferencia de prensa, e indicó que a fin de resguardar esa situación se solicitó la inhibición de bienes de todos los acusados.
Con decenas de denuncias de clientes perjudicados, la investigación avanzó sobre estas nueve personas que integraron una cooperativa de compraventa de autos . Sobre ese “andamiaje jurídico”, dijo el fiscal, las sedes de las concesionarias fueron variando y de un local en Pellegrini al 3100 el negocio se mudó al pasaje Independencia al 3200 y de allí a Pellegrini al 3800. De esos locales con atención al público se “aprovecharon para captar vehículos que mayormente se ofrecían en redes sociales”. La agencia también contaba con oficinas en el microcentro.
“Contactaban a los dueños y les daban la posibilidad de venderlos en las concesionarias a un precio similar, con la confianza que daban la constitución de una persona jurídica y una atención al público con varios vendedores”, añadió Dalmau. El funcionario explicó que la gente dejaba sus vehículos en las agencias y en muchos casos fueron comercializados sin que les abonaran el dinero de la venta.
No se sabe cuántas estafas fueron
Si bien hasta la semana pasada se habían contabilizado 32 casos de estafa, todavía se desconoce el número total de casos porque siguen arribando denuncias a la Fiscalía. Los fiscales Dalmau y Pablo Lanza solicitaron además la reapertura de algunas denuncias que se consideraban como meros incumplimientos de contrato, es decir una cuestión civil, pero que encuadrarían penalmente dentro de la cadena de estafas. Se trata de presentaciones judiciales de víctimas que ante la venta de sus vehículos intimaron el pago por carta documento, pero les contestaron que había demoras o les ofrecieron otro vehículo como pago.
El considerado jefe de la organización es Alexis Guarda, un hombre de 36 años que tenía pedido de captura internacional desde 2023 por una serie de estafas similares en la ciudad de Santa Fe. Era el referente de un negocio que se llamó “Vendo tu auto”. “Comandaba toda la organización —planteó el fiscal—, decidía quién trabajaba o no para él, indicaba qué vehículos se recibían para la venta y cómo modificar las contrataciones originales”. En ocasiones se presentaba como Rodrigo Dip o Rodrigo Dipropio.
La investigación por las estafas cometidas en la capital provincial detectó cinco agencias relacionadas con 59 casos de estafa. Dalmau indicó que en esa causa fueron condenadas varias personas que trabajaban en las concesionarias. Esto, a su entender, desmiente que se trate de empleados que buscaron trabajo genuino y fueron engañados. “Es imposible que no hayan tenido conocimiento de lo que ocurría”, evaluó Dalmau, y añadió que “de sus propias declaraciones surge que a poco de iniciar su actividad en las concesionarias surgían los reclamos, porque eran constantes para poder mantener este circuito”.
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De los nueve imputados en Rosario, siete fueron detenidos en flagrancia. Los otros dos son empleados de una concesionaria que se retiró de la cooperativa. La audiencia comenzó la semana pasada en el Centro de Justicia Penal. En una primera jornada se trataron las imputaciones: todos quedaron implicados como miembros de una asociación ilícita, además de hechos de estafa y algunas amenazas. Este lunes se reanudó el trámite para el tratamiento de las medidas cautelares. Los últimos dos detenidos quedaron en prisión preventiva por treinta días y el resto por el plazo legal de dos años.
De los implicados, el fiscal destacó el rol de Camila M., designada presidenta de la cooperativa y quien “tuvo participación en la mayoría de los hechos y 32 intimidaciones a las víctimas para que no procedieran con acciones legales”. Otro es Nelson Ugolini, un ex empleado del Ministerio Público de la Acusación que trabajaba para el destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad. Fue acusado de filtrar información a bandas de juego clandestino y está a la espera de juicio oral en esa causa por corrupción.
Ugolini, según Dalmau, fue quien “le dio el andamiaje jurídico a esta organización bajo el formato de cooperativa”. De la declaración de Camila, dijo, surge que “no cumplía un rol de mero asesor letrado, sino que claramente formaba parte del grupo. Vinculado a seis estafas y amenazas, se detectaron varios casos en los que contactaba a las víctimas como abogado y ofrecía sus servicios para desviar a terceros los reclamos de los damnificados y así proteger a los verdaderos responsables.
Los otros acusados son Andrés A., con 25 hechos de estafa y uno de encubrimiento; Roberto P., con 9 estafas; Walter R. , con 11; Maximiliano A., con una; Leandro J., con ocho casos; Diego C.G., dos hechos y Fernando O.R. con tres. Con todos ellos en prisión preventiva, la investigación sigue. Se espera que se incorporen más denuncias y el resultado de la apertura de teléfonos celulares ya secuestrados, un informe patrimonial sobre las cuentas bancarias de los detenidos, la incorporación de nuevos testimonios y la búsqueda de documentación.
