Veinticuatro presos viviendo en un espacio para seis personas, con uno de ellos durmiendo en el patio. Ese cuadro encontró la semana pasada una comitiva que inspeccionó la crítica situación de la comisaría 32ª, en barrio Godoy. Como un emergente de la saturación que afecta a todo el sistema carcelario provincial, la seccional de la zona oeste es objeto desde hace dos meses de una serie de recursos judiciales. Por obvio que parezca, una jueza exige desde septiembre que no se alojen personas en el patio. En octubre reiteró el planteo. Y al constatar que la medida no se cumple, una vez más, este martes emplazó al Ministerio de Seguridad a que se respete el cupo. Ordenó que los detenidos no permanezcan en ese lugar más de tres días por tratarse de un espacio transitorio.
La jueza Marcela Canavesio, quien participó de la inspección nocturna a la seccional, dictó esa resolución la mañana de este martes durante una audiencia de hábeas corpus realizada en el Centro de Justicia Penal. Dispuso que de manera urgente y en un plazo no superior a 72 horas se cumpla con el cupo de seis internos en la dependencia policial, donde se verificaron “condiciones absolutamente indignas” en un lugar que “carece delas mínimas estructuras tanto a nivel edilicio como de personal para mantener personas alojadas en la custodia del Estado”.
Además de reclamar que se garantice el adecuado derecho a la alimentación y a la higiene de las personas allí detenidas, Canavesio planteó que “es deber del Poder Ejecutivo adoptar las medidas adecuadas para el cese del alojamiento de personas en el ámbito de la Unidad Regional II”. Es que los penales policial, de carácter transitorio, llevan meses colapsados con más de 430 detenidos en espacios para alojar a 142. El hacinamiento también se registra en las cárceles. Un fenómeno que se expresó en los últimos meses con fugas e incidentes violentos.
En el caso de la seccional 32ª, ubicada en calle 1731 al 7700, el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal había solicitado en septiembre que se revirtiera la situación de internos alojados en el patio de la comisaría, donde había entre la población enfermos de tuberculosis. La jueza Canavesio ordenó entonces que se respete el cupo y prohibió que haya personas durmiendo en el patio.
En octubre, un informe de la Comité Nacional para la Prevención de la Tortura —un organismo nacional que controla el cumplimiento de tratados internacionales— dio cuenta de que el hacinamiento persistía. En un monitoreo se constató el incumplimiento y la jueza emplazó al Ejecutivo a disponer traslados. El 7 de noviembre a las 23.30 se realizó una nueva inspección de la cual participó la magistrada.
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“A veces no tengo comida para darles”, confió un policía ante la comitiva, que contó a 26 personas hacinadas en dos celdas para seis personas. Uno de los presos dormía en el patio. Se constató que una de las celdas no tiene baño y los internos realizaban sus necesidades en un bidón que colgaban en la puerta, a la espera de que el personal policial lo vaciara. El baño estaba tapado desde hacía un mes.
Los presos manifestaron además dificultades para bañarse, lavar la ropa y contactar a sus familiares para pedirles comida o remedios, ya que para comunicarse sólo disponían de un teléfono policial. Por falta de espacio en las celdas, dormían de dos a tres personas en un mismo colchón.
Luego de la inspección, según planteó en la audiencia el defensor Marcelo Marasca, 21 presos fueron trasladados a otras dependencias policiales. Así y todo, este martes eran quince las personas alojadas en la seccional de barrio Godoy. El jefe de la seccional expuso ante la jueza que, luego de la inspección, comenzaron a recibir más viandas de comida. Asimismo, una funcionaria del Servicio Penitenciario expuso sobre la dinámica de ingresos a las unidades penitenciarias y explicó que la sobrepoblación afecta a “todos los ámbitos”.
En ese cuadro, el defensor solicitó como medida urgente que “se garanticen las raciones de comida respecto a las quince personas actualmente alojadas” en el penal y se reduzca la población con traslados a dependencias penitenciarias. La jueza hizo lugar a esas medidas y denunció el incumplimiento de una orden judicial por segunda vez en dos meses.
