La Cámara Federal de Rosario le negó a una mujer de 29 años, presa en la Unidad 5, acceder a la sala de Zoom para participar de clases virtuales de la carrera universitaria de Trabajo Social. Lucía Estefanía Uberti, según la Justicia ligada a Los Monos, está condenada a 20 años de prisión por participar de una saga de atentados contra sedes judiciales ocurrida en 2018 y procesada en el fuero federal por comercialización de drogas. El pedido para establecer conexiones virtuales había sido negado a mediados de 2023 y ahora fue rechazada la apelación de la medida. Al ser considerada presa "de alto perfil" los magistrados evaluaron que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de las investigaciones en curso.
Lucía Uberti está presa en la cárcel de mujeres ubicada en el Complejo Penitenciario de Rosario, de 27 de Febrero al 7800. Allí cumple una condena de 20 años por su participación en nueve ataques ocurridos en 2018 contra sedes judiciales por orden de Máximo Ariel "Guille" Cantero, líder de Los Monos. También está procesada por la Justicia federal en una causa que lleva adelante la Fiscalía de Venado Tuerto por venta de drogas. Por ese motivo está presa bajo los parámetros establecidos para los detenidos considerados de "alto perfil".
En julio de 2023, su representante legal, la defensora pública Silvina Costa, había solicitado que Uberti accediera a la sala de Zoom para conectarse virtualmente en el marco de su cursado como estudiante de la carrera de Trabajo Social, a la cual se había inscripto en marzo pasado. El pedido era específico y buscaba el permiso para los días viernes de 10 a 12, sujeto a eventuales cambios de horario.
Primer rechazo
En esa ocasión la solicitud fue rechazada por una serie de argumentos relacionados la categorización que estableció la Dirección de Control y Monitoreo de Internos de Alto Perfil y fundamentados principalmente en razones de seguridad. Además la resolución indicó que el espacio destinado a las videoconferencias son de uso exclusivo de audiencias judiciales.
La resolución mencionó entre sus fundamentos que Uberti había delinquido estando presa, mediante el uso de teléfonos celulares a través de los cuales impartía órdenes. "De otorgársele a Uberti la posibilidad de acceder a medios tecnológicos y plataformas digitales dentro de su lugar de detención, incrementaría los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación existentes, amén de la posibilidad de que la nombrada mantuviera comunicaciones con el exterior", se analizó en aquella ocasión.
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Tras esa negativa, Uberti apeló la resolución. Su defensora advirtió que la ley 24.660 sobre ejecución de la pena privativa de la libertad, en el artículo 133, establece el derecho a la educación pública y la prohibición de restricciones que lo impidan. Y que los reglamentos indicados por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciaros para los internos de alto perfil "no pueden contradecir los derechos constitucionales consagrados". En ese sentido calificó la medida como "violatoria, ilegítima e inconstitucional".
Nueva negativa
Así, el 15 de agosto de 2023 la Justicia rechazó el planteo, que fue apelado por Uberti. Esta semana se conoció que los jueces de Cámara Silvina Andalaf Casiello y Aníbal Pineda volvieron a rechazar la solicitud, esta vez al considerar mal concedido el recurso interpuesto por la defensora pública.
Andalaf Casiello consideró que impedirle el acceso al Zoom no implicaba un "gravamen irreparable" para Uberti. Explicó que el derecho constitucional a la educación "debe conjugarse con el derecho que tiene la sociedad a defenderse contra el delito". En ese sentido sostuvo que existen "medios alternativos" para garantizar ese derecho sin que sea indispensable las clases vía Zoom.
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La jueza analizó que la decisión no restringe el derecho a la educación pública de Uberti, sino que solo impide el acceso a medios tecnológicos para su cursado virtual. Por su parte, el juez Pineda adhirió a los argumentos y votó en la misma dirección.
Su causas
Uberti fue condenada, a fines de septiembre de 2021, por los atentados de 2018 contra sedes judiciales. La Justicia provincial la sentenció junto a Guille Cantero y otros involucrados en aquellos hechos. Para los investigadores Uberti hizo de interlocutora y coordinadora en la planificación de al menos 9 de los hechos analizados durante el debate.
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Meses antes de la condena, el fiscal de Venado Tuerto Javier Arzubi Calvo había iniciado una investigación que involucraba a Uberti como parte de una red dedicaba a la comercialización de droga en dicha localidad con la complicidad de su entonces pareja Mauro Nahuel Novelino.
En al menos 10 celulares secuestrados a este hombre la justicia encontró material que los comprometía por su vinculación a distintos delitos: adquisición de precursores químicos, elaboración y distribución de estupefacientes, compra de armas entre otros. La pareja, cada uno detenido en una unidad penitenciaria diferente, mantenía comunicación a diario para ponerse al tanto de sus actividades.