Dos recientes decisiones judiciales de otorgar la libertad a personas detenidas con armas de guerra cargadas y con indicios elocuentes de que se dedican a actividades delictivas generó una fuerte controversia en el Centro de Justicia Penal. En un primer caso el magistrado actuante dispuso la excarcelación de un imputado fijándole una fianza de 40 mil pesos, la constatación de su domicilio y la firma semanal en el mismo tribunal de modo de constatar su presencia, valorando además que carecía de antecedentes condenatorios. En el segundo, en una circunstancia casi idéntica, también se le fijó una fianza y la exigencia de no salir de la ciudad.
Los fiscales intervinientes estimaron que tales decisiones, que se apegan a principios constitucionales, desconocen el contexto de una ciudad donde arrecian graves incidentes cometidos con armas de fuego como enfrentamientos, balaceras contra frentes de vivienda, abusos de arma con resultado de heridos y homicidios de alta frecuencia.
En el primer incidente el juez excarceló a una persona detenida con un arma poderosa con dos cargadores y con un celular cuyo contenido sugería motivadamente que el grupo al que pertenecía el detenido planeaba atentados con armas de fuego.
Este incidente se suma a otro semejante en el cual otro magistrado le concedió la libertad este lunes a un hombre que tenía en su casa un arma calibre 9 milímetros cargada, una moto valuada en más de 250 mil pesos y 27 mil pesos en efectivo sin capacidad de acreditar la procedencia de esos valores.
El primer caso que desata la discordia procede de un operativo en el que efectivos de la PAT detuvieron, el 16 de octubre pasado, a un muchacho de 21 años, Julián A., por un llamado al 911 que señalaba la presencia de dos hombres intentando hacer arrancar una moto y luego llevándosela a tiro. Al llegar la patrulla uno de los individuos se escabulló pero el otro fue dominado tras haber dejado sobre la moto un bulto que tenía una pistola calibre 9 milímetros con trece balas en el cargador, envuelta en un chaleco que tenía 20 proyectiles más. Lo despojaron además de dos teléfonos celulares.
En principio el juez Mariano Aliau otorgó prisión preventiva por treinta días a la solicitud de la fiscal Valeria Haurigot ante el delito de portación ilegal de arma de guerra. Cumplido el plazo se hizo una revisión ante el mismo magistrado. Se concedieron prórrogas para que finalizaran las pericias en trámite. Concluido ese tiempo la defensora Anabella Antegiovanni solicitó la libertad en base a la inexistencia de una víctima en este caso del uso coactivo del arma ni tampoco testigos que dieran cuenta de tal cosa y el ofrecimiento de una fianza de 50 mil pesos de parte del padre de Julián A.
La fiscal Haurigot se opuso por dos motivos: la expectativa de pena por portación ilegal tiene un mínimo de tres años y medio de prisión, lo que convierte al delito en no excarcelable, y porque además las pericias del contenido del celular indicaban que el imputado se dedicaba a la actividad delictiva. En la audiencia se citaron estos ejemplos:
• “Bueno vamos a darle entonces boludo, pero asegurame que el loco no venga enfierrado ni nada, sabés cómo es la cosa”. (02/10/2020)
• “Por eso boludo, fíjate si mañana podés rescatarlas temprano y al mediodía tenés ya todo, el fierro en punga y esperá la hora y le mandás pipa nomás” (03/10/2020)
• “Hoy no se pudo hacer, había mucha yuta acá xq anoche le pegaron a un loco acá” (03/10/2020)
• “Pero está para hacerlo todavía? Tengo el lugar para robarlo todo” (03/10/2020)
Todo esto para la fiscal se refiere “a menos que uno viva en la estratósfera” a actividad delictiva. Pidió más tiempo en prisión preventiva para advertir si con esos diálogos se podía avanzar en esclarecer esos hechos delictivos además de lo que ya estaba en condiciones de probar: la tenencia de un arma de guerra ilegal que merecía una pena de encierro efectivo.
La valoración del juez Aliau fue que si bien es cierto que la persona fue detenida con un arma y que los contenidos de las pericias del celular eran sugestivos, según la normativa internacional a la que adhiere el país las personas deben ir a juicio como regla en libertad. La fiscal repuso que el Código Procesal le impone al fiscal asegurar la pretensión punitiva: si a una persona le corresponderá pena efectiva cuando la condenen el acusador debe asegurarse de que el Estado la pueda aplicar. La demora para los juicios orales suele ser dos años desde el hecho y existe posibilidad de que una persona capturada en estas circunstancias vuelva a caer, como ocurre a menudo, implicada en un delito más grave.
La insistencia de la fiscal es que Julián A. tenía en la calle un arma cargada, diálogos comprometedores en un celular, no podía acreditar ninguna actividad laboral formal o informal y se sitúa en un entorno urbano donde los delitos con armas son motivo de debate público. Eso torna difícil interpretar que el acusado fuera a hacer otra cosa que una actividad ilícita con el arma que lo atraparon.
Lo que subyace es un debate no saldado que muchos fiscales reeditan así en este caso concreto: la prisión preventiva regulada en realidades previas, donde no había una industria del sicariato o un registro promedio diario de diez balaceras, tiene legitimidad robusta. Pero en este presente aplicar en cada caso principios de la Convención Interamericana de Derechos Humano implica prescindencia del momento histórico. No se trata de un caso de hurto o un robo simple sino de un hecho que anticipa la posibilidad de delitos con consecuencias graves.
“Una persona que circula armada y es habilitada a salir recibe un mensaje desalentador para sí mismo y para la sociedad”, razonó la propia fiscal del caso, quien se opuso a la fijación de fianza porque al no estar acreditada una actividad que justifique ingresos es lógico deducir que el dinero de la caución provendrá de otro acto ilícito.
El segundo caso
El otro incidente que alimenta la polémica proviene del allanamiento a un domicilio Biedma y vías férreas en el barrio Triángulo donde un hombre llamado José Luis G., de 21 años, fue encontrado sin autorización con un arma calibre 9 milímetros Smith & Wesson modificada y cargada.
Esta persona estaba sindicada ante la Agencia de Investigación Criminal de integrar un grupo que produce actividades de extrema violencia y comercializa armas de fuego lo que fue señalado en la audiencia imputativa también por la fiscal Haurigot. En el lugar fue secuestrada una moto Honda Titán y una Honda Tornado además de 27 mil pesos en billetes.
El defensor Guillermo Chiesa solicitó la libertad con firma ante la Oficina de Gestión Judicial del imputado, prohibición de salir del país y pago de una fianza de 30 mil pesos a lo que la fiscal se opuso tras pedir prisión preventiva por la portación de arma de guerra que no admite, sostuvo, excarcelación por la pena en expectativa.
El juez Facundo Becerra se inclinó por conceder la libertad. Le impuso como condición fijar su domicilio en la calle Valparaíso al 3700, la prohibición de salir de Rosario y de tener armas de fuego más el depósito de la fianza de 30 mil pesos ofrecida por la defensa.
Estas decisiones judiciales están basadas en principios constitucionales de no imponer pena anticipada con la prisión preventiva en casos preliminares. Estos criterios produjeron desde ese momento la reacción negativa de varios fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario que ante delitos de portación o tenencia ilegal de armas tienen instrucciones del fiscal general de impulsar acusaciones que eviten la excarcelación, en un momento de extrema violencia armada en la ciudad, de quienes sean encontrados con armas cuya justificación no produzcan.
“El criterio general que se acredita en muchos casos, y en una ciudad plagada de incidentes violentos, es que quien tiene un arma calibre 9 milímetros sin papeles es porque la usa”, dijo una alta fuente del MPA. En ninguno de los casos referidos se cuestionó la legalidad del procedimiento o la autoría de los imputados. “Nos preocupa esto porque parece habilitar jurisdiccionalmente un permiso para llevar armas. La policía ve que su esfuerzo se cae en audiencias donde los defensores ni siquiera intentan un discurso de alegar falta de responsabilidad de sus representados. Los jueces en estos casos a nuestro criterio dan la libertad con un argumento puramente procesal mientras en Rosario se cometen delitos alevosos con armas como si nada”, cerró el funcionario consultado.
Las dos decisiones judiciales recientes fueron apeladas. Resolverá la Cámara Penal de Rosario.
