Prisión perpetua. Esa fue la pena solicitada ayer por la fiscalía y las querellas para dos de los cinco acusados por el asesinato de Jonatan Herrera. Las partes acusadoras entendieron que una policía del Comando Radioeléctrico y un efectivo de la Policía de Acción Táctica (PAT) fueron quienes ocasionaron las heridas mortales al joven que en enero de 2015 fue baleado mientras lavaba el auto en la puerta de su casa, en zona sur. Para otros dos miembros de la PAT, entendieron que les cabe la acusación de homicidio calificado en grado de tentativa. Y la Fiscalía solicitó que fueran condenados a 12 años de prisión. Respecto del quinto imputado, las posiciones de la Fiscalía y las dos querellas fueron distintas.
Desde las 9.30 de ayer, y tras resolver algunas cuestiones técnicas, las partes del juicio por el homicidio de Jonatan Herrera expusieron sus alegatos de apertura.
El primero fue el fiscal Adrián Spelta, quien catalogó la muerte de Jonatan como una "ejecución". Según su teoría del caso, que coincidió en gran parte con la de las querellas, los hechos que terminaron con el joven de 23 años abatido por balas policiales comenzaron ese 4 de enero de 2015 cerca de las 15, cuando Brian Vespucio ingresó a robar a una juguetería de San Martín 3511.
El muchacho se dio a la fuga en una moto y un móvil de Comando Radioeléctrico lo cruzó en San Martín y bulevar Seguí. Allí comenzó a perseguirlo. En Alem y Seguí, Brian se cayó del rodado y corrió hacia Ayacucho. Allí apareció en escena una de las imputadas: Gladys Galindo, de 37 años, quien cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico.
Primeros tiros
Galindo iba en otro patrullero, que dio con el sospechoso en Ayacucho y pasaje Villar, una arteria que se abre allí, casi paralela a Seguí hacia el este. La uniformada bajó del móvil junto a sus dos compañeros, persiguieron a Vespucio a pie, le dieron la voz de alto y abrieron fuego. El joven cayó herido y fue detenido.
De acuerdo con Spelta, en el momento en que Brian empezaba a correr, por bulevar Seguí pasaba un colectivo de la línea 133 en el que viajaba un grupo efectivos de la Policía de Acción Táctica que hacía apenas 12 días había dejado el Instituto de Seguridad Pública (Isep) para patrullar las calles. Entre ellos estaban Ramiro Rosales, entonces de 23 años; Francisco Rodríguez, de 19; Luis Sosa, de 21; y Jonatan Gálvez, de 20 años.
Según el fiscal, los muchachos bajaron del colectivo y abrieron fuego sin conocer la situación que se vivía. Cuando en la audiencia de ayer hicieron uso de la palabra, ellos no lo negaron, pero dijeron que los tiros fueron en respuesta a un ataque previo por parte de Vespucio, que pasó corriendo junto a ellos y les disparó.
"Jonatan estaba lavando el auto, escucha los primeros tiros y se resguarda detrás de unos tachos azules de agua. Ve caer a Vespucio delante suyo. Ahí recibe un disparo por parte de Rodríguez, que le entró por el pie derecho", sostuvo Spelta. Asustado y herido, Jonatan quiso alejarse del lugar. Salió por Ayacucho hacia el sur, donde estaban los cinco imputados, que seguían tirando. Siempre según el fiscal, uno de los tiros que efectuó Rosales le ingresó en el muslo izquierdo, le atravesó la arteria hipogástrica y se alojó en la cadera. Otro plomo que, de acuerdo con las pericias, salió del arma reglamentaria de Galindo, le rozó el cráneo y le provocó una lesión encefalocraneal. "Ambos disparos son causales de la muerte de Jonatan Herrera", consideró el fiscal.
Sobre Rosales y Galindo la Fiscalía y las querellas plantearon la misma acusación: homicidio calificado por abuso de función o cargo de empleado policial, y solicitaron penas de prisión perpetua. La defensa de Rosales, ejercida por Mariano Buffarini, dice que no hay elementos para probar que el disparo salido del arma del joven haya sido el que provocó el deceso de Jonatan. Y la defensa de Galindo niega que su pupila haya efectuado el disparo que dio en la cabeza de la víctima.
Durante la audiencia de ayer, todos los acusados —menos Gálvez— hicieron uso de la palabra. Ninguno de los policías del PAT negó haber estado presente ni haber disparado, aunque todos argumentaron lo mismo: sólo gatillaron repeliendo una agresión de Vespucio. Una posible lectura de esas versiones de lo ocurrido es que intentan alejarse del agravante que pesa sobre todos ellos: haber abusado de su calidad de policías.
En este sentido, la querellante Analía Abreu sostuvo: "Vespucio nunca disparó contra la policía, por lo que no había nada que repeler".
Cambio de vidas
En su alegato de defensa, Buffarini introdujo al debate las circunstancias en las que Rosales llegó a ser policía y apuntó indirectamente contra el Estado provincial. "Rosales tenía 23 años, vivía con sus padres en Santa Fe. Vino a estudiar a Rosario en marzo de 2014. Le dijeron que para ser policía, con todos los derechos y obligaciones, debía cursar dos años, aprobar todos los exámenes y recibirse de Auxiliar en Seguridad", enumeró el letrado, y agregó: "A su vez, le contaron que ingresaba en una institución en estado de necesidad y urgencia. El 22 de diciembre de 2014, con sólo tres prácticas de tiro y faltando un año de capacitación, le dieron un arma, un chaleco antibalas y lo mandaron a caminar por los barrios".
De acuerdo con Buffarini, la situación de emergencia hizo que se excepcionen los plazos de la ley y le dieran función de policía a quienes no tenían la formación necesaria.
Rodríguez y Sosa, en tanto, fueron acusados de tentativa de homicidio calificado por ser policías. La Fiscalía solicitó penas de 12 años de prisión para ellos y so defensa pidió su absolución.
Respecto de Gálvez, quien el año pasado estuvo a punto de firmar un juicio abreviado que no prosperó, todas las parte plantearon cuestiones distintas. Una de las querellas desistió de acusarlo, la Fiscalía le endilgó el delito de abuso de armas y pidió 3 años de prisión, y la querella restante consideró que sobre él también debía pesar la imputación de tentativa de homicidio calificado.
