Viviana O'Connell, fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio, solicitó en una audiencia preliminar duras penas para siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita a la que le achacó 16 violentos robos a viviendas en 11 meses. La funcionaria pidió para los apuntados como jefes de la banda de "Los cerrajeros", un bonaerense y un rosarino, 39 y 35 años de prisión respectivamente. Para los otros miembros de la organización, las penas solicitadas van desde los 15 a los 28 años de prisión. De acuerdo a la descripción del fiscal Nicolás Foppiani, quien también asistió al acto procesal, la banda era "atroz". Ingresaban en los domicilios cuando las familias estaban reunidas y para ello utilizaban unos mecanismos de plásticos similares a una tarjeta de crédito con las que abrían cerraduras de picaporte fijo que no estaban cerradas con llaves. Una vez adentro eran violentos y en al menos dos casos amedrentaron a sus víctimas con una plancha caliente.
Como en las caras opuestas de una misma moneda, la Fiscalía y los defensores presentaron ante el juez Juan Andrés Donnola visiones diferentes de los hechos que se ventilaron en la audiencia preliminar que tuvo en el banquillo de los acusados a siete hombres sindicados como integrantes de la banda de "Los cerrajeros".
En alrededor de cinco horas de audiencia la fiscal O'Connell leyó los fundamentos de su acusación, que consistió en un genérico de asociación ilícita para todos los imputados y 16 hechos de robos doblemente agravados por el uso de armas y por ser cometidos en poblado y en banda. También habían sido acusados por la portación ilegal de armas de uso civil y de guerra.
Ante una imputación de ese peso, los abogados defensores jaquearon los dichos de la fiscal sobre ejes comunes. "La acusación está plagada de generalizaciones porque en ningún momento pueden particularizar qué rol tuvo mi cliente en los hechos que se le imputan", expresó, por ejemplo, el abogado Adrián Ruíz. "Leí las 135 páginas de la acusación y no logro entender por qué la fiscal acusa a mi cliente. La fiscal debe explicar en esta instancia por qué acusa", indicó por su parte Fausto Yrure. "Lo que se percibe es que para tranquilizar el clamor popular la Fiscalía se embarcó en una nave que se terminó transformando en un Titanic. En el caso de mi pupilo nunca se define qué fue lo que hizo", esgrimió José Nanni. "Es evidente la imprecisión (en la acusación) para no determinar el rol de cada uno en los hechos. Esta es una causa que comenzó en medio de una alarma social y debieron mostrar que pudieron intervenir. Además hay invenciones como «El loco de la plancha» o «La banda de los cerrajeros» que están más ligadas al marketing que al derecho", se quejó el defensor oficial Francisco Broglia.
Nombres y roles
A las 8.30 de la mañana los siete imputados comenzaron a ingresar a una de las dos salas que pueden albergar en Tribunales audiencias masivas. Hermanados por las esposas y un guardia de traslado, los acusados se fueron sentados uno de los espacios destinados usualmente al público. El rosarino Claudio Martín "Caio" Cereijo, de 42 años, fue presentado por la Fiscalía como el "cerebro" de la banda, el jefe de la "pata local". Según O'Connell, era el encargado de la logística, de marcar las viviendas y de gestionar alquileres temporarios para sus socios bonaerenses: "Se encargaba desde marcar las casas hasta darles de comer", dijo la fiscal.
El otro jefe de la asociación ilícita es para la fiscal Juan Alberto Vallejos, apodado "Dany" o "Rata", de 30 años y domiciliado en un barrio de Ciudad Evita, en el partido bonaerense de La Matanza. "Es la persona que ingresaba a los domicilios. Las víctimas lo identifican como el que mandaba, portaba armas y les indicaba a cada uno lo que tenía que hacer", planteó la fiscal. "Dany" ya registra una condena cumplida de 9 años de prisión dictada por un tribunal de Morón por robo calificado y privación ilegal de la libertad.
A la hora de enumerar los miembros de la asociación, la fiscal arrancó con Nicolás Martín Cereijo, de 19 años e hijo de "Caio". Estos tres imputados fueron representados por el abogado Carlos Varela.
De acuerdo a la acusación, a la gavilla la completan otros cuatro hombres. Eugenio "Ketu" Salas, de 30 años, representado por Adrián Ruiz. El bonaerense Pablo Sebastián "Pancho" o "Panchito" Saavedra, oriundo de La Matanza, quien fue presentado como "el cerrajero" , quien fue asistido por la defensa encabezada por José Nanni. Néstor Giménez, presentado por la fiscal "como el loco de la plancha y el cuchillo", quien fue asistido por Fausto Yrure. Y Marcos Fabero, representado por el defensor oficial Francisco Broglia.
En diciembre pasado, Nicolás Gabriel "Tato" Heredia, de 18 años y también acusado de ser parte del grupo, acordó una condena de 3 años condicionales en proceso abreviado aceptando ser una especie de "che pibe" de la gavilla. Ese joven era menor al momento de los hechos que se le imputan a la banda y tiene asentada parte de su causa en el juzgado de Menores a cargo de Dolores Aguirre Guarrochena. Asdemás, la Fiscalía indicó ayer que hay al menos dos prófugos.
Por una cuestión de "economía procesal" las defensas solicitaron a la fiscal O'Connell que brindara un resumen de las 135 páginas de la acusación. Por ese motivo el público que asistió a la audiencia quedó ajeno a detalles fundamentales como si los reclamos de las defensas sobre la carencia de asignación de roles a los sindicados era certera.
Cómo lo hacían
La Fiscalía insinuó que la banda es sospechosa de cometer 47 robos violentos en once meses. Los Cereijo, padre e hijo, Vallejos y Salas fueron imputados por 16 robos violentos. Saavedra fue acusado de 12; Giménez por 8; y Fabero en 6. De acuerdo a la acusación, Giménez formó parte de la gavilla hasta el 24 de febrero de 2016, cuando cayó preso en La Matanza.
De acuerdo a la Fiscalía, "el cerrajero" se ocupaba de abrir las puertas sin dañarlas. Para eso la banda usaba un plástico de forma hexagonal y flexible. Con ese dispositivo lograban destrabar las puertas de picaporte fijo cuando estaban cerradas sin llave. Así entraban a las viviendas en busca de dinero o joyas, donde dos veces llegaron a quemar gravemente a sus víctimas, a quienes "la plancha les quedó marcada" en la piel.
Varios de los hechos quedaron grabados por cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Algunos de los sindicados, incluso, eran escuchados por intervenciones telefónicas judiciales. El modus operandi de la gavilla era calcado. A las casas ingresaban dos o tres delincuentes. Se manejaban con autos de apoyo y maleantes en el exterior de los domicilios. "La banda estaba compuesta por entre seis y siete miembros que iban rotando en los roles en los distintos golpes", explicó la fiscal O'Connell.
atrapados. La banda cayó en julio de 2016 en seis allanamientos realizados en Rosario y uno en Funes.