Policiales

Piden que se avance en la imputación del fiscal sospechadopor escuchas ilegales

Fernando Rodrigo está bajo proceso por ordenar pinchar los teléfonos de una ex pareja y empleada de la Fiscalía Rosario y los de su entorno familiar.

Jueves 03 de Mayo de 2018

La defensa de las personas que denunciaron al ex fiscal rosarino de la Unidad de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo, bajo proceso penal por escuchas ilegales a una compañera de trabajo y a su entorno personal y familiar, solicitó que se lo convoque a audiencia imputativa en virtud del tiempo transcurrido desde que el caso tomó estado público, en agosto de 2017. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) había girado la causa a la Justicia Federal por entender que esa jurisdicción era la encargada de pesquisar delitos relacionados a las telecomunicaciones, pero la jueza federal María Romilda Servini de Cubría se declaró incompetente y la devolvió a la fiscal original. Así ya pasaron más de ocho meses y las víctimas no obtienen respuestas.

Las idas y vueltas en la causa del ex fiscal Fernando Rodrigo parecen dignas de los amañados vericuetos que tienen los procedimientos judiciales que se utilizan para simular que algo se hace, pero en realidad, nada de ello ocurre. Y así lo demuestran los hechos.

Ante el escándalo que se desató en agosto de 2017 en la Fiscalía Regional Rosario cuando una compañera de trabajo de Rodrigo, que además había sido su pareja, lo denunció penalmente por ordenar la intervención de su línea telefónica y la de su entorno familiar y personal, el MPA abrió una investigación administrativa y otra penal.

La primera terminó con el apartamiento preventivo del fiscal de su cargo. Luego Rodrigo solicitó licencia psiquiátrica y una vez vencida presentó formalmente la renuncia ante el gobernador Miguel Lifschitz, quien al aceptarla evitó que sea sometido a un jury de enjuiciamiento.

La causa penal

Quedó entonces la Investigación Preliminar Preparatoria (IPP), la causa penal propiamente dicha a cargo de la fiscal Natalia Benvenutto. Cuando el caso salió a la luz se realizaron allanamientos en la propia oficina del fiscal y su domicilio, donde se incautó documentación además de 150 CD's con grabaciones para analizar y se tomaron testimoniales.

Las denunciantes, todas abogadas, acusaron a Rodrigo por interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Es que además los pedidos de intervenciones ilegales indujeron a los jueces que las autorizaron a cometer errores.

Sin embargo, imprevistamente la fiscal Benvenutto emitió una resolución que sorprendió a propios y extraños y derivó la causa a la Justicia Federal. Argumentó que "los delitos relacionados con telecomunicaciones en general y con intervenciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto en particular, resultan de competencia única y exclusiva" de la jurisdicción nacional.

Pero hace pocas semanas la jueza Federal en lo Criminal y Correccional María Romilda Servini de Cubría se declaró incompetente y devolvió la causa a Benvenutto. Aunque no se conocieron oficialmente los argumentos, de acuerdo a lo que pudo averiguar La Capital, la magistrada se basó en que "aunque la institución donde se realizan las escuchas es un organismo nacional, más allá que sean ordenados desde Rosario por una cuestión de cercanía al hecho, pruebas y evidencias deberían investigarse en la Justicia provincial".

El caso aparece como una contradicción a la luz de un ejemplo reciente. La causa que se les inició a los fiscales que intervinieron la línea telefónica del ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se está investigando en la Fiscalía provincial y en ningún momento se remitió a Buenos Aires, a pesar de resultar un hecho idéntico al que se le imputa a Rodrigo.

Para algunos operadores judiciales aparecen dos criterios totalmente contrapuestos para un mismo delito, lo cual confronta con la unidad de actuación que debería tener el MPA. Es que en la cuestión objetiva y material el implicado es de Rosario y las damnificadas también, y los delitos se concretaron en la provincia.

Y aunque Benvenutto insistiría con su postura y se inclinaría por remitir la causa a un juzgado federal con sede en Rosario, la defensa de las abogadas denunciantes ya apeló un escrito y solicitó la imputación.

En el documento presentado ante la fiscal las víctimas exponen que por su condición de tal solicitan que, "atento el tiempo transcurrido desde la radicación de la denuncia, el 22 de agosto de 2017, se convoque a Rodrigo a audiencia imputativa".

"Si la fiscal insiste con la cuestión de competencia pareciera que se quiere favorecer a Rodrigo con una eventual prescripción de la causa, atento el tiempo que demandará tramitar el conflicto de competencia, que debería resolver la Corte Nacional", dijo Carlos Edwards, abogado de las denunciantes.

En octubre de 2017 las víctimas (J.G., J.G. y M.R.), una de las cuales fue pareja de Rodrigo y empleada del MPA, ya habían presentado un primer escrito con el objetivo de que se aceleraran los tiempos del proceso contra el ex funcionario de la Fiscalía. Pero tras ocho meses la investigación sigue empantanada.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario