Una nueva audiencia judicial abordó la situación sanitaria de la cárcel de mujeres de Rosario, donde en enero hubo alrededor de 70 internas y niños con episodios de gastroenteritis, al parecer por consumir agua en mal estado. La falta de agua potable motivó el trámite que fue tratado este jueves en una audiencia ante el juez Nicolás Foppiani, quien emplazó al Ministerio de Seguridad para que explique, en un plazo de treinta días, cuáles es el estado del proyecto para dotar de agua potable al complejo. Una obra que permitiría resolver el problema estructural, pero aún debe ser aprobada y licitada.
Tras la presentación del hábeas corpus a comienzos de febrero, la crisis dentro de la cárcel de mujeres se afrontó con una canilla comunitaria en el pabellón de madres y la entrega de bidones cerrados con agua potable para beber y cocinar. En un relevamiento conjunto del Servicio Público de la Defensa Penal y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del pasado 22 de marzo se comprobó que así se había resuelto de manera transitoria el suministro de agua potable en el pabellón 3, que aloja a internas con sus hijos menores de cinco años, aunque escaseaba el agua para la higiene personal.
Por segunda vez en quince días, este jueves se realizó una audiencia judicial para controlar la situación de la unidad de mujeres, que integra el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800. El defensor público Francisco Broglia y el abogado particular Aníbal Rodríguez, quienes impulsan el hábeas corpus, expusieron sobre el cuadro sanitario actual en la cárcel junto al titular de la Defensoría, Gustavo Lorenzo, quien participó del último relevamiento.
Según plantearon, la crisis por falta de agua potable en la cárcel inaugurada en 2018 requerirá de una obra de perforación en napas más profundas. Para iniciar la excavación el Ministerio de Seguridad abrió un expediente que fue remitido al área de asuntos jurídicos de esa cartera. Se trata de una obra de infraestructura que aún debe ser aprobada y licitada. Mientras tanto, según expuso en la audiencia la directora del complejo carcelario, se encaró esta semana un cambio de la bomba hidráulica por una de mayor potencia.
En ese contexto, el juez Foppiani ordenó que se convoque a un representante del área de Logística del Ministerio de Seguridad para que informe cuál es el estado del expediente administrativo sobre la obra y fijó una nueva audiencia de control para dentro de treinta días.
El recurso judicial se presentó luego de que alrededor de 70 internas y niños sufrieran episodios de gastroenteritis a partir del 26 de enero, lo cual pudo deberse tanto a un virus como al consumo de agua contaminada. Al constatarse que la cárcel con 237 internas en un lugar con capacidad para 171 no contaba con agua potable, se inició el trámite aún en curso.
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Aquella crisis motivó un amotinamiento de las detenidas para pedir que se investigue si los episodios de gastroenteritis obedecieron al consumo de agua o alimentos contaminados, si bien la falta de aguas y camas ya era planteada desde fines del año pasado. Desde entonces las internas también denunciaban demoras en los traslados y en la asistencia médica.
A fines de febrero hubo una nueva protesta con quema de colchones. Fue a partir de que una interna no recibía atención médica por una infección en una pierna que habría sido provocada por una herida de una posta de goma, disparada al parecer por penitenciarios en una protesta anterior. En el incidente, dos jóvenes sufrieron quemaduras graves. Jenifer Adelina M., de 21 años, y Maira Joana O., de 26, sufrieron quemaduras de entre el 80 y 70 por ciento del cuerpo y fueron trasladadas al área de cuidados intensivos del Hospital Centenario, donde fueron intubadas y quedaron en estado reservado.
