Parece un chiste pero no lo es. Todo lo contrario, es un tema de gravedad extrema. El jueves último el juez de primera instancia Nicolás Foppiani ordenó al Poder Ejecutivo de la provincia que se establezca y asigne una partida presupuestaria para que en el término de 30 días se provea de agua potable a las personas alojadas en el centro penitenciario de Rosario. La decisión del magistrado fue tomada en el marco de una audiencia realizada en la que debía resolverse un hábeas corpus interpuesto por el defensor público Francisco Broglia a partir de la política institucional delineada por el Servicio Público de la Defensa Penal a cargo de Jaquelina Ana Balangione.
En los últimos días diferentes denuncias a la Defensoría pusieron en conocimiento de la misma distintas situaciones que no sólo agravaban las condiciones de detención sino que generaban un tenso y angustiante clima dentro de pabellones penitenciarios, principalmente en el complejo carcelario de 27 de Febrero al 7800, tanto por la falta de agua como también porque pudieron comprobarse afectaciones a la salud de los detenidos que derivaron en situaciones de amotinamiento.
Vale destacar que el recurso de habeas corpus se orientó a resguardar a las personas alojadas en el Complejo Penitenciario de Rosario, espacio que alberga a la Alcaidía, la Subunidad Penal 3 y la Unidad Penitenciaría de Mujeres. Sin perjuicio de ello, sienta un importante precedente para todas las unidades penitenciarias de la provincia en lo que refiere al respeto de los derechos esenciales y al establecimiento de un piso mínimo.
De acuerdo a lo sostenido por la Defensoría, la problemática fue escalando desde el 26 de enero a la fecha y a partir de las denuncias realizadas por internas de la cárcel de mujeres se presentó el habeas corpus en el que señaló que las reclusas no poseían agua potable, un elemento esencial para hacer frente a las altas temperaturas en esta época del año. Debido a ello, alrededor de 70 mujeres y 4 niños sufrieron episodios de gastroenteritis y un niño debió ser internado debido a un virus.
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En lo que a la audiencia respecta, Broglia enfatizó que el 30 de enero realizó una inspección junto a otros integrantes de la Defensoría para monitorear el estado de situación del pabellón 3 del penal femenino y del que aloja a madres junto a sus hijas/os. En ese sentido, el funcionario informó que “los problemas de suministro de agua potable continuaban al día de la audiencia y que la que sale de los grifos está contaminada”.
Al respecto, el defensor señaló que “las internas refirieron que continuaban recibiendo bidones de agua no potabilizados, en escasas cantidades y que su consumo produjo malestar estomacal por contaminación”. Al mismo tiempo, en la denuncia las reclusas “reflejaron que los controles médicos no se brindaban de manera continua y no se estaba respetando la dieta establecida para las mujeres y niños que habían contraído el virus” estomacal.
Por ello, solicitó que el Servicio Penitenciario brinde una solución definitiva al problema en un término de 15 días y un plan de contingencia urgente para asegurar agua suficiente y en bidones cerrados para no continuar afectando la salud en población penitenciaria. Por último Broglia pidió que se retome la asistencia médica y la dieta para las personas que continúan padeciendo los efectos de la gastroenteritis.
Desde el Servicio Público de la Defensa Penal se señaló finalmente que “la falta de provisión de agua potable es un problema de vieja data que el organismo denunció de manera continua y que es consecuencia de los problemas que genera la superpoblación en los espacios de encierro, que particularmente en la cárcel de mujeres de Rosario hoy alberga 237 internas cuando la capacidad es para 171, lo que significa un exceso de 66 internas”.
