"La corrupción se disfraza casi siempre de ambigüedad". Con esa frase como concepto fuerza, los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack pidieron ayer penas de 8 a 20 años para cinco policías de la comisaría 19ª que a lo largo de dos semanas fueron juzgados por delitos como extorsión, apremios ilegales, encubrimiento y secuestro extorsivo, cometidos entre marzo y agosto de 2014. En su alegato final los acusadores plantearon que el grupo funcionó como una asociación ilícita "institucional" que "colonizó la estructura de la seccional policial con un fin muy claro y específico: la obtención de lucro".
Cinco horas demandó la exposición final de los fiscales, en una jornada maratónica que luego de un breve cuarto intermedio dio paso a los alegatos de las defensas. El fallo de los jueces Hernán Postma, Hebe Marcogliese y Mónica Lamperti se conocerá el viernes. El tribunal juzga desde el 24 de agosto a cinco efectivos acusados de integrar una asociación ilícita que extorsionaba a vecinos para no abrirles causas u obtenía dinero de personas en conflicto con la ley penal a cambio de garantizarles impunidad.
La investigación contra el jefe y un grupo de empleados de la comisaría 19ª fue encabezada por la unidad fiscal de Delitos Económicos apenas iniciado el nuevo sistema penal en 2014. Con los plazos de detención al límite, este año los uniformados llegaron al juicio oral que concluyó ayer.
En la cabeza de esa organización los fiscales ubicaron al comisario Guillermo Ruiz Díaz, para quien pidieron 20 años de reclusión, 23 de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 150 mil pesos. Además del rol de jefe le asignan los delitos de secuestro extorsivo agravado, cuatro hechos de encubrimiento, otros cuatro de falsedad ideológica de documento público, tres de incumplimiento de sus deberes y un robo calificado. Toda la secuencia se considera agravada por su cargo policial.
Un secuestro. Para el suboficial Daniel Farini solicitaron 20 años de reclusión, 20 de inhabilitación y el pago de 120 mil pesos. La misma pena de encierro requirieron para el suboficial principal José Antonio Galván, junto a 10 años de inhabilitación y una multa de 35 mil pesos. Ambos fueron considerados integrantes de una organización criminal y entre otros delitos les achacan el secuestro extorsivo de un hombre al que mantuvieron encerrado en la comisaría sin notificar a las autoridades judiciales. Sólo ese delito prevé una pena mínima de diez años.
Para el suboficial Víctor Luis D?Angelo pidieron 16 años de reclusión, 10 de inhabilitación y multa de 47 mil pesos, mientras que para la agente Lucrecia Bustos, que era sumariante, demandaron reclusión de ocho años, una década de inhabilitación y el pago de 25 mil pesos. Todos los acusados se encuentran en prisión a excepción de Bustos, que cumple arresto domiciliario porque tiene un hijo pequeño.
Los cinco se sentaron en hilera ayer contra la pared que da a la avenida Pellegrini, en una sala de Tribunales donde se escucharon los extensos alegatos. Los fiscales dividieron su exposición en cuatro partes, una para cada caso tratado en las audiencias: la extorsión a un detenido en la calle con una pistola Glock, el apriete a dos heridos de arma de fuego y el secuestro de un acusado de balearlos, el armado de un operativo en un almacén por carecer de habilitación municipal y la extorsión a un chofer de Quilmes acusado falsamente de escapar de la policía en un auto robado.
"Falso complot". Todo esto, para Narvaja y Mac Cormack, ocurrió en el marco de una "asociación ilícita montada sobre la estructura funcional de la comisaría 19ª". Según los fiscales "se han presentado como un grupo de policías honestos que cumplía a rajatabla su tarea y que fueron víctimas de un complot". Pero, según plantearon, de asignar crédito a esa teoría debería admitirse que confabularon "cinco fiscales, un juez, una perito de la Corte con más de treinta años de experiencia, 13 policías y 26 personas entre víctimas y testigos cuyo único punto en común es que les ha tocado vivir en la zona de la comisaría 19ª".
Los fiscales dijeron que esa gama de testigos abarca "desde un inmigrante paraguayo a un empresario, pasando por obreros, transportistas, empleados públicos y administrativos" cuyo interés convergente fue "que se sepa lo que realmente ocurrió y que se aplique castigo". En un concepto novedoso y candente en la actual coyuntura política —con la agencia policial en el centro del debate— señalaron que lo distintivo de esta organización fue su carácter "institucional". Es decir, que el elemento aglutinante entre sus miembros es compartir espacio de trabajo que resulta cooptado para delinquir.
"Extorsionar, infundir miedo, engañar a las autoridades judiciales, todo ello reposa sobre una forma de organización del trabajo para garantizarse impunidad", dijo Narvaja. Esta estructura garantiza "una apariencia de legalidad por un determinado período de tiempo" porque en ella conviven "lo ilegal y lo legal". Esto "hace más difícil evidenciar la ilegalidad porque siempre está disfrazada de legalidad", apuntó.
Según los fiscales estos sistemas se caracterizan por la "fungibilidad de los mandos inferiores" como un policía al que, por negarse a falsear actas, lo trataron de traidor y lo corrieron del cargo.
"Se coloniza el discurso justificante de la institución policial, que es combatir el delito: los policías son los buenos y los otros son los cacos, entonces se justifica cualquier acción ilícita. Y se confunden relaciones de jerarquía interna con relaciones de lealtad criminal", definieron los fiscales. En ese organigrama paralelo al oficial ubicaron a Ruiz Díaz como "un jefe que no se ensucia las manos". Pero que cumple con dotar a las acciones ilegales de una "apariencia de legalidad" al estampar su firma en actas.
"La firma no es de forma. Los allanamientos, las armas, las detenciones y los heridos son las cuestiones principales dentro de una comisaría. ¿Acaso el jefe no puede controlar a tres personas? ¿Cuál es el gran volumen de personal que le impide controlar en forma directa?", plantearon. Siguiendo esa lógica de roles institucionales replicados en la faceta ilegal, señalaron que Farini y D'Angelo eran los hombres que hacían el trabajo de "calle".
Los casos siguieron un mismo patrón: detener a una persona, intimidarla, exigirle dinero y luego revestir esos actos de legalidad al falsear documentos como el sumario, las visitas médicas o el libro de guardia. Esto con un doble propósito: "Engañar a fiscales y jueces y obtener apariencia de legalidad".
